El alcalde de Badajoz pide a Interior refuerzos policiales de la Policía Nacional ante los clanes de la droga

La ciudad acumula tres asesinatos desde 2024, once tiroteos en lo que va de año y más de cien vehículos calcinados. Gragera reclama más efectivos de la Policía Nacional en los barrios más tensionados.

El alcalde de Badajoz exige al Ministerio del Interior un refuerzo urgente de la Policía Nacional ante los clanes de la droga.

Tres asesinatos, once tiroteos y un centenar de coches quemados

La ciudad arrastra tres asesinatos desde enero de 2024, al menos once tiroteos en lo que va de 2026 y más de un centenar de vehículos calcinados, además de siete heridos graves. A los ataques con artefactos incendiarios contra viviendas se suma un episodio que resume la deriva: una bala perdida impactó en una niña que entrenaba a fútbol en el patio de un colegio.

El último capítulo se escribió el miércoles 18 de noviembre, a las 11:00 horas, en pleno centro de Badajoz. Cuatro disparos a quemarropa contra un hombre de 69 años que caminaba junto a su mujer, a escasos metros de un colegio y de un gran centro comercial. Los autores, dos hombres en motocicleta con el rostro cubierto, incendiaron el vehículo y desaparecieron antes de que llegara la primera patrulla.

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El regidor, Ignacio Gragera, no ha moderado el tono: «Una más. Espero y exijo que sea la última. Esto es insoportable. Y relativizar todo esto no es prudencia, son excusas». La petición municipal pasa por más efectivos sobre el terreno y una presencia preventiva sostenida en los barrios tensionados, con especial atención a las zonas donde se han registrado los tiroteos.

Dos clanes, dos décadas de guerra y una Audiencia convertida en polvorín

El origen del conflicto se remonta casi dos décadas atrás: dos clanes, identificados como Los Rocho y Los Matías, se disputan el control del narcotráfico en la ciudad. La tensión ha desbordado la calle. En noviembre de 2023, una veintena de personas protagonizó una reyerta con sillas y palos en el vestíbulo de la Audiencia Provincial de Badajoz, con tres heridos de consideración —entre ellos un guardia civil— y siete detenidos.

La respuesta policial no ha cesado. Tras el crimen del miércoles, la Policía Nacional estableció una operación jaula en la barriada de San Roque, epicentro del conflicto, con controles de identificación y batidas orientadas a localizar a los autores. El caso, bajo secreto de sumario, lo instruye el juzgado de guardia, y los investigadores trabajan con la hipótesis de un ajuste de cuentas dirigido contra el entorno de la víctima.

Con tres asesinatos, once tiroteos y un centenar de coches quemados, la Policía Nacional mantiene activos sus dispositivos de saturación en Badajoz.

Los episodios previos comparten patrón: ejecuciones a plena luz del día, autores encapuchados, vehículos incendiados para borrar el rastro y huida inmediata. La investigación ha constatado además la presencia de sicarios llegados desde Colombia en episodios posteriores, ya en polígonos ganaderos de la provincia de Cáceres. La persona que las informaciones identifican como líder de uno de los clanes ha reclamado protección policial para declarar la próxima semana como testigo ante el juez Pedraz, en la Audiencia Nacional.

El Contexto Operativo

La guerra entre clanes es, en términos policiales, una amenaza acotada pero de alto impacto. La violencia se dirige contra miembros y entornos de las propias organizaciones y no contra la población general, aunque el escenario elegido —calles céntricas, horario comercial, proximidad de colegios— multiplica el riesgo de daños colaterales. El histórico lo confirma: dos de los homicidios anteriores, el perpetrado en una cafetería en enero de 2024 y el del padre de quien hoy ejerce como portavoz de uno de los clanes, siguen sin resolución conocida.

Frente a ese escenario, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sostiene la respuesta. La Policía Nacional opera en el casco urbano y la Guardia Civil en el ámbito rural de la provincia, una coordinación que multiplica la capacidad de reacción cuando los hechos se desplazan del centro a los polígonos o a las pedanías.

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Según los balances del Ministerio del Interior, España mantiene una de las tasas de criminalidad violenta más bajas de la Unión Europea, un marco que explica que episodios como los de Badajoz activen dispositivos extraordinarios. La especialización de las unidades de Policía Judicial permite, además, sostener investigaciones abiertas durante años, con análisis de telefonía, balística y seguimiento patrimonial de las organizaciones.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio del Interior, que no se ha pronunciado públicamente sobre la petición municipal. La decisión pasa por reforzar la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura o por articular un dispositivo temporal de refuerzo, una fórmula habitual en episodios de especial conflictividad. Ese refuerzo se canalizaría a través de la Policía Nacional, cuyas unidades de investigación mantienen abiertas diligencias sobre los tres homicidios.

En paralelo, la investigación del último crimen sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas. La declaración de la testigo ante la Audiencia Nacional añade un frente judicial y obliga a extremar las medidas de protección. Badajoz espera una respuesta administrativa, pero el trabajo sobre el terreno no se ha detenido: los dispositivos de saturación, las operaciones jaula y las diligencias abiertas por cada tiroteo son la única barrera que hoy separa a los vecinos del conflicto entre clanes.

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