La Delegación del Gobierno rechaza desalojar la acampada por la vivienda que ocupa la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El pulso entre la delegada Pilar Bernabé y la alcaldesa María José Catalá deja los actos del 9 d’Octubre pendientes de un hilo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Delegación del Gobierno rechaza desalojar la acampada por la vivienda que ocupa la plaza del Ayuntamiento de Valencia, epicentro del 9 d’Octubre.
- ¿Quién está detrás? La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé (PSOE), y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), con el sector pirotécnico y Compromís como actores de presión.
- ¿Qué impacto tiene? Los actos de la fiesta valenciana quedan condicionados y el pulso anticipa el duelo PSOE-PP de las municipales de 2027.
El pulso que deja el 9 d’Octubre en el aire
La ocupación de la plaza del Ayuntamiento por la acampada por la vivienda ha derivado en un conflicto institucional de primer orden. Este viernes, la plaza es a la vez epicentro de la fiesta y escenario de la protesta. Desde el balcón consistorial está prevista la bajada de la Real Senyera, que marca el inicio de la procesión cívica en la que participan las principales autoridades valencianas.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dejado claro que no se dan las circunstancias para levantar la acampada. “Levantar a la fuerza una acampada de tantas personas no es asumible desde un punto de vista de la seguridad y de la convivencia social”, ha argumentado, en un mensaje dirigido directamente a la alcaldesa.
La dirigente socialista sitúa el derecho de reunión, que califica de “legítimo y constitucional”, por encima de cualquier evento de carácter festivo. Y añade un matiz incómodo: “La mascletà no es compatible” con las tiendas de campaña, porque el espectáculo pirotécnico se dispara desde el centro de la misma plaza que ocupan los manifestantes.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no comparte esa jerarquía de derechos. “No se puede trasladar” ningún evento del 9 d’Octubre, ha replicado. El Ayuntamiento envió el martes un requerimiento previo a acciones judiciales a la Delegación para que garantice la seguridad y los actos protocolarios del Día de la Comunitat Valenciana.
Su argumento es de competencias: el desalojo no es decisión del consistorio. Las cifras no cierran. Mientras el Ayuntamiento reclama que se actúe, la Delegación responde que no tiene margen. Nadie quiere asumir el coste político de mover a los acampados.
En la plaza del Ayuntamiento caben la Senyera y las tiendas de campaña, pero no caben dos administraciones que se señalan mutuamente.
La pirotecnia, Compromís y los acampados: tres presiones sobre la misma plaza
El sector pirotécnico ha entrado en el conflicto con fuerza. La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) y la Asociación Valenciana de la Pirotecnia (PIROVAL), con el respaldo de ACFAE y AGIP, exigen a la Delegación del Gobierno que ponga todos los medios para garantizar la mascletà, el espectáculo pirotécnico que se dispara desde el centro de la plaza.
Su comunicado no admite matices: “Tolerar la ocupación del espacio público impide los disparos y sabotea un BIC blindado por el Estado”. El sector reclama la restitución inmediata del uso público de la plaza y advierte de que los profesionales y las empresas “no pueden ser los rehenes” de una falta de firmeza institucional.
Compromís ha puesto el foco en otro flanco. Reclama que se garantice la seguridad de la procesión cívica, tanto por la “amenaza de los grupos neonazis y de extrema derecha” que cada año se concentran con motivo del acto como por la protección de las personas acampadas, según un comunicado de la formación.
Los acampados, mientras tanto, no se mueven. Valoran mover algunas tiendas para facilitar el desarrollo de la procesión, pero su manifiesto no admite dudas: “Vamos a seguir aquí hasta que se propongan medidas reales para solucionar la crisis de la vivienda”. A estas horas, nadie ha dado un paso hacia el desalojo.
Detrás del pulso institucional late un problema que no es solo valenciano, sino español: el acceso a la vivienda. La protesta se enmarca en un descontento social que recorre el país y que ha convertido el precio del alquiler en uno de los ejes del debate político estatal. La acampada lo traduce en una ocupación física de la plaza más simbólica de la ciudad.
El Escenario Valenciano
El choque tiene una lectura que desborda la fiesta. Pilar Bernabé y María José Catalá no se enfrentan solo por una plaza: son los dos nombres que el PSOE y el PP perfilan para las elecciones municipales de 2027 en Valencia. El episodio llega, además, con España metida de lleno en la precampaña, y cada decisión de estas horas alimenta esa cuenta atrás.
La paradoja es que quien tiene la competencia sobre el orden público, la Delegación del Gobierno, es también quien evita el desalojo. Y quien reclama firmeza, el Ayuntamiento, insiste en que no le corresponde. La Generalitat de Juanfran Pérez Llorca se ha limitado a señalar que “nadie tiene derecho a boicotear” el 9 d’Octubre, sin entrar a resolver el pulso entre las otras dos administraciones.
El despliegue de seguridad mide la temperatura del día: alrededor de 500 agentes blindan los actos, una cifra que convierte una fiesta cívica en una operación de orden público. La proyección inmediata es incierta. El Ayuntamiento, mantiene que espera respuesta al requerimiento y no descarta emprender acciones judiciales. La Delegación sostiene que no hay margen legal ni material para actuar. Y el sector pirotécnico seguirá exigiendo una mascletà que, a estas horas, no está garantizada.
Ficha del Caso
- El caso: Una acampada por la vivienda ocupa la plaza del Ayuntamiento de Valencia, epicentro del 9 d’Octubre, y desata un choque de competencias entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento.
- Datos importantes: La Delegación rechaza el desalojo; el Ayuntamiento envió un requerimiento previo a acciones judiciales; el sector pirotécnico exige la mascletà y unos 500 agentes blindan los actos.
- Resumen: El pulso entre Pilar Bernabé y María José Catalá anticipa el duelo PSOE-PP de las municipales de 2027 y deja el desarrollo de la fiesta valenciana pendiente de un acuerdo que no llega.
