Un juez federal deja avanzar la demanda por cártel de memoria RAM contra los tres mayores fabricantes

La jueza Noël Wise rechaza el argumento de que el caso repite la demanda de 2018 y fija el 7 de diciembre como plazo para que las compañías respondan. Los demandantes sostienen que el precio de la memoria DRAM llegó a multiplicarse por cinco en un solo año.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La jueza federal Noël Wise ha denegado la moción de Micron, Samsung y SK hynix para tumbar la demanda colectiva que les acusa de coordinar la oferta de memoria DRAM.
  • ¿Quién está detrás? Diecisiete particulares y pequeñas empresas frente a los tres fabricantes que dominan el mercado mundial de memoria.
  • ¿Qué impacto tiene? La memoria encarece los centros de datos que se construyen en España y el precio de servidores, portátiles y móviles.

La jueza federal Noël Wise ha rechazado desestimar la demanda por cártel de memoria RAM contra Micron, Samsung y SK hynix.

Qué ha decidido la jueza Wise y qué no ha decidido todavía

La resolución despeja el primer obstáculo procesal y deja intacta la pregunta de fondo. Wise no concluye que las tres compañías —los mayores fabricantes mundiales de chips de memoria— pactaran precios; concluye que la acusación merece ser escuchada. Las empresas responden a la demanda original antes del 7 de diciembre.

Los demandantes son diecisiete particulares y pequeñas empresas. Sostienen que el precio de la DRAM llegó a multiplicarse por cinco en un solo año y lo atribuyen a una restricción coordinada de la oferta. Su escrito señala cuatro movimientos paralelos: recortes simultáneos de producción entre octubre de 2022 y abril de 2023, el giro conjunto hacia la HBM (la memoria que alimenta la inteligencia artificial), el adiós al DDR4 anunciado por los tres en tres meses, y la negativa a ampliar capacidad fabril.

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A esos pilares añaden otros indicios: verificación más estricta de clientes, rechazo a firmar contratos de largo plazo, el cierre de Crucial por parte de Micron y comunicados que anticipaban escasez. La demanda lo resume así: se contuvieron pese a ‘la señal de oferta más potente’ que ha producido la industria.

La defensa es la del oligopolio clásico: decisiones independientes para maximizar ingresos y coincidencias temporales que son lo normal entre rivales que se vigilan. Wise no compró el argumento. ‘Sus planteamientos se parecen más a halcones volando en formación, una actividad que los halcones no suelen hacer’, escribió.

Un cártel no se prueba con una fotografía. Se prueba con la repetición de decisiones que ninguna empresa tomaría por su cuenta.

Las compañías también intentaron cerrar el caso alegando que repite lo litigado en una demanda antimonopolio de 2018. La jueza rechazó esa salida. El calendario ya está fijado: respuesta antes del 7 de diciembre y conferencia de gestión procesal en enero de 2027. SK hynix afronta en paralelo una investigación de sus accionistas.

Quién paga la factura: de los centros de datos aragoneses al precio del portátil

demanda antimonopolio

España no fabrica memoria DRAM. La importa toda. El precio de los chips no es aquí una discusión industrial, sino una línea de coste que atraviesa la economía entera. El primer eslabón son los centros de datos: los proyectos anunciados en Aragón, Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha se dimensionan con contratos de servidores a varios años.

El segundo eslabón es la nube. Operadores como Telefónica y las filiales españolas de las grandes nubes americanas trasladan el coste del hardware a la tarifa por hora de cómputo. El tercero es el portátil y el móvil del hogar. La memoria es el petróleo de la IA y un componente silencioso del IPC de bienes duraderos.

Para las pymes el efecto es asimétrico. Quien renueva servidores cada cinco años puede esperar; quien vive de la nube, no. El sobrecoste se traslada al margen o al precio final, y el perjuicio de 2022 y 2023 ya está causado en las cuentas europeas aunque el litigio se resuelva años después.

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La Lógica de Washington

En Estados Unidos, la política de competencia no la decide solo el gobierno. La mitad del sistema es privada: cualquier comprador perjudicado puede demandar y reclamar el triple del daño, lo que convierte el litigio en un incentivo económico en sí mismo. La división antimonopolio del Departamento de Justicia y la FTC pueden abrir expediente, pero no lo necesitan para sentar al mercado en el banquillo.

La lógica de fondo es la del precedente. El sector arrastra una historia de sanciones por coordinación de precios que se remonta a la década de 2000, y los demandantes la citan como contexto. El tribunal ha rechazado además que este caso sea una copia del de 2018. La concentración extrema no exonera de explicar por qué tres rivales deciden lo mismo el mismo trimestre.

Detrás hay interés nacional. La Casa Blanca de Donald Trump ha convertido la capacidad de cómputo en asunto de agenda económica, y la HBM es el cuello de botella de la cadena de inteligencia artificial. Un gobierno que quiere fabricar chips en suelo americano necesita que el mercado funcione.

Para España y la UE la lectura es doble. Bruselas podría abrir un expediente propio: la Comisión Europea tiene doctrina para sancionar conductas fuera de sus fronteras si el daño se produce dentro. Y la memoria DRAM que consumen los centros de datos españoles viene de esos mismos tres proveedores.

La proyección es procesal. Después de enero llega el filtro real: la certificación de la clase (class certification), el momento en que la demanda colectiva se convierte en una demanda de verdad. Ahí puede morir el caso o multiplicarse por diecisiete. Queda una incógnita: si los precios se normalizan, el argumento del daño se enfría solo.

Ficha del Caso

  • El caso: Una jueza federal permite que siga adelante la demanda colectiva que acusa a los tres grandes de la memoria de restringir la oferta para inflar precios.
  • Datos clave: Precios de DRAM hasta un 500% más altos en un año, según los demandantes; cuatro movimientos paralelos entre 2022 y 2023; respuesta de las compañías antes del 7 de diciembre de 2026 y conferencia procesal en enero de 2027.
  • Para España: Sin fabricación propia de DRAM, el encarecimiento se traslada a los centros de datos, a las tarifas cloud y al precio de portátiles y móviles; Bruselas y la CNMC vigilan desde la barrera.
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