El Poder Judicial archiva las quejas contra la jueza de la DANA y cuestiona la grabación «subrepticia» que las sostenía.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión permanente del CGPJ archivó por unanimidad el pasado 22 de septiembre las quejas contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra y su marido, el juez Jorge Martínez Ribera.
- ¿Quién está detrás? El promotor disciplinario Ricardo Conde Díez, los abogados de las defensas y el youtuber Rubén Gisbert, que aportó los audios.
- ¿Qué impacto tiene? La instructora queda sin reproche disciplinario y la Audiencia Provincial de Valencia avala prácticamente todos sus autos.
Ni sanción ni un marido dirigiendo la instrucción
El acuerdo definitivo de archivo lo firma Ricardo Conde Díez, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, y lo ratificó por unanimidad la comisión permanente. No hay reproche para la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ni para su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera. Las diligencias se habían cerrado ya dos veces, el 29 de julio de 2025 y el 22 de febrero de 2026, y solo se reabrieron cuando Okdiario publicó unos audios atribuidos al segundo magistrado.
Las quejas partían de José María Bueno Manzanares, defensa del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, y de Eduardo de Urbano, primer letrado de la exconsellera Salomé Pradas, ambos investigados en la causa de la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024). El promotor acota sus pesquisas a los audios y excluye las «discrepancias» sobre la actuación jurisdiccional, que deben resolverse por los recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Valencia.
El escrito cuestiona de plano la prueba estrella: una grabación «subrepticia» realizada por clientes del abogado y youtuber Rubén Gisbert, personado como acusación particular. «La captación subrepticia introduce un elemento de irregularidad que proyecta serias dudas» sobre su valor en un hipotético expediente disciplinario, recoge el acuerdo.
Las dudas no son menudas. El promotor detecta «notables discordancias» entre los audios y las actas oficiales de las declaraciones, y el letrado de la Administración de Justicia, el LAJ, los describió como «total o parcialmente distorsionados», imposibles de cotejar y susceptibles de haber sido manipulados. Mientras en las actas los clientes de Gisbert sostenían una cosa, en los audios filtrados parecía escucharse la contraria.
La prueba que debía tumbar a la jueza de la DANA se grabó sin permiso, se publicó un año después y nadie la denunció entonces.
Un año de retraso, cero protestas y una querella enterrada por el Supremo
Las declaraciones de los clientes de Gisbert se produjeron en enero y febrero de 2025; los audios se divulgaron un año después, en febrero de 2026. Ese «relevante lapso temporal» es un factor de incertidumbre sobre la finalidad de la aportación: durante ese periodo nadie promovió incidente alguno en el procedimiento.
El acuerdo subraya otro «indicio significativo»: ni el abogado ni sus clientes protestaron en el momento de la testifical, algo «difícilmente compatible con la entidad de la irregularidad denunciada». Tampoco se explica por qué se grabó un acto de «escasa relevancia dentro del conjunto de la causa».
Rubén Gisbert alegó que no sabía que sus clientes habían grabado la declaración. Situó el aviso sobre la identidad del supuesto tercero en la testifical de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, del 14 de abril de 2025. Si el aviso fue entonces, responde la cronología oficial, no se entiende una difusión casi un año posterior. Nunca contestó al requerimiento para identificar a ese letrado.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya archivó una querella de Gisbert contra la instructora por el origen, la calidad deficiente, y el contenido fragmentario de los audios, y el Tribunal Supremo confirmó esa decisión. Gisbert, excolaborador del programa de Iker Jiménez, fue despedido tras ser grabado manchándose de barro a propósito para una conexión en directo tras la catástrofe. La jueza lo llama «difusor de bulos».
Frente a quienes sostenían que su marido teledirigía la instrucción, la magistrada aduce que la presencia de Jorge Martínez Ribera fue puntual: recoger los DNI de quienes entraban en la sala o acompañar a un perjudicado en silla de ruedas. El juzgado de Catarroja quedó inundado por la DANA y se trasladó en precario a la Ciudad de la Justicia de Valencia. «Nadie mostró su oposición, ni se incomodó a nadie, ni siquiera se les ocultó que era mi marido», defiende. El promotor concluye que esas conductas, ajenas a cualquier acto judicial, «carecen de relevancia disciplinaria».
El Escenario Valenciano
El archivo disciplinario llega en plena digestión política de la catástrofe. El Consell, el gobierno de la Generalitat Valenciana (el equivalente autonómico del Consejo de Ministros) que preside Juanfran Pérez Llorca, mantiene su hoja de ruta de reconstrucción con el respaldo de Vox. La oposición, PSPV y Compromís, exige en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico unicameral, con 99 escaños) más transparencia sobre los fondos y los plazos.
En ese tablero, el expresident Carlos Mazón —dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la emergencia y conserva su acta de diputado— sigue siendo una figura central del relato político de la DANA. Su situación convive con una causa que instruye la propia Ruiz Tobarra y con una oposición que ha hecho de la reconstrucción su principal arma parlamentaria.
La lectura no se agota en Valencia. El CGPJ es un órgano de gobierno estatal, y la comparación con precedentes como la riada de Biescas de 1996 o las inundaciones de Murcia de 2012 deja la misma pregunta de fondo: la respuesta institucional a las catástrofes llega siempre tarde. En paralelo, el Gobierno central mantiene las líneas de ayuda a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de los fondos europeos, cuyo ritmo de ejecución sigue siendo el otro gran frente político.
El horizonte inmediato pasa por los recursos ante la Audiencia Provincial de Valencia y por una instrucción que sigue sumando diligencias. La causa continúa, la reconstrucción avanza a otro ritmo y el calendario marcará cuánto tiempo más convive el PP con esta historia.
Ficha del Caso
- El caso: El Poder Judicial archiva las quejas contra la jueza que instruye la causa de la DANA y contra su marido, y cuestiona la grabación que las sustentaba.
- Datos importantes: Archivo por unanimidad el pasado 22 de septiembre; dos cierres previos, el 29 de julio de 2025 y el 22 de febrero de 2026; audios grabados en 2025 y publicados en febrero de 2026; el Supremo confirmó el archivo de la querella de Gisbert.
- Resumen: La instructora queda sin reproche disciplinario, pero la causa sigue viva y con ella el pulso político entre el Consell y la oposición.
