El Prat de Llobregat ha entregado las llaves de 135 viviendas de alquiler asequible con rentas mensuales de entre 400 y 700 euros, repartidas entre los edificios Nous Aires y Llar Les Maresmes. Son pisos de uno, dos y tres dormitorios, todos con plaza de aparcamiento, balcón y calificación energética AA.
Quién entra en los 135 pisos y quién se queda fuera del sorteo
De los 135 inmuebles, 95 se han adjudicado por sorteo público ante notario entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial del Prat que acreditaban los requisitos. Dentro de ese grupo, 40 pisos se reservan a menores de 36 años y cinco están adaptados para personas con movilidad reducida. El reparto responde a los dos perfiles que el mercado metropolitano ha expulsado con más contundencia: los jóvenes que no logran emanciparse y quienes necesitan una vivienda adaptada.
Los otros 40 pisos han quedado fuera del circuito del sorteo. 30 se han cedido a entidades del tercer sector para programas de acompañamiento e inclusión social, y los diez restantes se han destinado a personas y familias en situación o riesgo de exclusión residencial. La promoción la impulsan la Fundació Hàbitat3, la Fundació Família i Benestar Social (FIBS) y el Ayuntamiento del Prat, que han presentado el proyecto como respuesta al encarecimiento del alquiler en el área metropolitana de Barcelona.
La alcaldesa del Prat, Alba Bou Jordà, ha defendido que estos pisos permitirán alojar a ‘familias trabajadoras del Prat que no pueden pagar los alquileres absolutamente inasumibles que sufrimos las ciudades del área metropolitana’. Leída en clave política, la frase es algo más que una queja: es el reconocimiento de que el Ayuntamiento ya no compite con el mercado, sino que construye fuera de él.
Josep Maria Puig, presidente de FIBS, ha puesto el acento en la colaboración público-privada como fórmula para ‘dar respuestas concretas a las necesidades de las personas’. Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3, ha reivindicado replicar el modelo en otros municipios a base de suelo público, financiación y alianzas con fundaciones especializadas en vivienda social.
Cien pisos asequibles no arreglan un mercado, pero demuestran quién paga la factura cuando el precio se desboca: suelo municipal y fundaciones.
El detalle que cambia la cuenta: suelo municipal durante 75 años

La operación se sostiene sobre tres patas que conviene mirar por separado. La primera es el suelo: el Ayuntamiento ha cedido terrenos municipales mediante un convenio de derecho de superficie por 75 años. Las fundaciones asumen la construcción y la gestión de los edificios; cuando expire el plazo, inmuebles y terrenos regresarán íntegramente al patrimonio público municipal. La segunda es la financiación: hay subvenciones de los fondos europeos Next Generation y financiación del Institut Català de Finances (ICF). La tercera es la escala, y ahí llegan las dudas.
Ese primer pilar explica por qué las rentas pueden quedarse en 400 euros sin que el edificio se caiga. Quien no cobra por el suelo no necesita repercutirlo en el recibo mensual. Y explica también el límite del modelo: solo funciona en ayuntamientos con suelo disponible y con voluntad de no extraerle renta.
Lo que El Prat dice del conjunto de la política de vivienda catalana
El Prat no empieza aquí. En enero entregó 101 pisos de alquiler cooperativo y asequible junto a la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), la mayor promoción de vivienda cooperativa gestionada íntegramente por una cooperativa en Catalunya. Ahora prepara un nuevo sorteo para adjudicar 80 pisos más construidos y gestionados por la empresa municipal Prat Espais. Con el conjunto de estas promociones, el municipio aspira a pasar de unas 300 a cerca de 700 viviendas de alquiler asequible: más que duplicar su parque en pocos años.
Puesto en contexto, el dato admite dos lecturas. La primera es que el municipalismo está haciendo el trabajo que la administración autonómica diseñó pero no ejecuta al ritmo prometido. La segunda es más incómoda: si para levantar 135 pisos hacen falta suelo cedido tres cuartos de siglo, fondos europeos y una fundación, el modelo no es un plan, es una excepción. Y las excepciones no escalan. Barcelona lo ha intentado por otra vía, reservando el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, una fórmula que han dado resultados desiguales y pleitos incluidos.
Lo que observamos es un patrón que se repite en el área metropolitana: ayuntamientos que compiten por el relato de la vivienda pública mientras el precio del alquiler libre sigue marcando máximos. El Prat puede exhibir llaves y edificios; no puede, en cambio, tocar el mercado que expulsa a sus vecinos. Ahí decide otro. La contención de rentas en los municipios declarados tensionados y la política de vivienda de la Generalitat son el marco, no la solución.
Para el lector que se lo esté preguntando: inscribirse en el registro municipal de solicitantes es el paso previo a cualquier sorteo, y quien no esté dentro no entra en el bombo. La información sobre la promoción y los requisitos se canaliza a través del Ayuntamiento del Prat. El siguiente hito, los 80 pisos de Prat Espais, sigue sin calendario público cerrado.
El resto es aritmética política. Un alcalde entrega llaves y recibe titulares; un conseller gestiona presupuestos y recibe reproches. Entre ambos queda la cuenta pendiente: las 700 viviendas que El Prat quiere tener y las que el resto del área metropolitana no tiene ni en proyecto. Esa distancia, y no el sorteo ante notario, es la noticia.

