El 52% de las órdenes de alejamiento que pidieron víctimas de violencia de género en Sevilla se denegó. Los datos, referidos a 2025 y difundidos por la Cadena SER a partir de la información del sindicato CCOO, sitúan a la provincia muy por encima de la media andaluza, que no llega al 30%.
La diferencia no es un decimal. En Sevilla se tramitaron 1.998 solicitudes y solo 881 recibieron el visto bueno: un 44% de resoluciones favorables frente a un 52% de rechazos. Más de la mitad de las peticiones se quedaron por el camino, y el contraste con el resto de Andalucía convierte a la provincia en la excepción del mapa autonómico.
El dato que no encaja: 1.998 peticiones y solo 881 órdenes concedidas
La lectura que hace Comisiones Obreras es contundente. En el resto de Andalucía, la media de denegaciones se queda por debajo del 30%; en Sevilla, se dispara por encima del 50%. La central sindical no desglosa qué juzgados concentran los rechazos, pero sostiene que la brecha es lo bastante grande como para exigir una revisión del sistema.
Yolanda Carrasco, secretaria de la mujer en la central sindical, ha mostrado su incredulidad ante un porcentaje que supera la mitad de las solicitudes y ha hecho un llamamiento a que el procedimiento «se revise». Su intervención no se queda en la queja: apunta directamente al efecto disuasorio que un rechazo provoca en la mujer que por fin se ha decidido a denunciar. Un no judicial pesa más que cualquier campaña institucional.
Conviene recordar qué se decide cuando se pide una orden de protección. El juez de violencia sobre la mujer —o el juez de guardia, si la solicitud llega de madrugada— valora los indicios de delito, la situación de riesgo, la convivencia, la existencia de hijos y la proporcionalidad de la medida. Si aprecia peligro, dicta el alejamiento y activa las medidas civiles y penales; si no, archiva. Los datos oficiales de órdenes de protección se pueden consultar en el portal del Poder Judicial.
Una orden de alejamiento no es un trámite: es la barrera física que decide si una mujer duerme tranquila esta noche.
De ahí que el sindicato advierta de la falta de confianza que generan las negativas en quienes ya han dado el paso más difícil. Una mujer que denuncia, declara, espera y recibe un no tiene pocos motivos para pensar que la siguiente vez será distinto. Y cuando el relato no sirve, el silencio vuelve a parecer la opción más segura.
La confianza rota: por qué muchas víctimas dejan de denunciar
El dato que acompaña a las denegaciones es todavía más duro. Solo el 23% de las mujeres asesinadas por violencia machista en Andalucía en 2025 había denunciado previamente a su agresor. CCOO vincula en parte esa estadística a la alta tasa de rechazo de las órdenes de protección, porque denunciar sin protección tiene un coste que muchas no pueden asumir.
La red pública sigue abierta para quien esté en esa situación. El 016 atiende las 24 horas, todos los días, y no deja rastro en la factura telefónica; el 900 200 999 del Instituto Andaluz de la Mujer ofrece información y derivación a los centros provinciales, y el 112 Andalucía activa la respuesta de emergencia cuando el riesgo es inmediato. Los recursos de acogida y las ayudas económicas se gestionan desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

La Lectura Andaluza
Hay un dato de contexto que ayuda a medir el problema. Andalucía es la comunidad más poblada de España y concentra el mayor volumen de procedimientos de violencia de género del país: cualquier variación de un punto en el porcentaje de órdenes concedidas en Sevilla mueve cientos de expedientes reales, con nombres y direcciones. La competencia para dictar esas resoluciones es judicial —juzgados de violencia sobre la mujer, audiencias provinciales y el TSJA como referencia—, mientras que la Junta asume la red de atención: Instituto Andaluz de la Mujer, centros provinciales, casas de acogida y ayudas a la autonomía económica. Ese reparto importa para no confundir responsabilidades.
El impacto para el lector de a pie es doble. En seguridad, porque una orden denegada deja a una mujer sin la distancia legal que había pedido y sin la protección que la ley prevé para los casos de riesgo acreditado. En confianza, porque cada rechazo se comenta en el círculo cercano y desanima a la siguiente. En paralelo, el sistema sostiene un marco de consenso poco habitual en España: el Pacto Andaluz contra la Violencia de Género, que reúne a la Junta, a los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía y a los agentes sociales, y que fija la coordinación como método de trabajo.
La proyección inmediata tiene fecha. El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llega este año con estas cifras sobre la mesa y con el debate sobre los criterios de valoración del riesgo más vivo que nunca. Los datos de la Fiscalía y las memorias anuales de los juzgados servirán para comprobar si la brecha de Sevilla se corrige o se cronifica. El sindicato ya ha pedido que se revise el protocolo, sobretodo en la fase de valoración del riesgo, y esa petición tiene un destinatario claro: los órganos judiciales. Andalucía lleva años demostrando que sabe sostener una red de atención ejemplar; el siguiente paso es que el primer eslabón, el de la puerta del juzgado, no expulse a quien llama.

