EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha rechazado ampliar en el Eurogrupo de Luxemburgo la flexibilidad fiscal que reclamaban Grecia e Italia para amortiguar la crisis energética.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, que blinda la credibilidad de la regla de gasto aprobada tras la pandemia, frente a los gobiernos de Atenas y Roma, que han pedido por carta más margen.
- ¿Qué impacto tiene? España sopesa activar los márgenes que ya contempla el marco fiscal para gastos elegibles de electrificación, pero no podrá usarlos para el subsidio al gas que ha desplegado Moncloa.
Valdis Dombrovskis ha cerrado la ventanilla este jueves en Luxemburgo. El comisario de Economía y Productividad ha rechazado cualquier ampliación de la flexibilidad fiscal que Bruselas concede a los Estados miembros para afrontar la crisis energética, con un argumento que sitúa la credibilidad del marco fiscal por encima de la urgencia del momento. ‘No podemos venir con nuevas flexibilidades fiscales todo el tiempo’, ha advertido tras la reunión del Eurogrupo.
La negativa de la mano derecha de Ursula von der Leyen llega después de que los primeros ministros de Grecia y de Italia, Kyriákos Mitsotákis y Giorgia Meloni, solicitaran por carta más margen fiscal para lidiar con el impacto que la guerra de Irán está provocando en las facturas de familias y empresas desde el verano. Bruselas ya habilitó en julio a los Estados miembros para derivar hasta 0,3 puntos porcentuales del PIB a medidas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, dentro de la cláusula de salvaguarda —el mecanismo que permite desviar gasto sin abrir un procedimiento por déficit excesivo— de hasta 1,5 puntos inicialmente destinada al gasto en Defensa.
El Eurogrupo cierra la ventanilla: qué margen queda y a quién beneficia
Dombrovskis tomó nota de las peticiones de Roma y de Atenas, pero recordó que el marco fiscal renovado ‘ya contempla flexibilidad automática’ frente a caídas de ingresos por desaceleración, o mayores costes de intereses, que no exigen compensaciones presupuestarias adicionales. La lectura de la Comisión es clara: la cláusula general de escape sigue existiendo, pero no está diseñada como cajón de sastre para absorber el encarecimiento de la energía.
El comisario letón fue especialmente duro con los subsidios generalizados al consumo de combustibles fósiles, como los que ha desplegado España. ‘Las medidas generales no solo serían demasiado costosas desde el punto de vista fiscal, sino que también elevarían la demanda energética y los precios’, concluyó. La Comisión Europea ha repetido en los últimos meses que ese tipo de ayudas benefician más a los hogares de renta alta y distorsionan la señal de precio.
Hay un matiz que Bruselas admite y que mantiene la puerta entornada: el propio Dombrovskis reconoció que esta seguirá siendo una cuestión sobre la que se debatirá en el futuro. Traducido al lenguaje comunitario, la ventanilla no queda cerrada con llave, pero sí clausurada hasta que cambie la coyuntura o el equilibrio político en el Consejo.
Carlos Cuerpo y el pulso español: entre el subsidio al gas y la electrificación
En Madrid la lectura es otra. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció a su llegada al Eurogrupo que España estudia solicitar la flexibilidad que permiten las reglas fiscales para el gasto público destinado a medidas energéticas y que hará uso de ella ‘si lo consideramos necesario’. ‘Tenemos gastos elegibles en este ámbito’, aseguró.
Bruselas ya señaló el camino: subvencionar la factura del gas no computa como gasto elegible; electrificar industria, movilidad o vivienda, en cambio, sí.
El problema para Moncloa es de encaje técnico. La cláusula a la que se refiere Cuerpo sirve para proyectos de electrificación, pero no para medidas como el subsidio al gas que el Gobierno anunció recientemente. Es decir: España puede aprovechar su margen, pero no precisamente para la partida que más ha crecido en el debate público.
La diferencia con Grecia e Italia es de grado. Roma y Atenas han pedido una ampliación formal del paraguas; Madrid, de momento, se limita a tantear el uso de un margen ya existente. La distinción importa: la Comisión puede conceder lo segundo sin mover una coma del reglamento, mientras que lo primero exigiría reabrir el debate sobre la regla de gasto (el límite anual que Bruselas fija al aumento del gasto público de cada Estado miembro) con Alemania y los frugales al acecho.
El Eje del Poder Europeo
El pulso que se ha visto este jueves en Luxemburgo no es nuevo. Es la enésima versión del choque entre dos concepciones del marco fiscal europeo: la que sostiene que la credibilidad ante los mercados es el activo más valioso —Berlín, La Haya, Viena, Copenhague— y la que defiende que la rigidez ahoga la inversión cuando la coyuntura se tuerce —Roma, Atenas, Madrid, Lisboa—. Dombrovskis, letón y hombre de máxima confianza de Von der Leyen, ejerce de guardián de la primera.
Hay un precedente que ayuda a leer la escena. En 2020, durante la pandemia, la UE activó la cláusula general de escape y suspendió temporalmente las reglas del Pacto de Estabilidad. Aquello se justificó por una recesión sin precedentes y se acompañó de un instrumento fiscal conjunto, Next Generation. La crisis energética actual, aunque severa, no ha llevado a Bruselas a repetir el gesto: la Comisión considera que el marco renovado desde 2024, con su flexibilidad incorporada, ya ofrece colchón suficiente.
Para España el cálculo es delicado. Cuerpo tiene margen para activar hasta ese 0,3% del PIB en gastos elegibles de electrificación, pero cada punto que se tome reduce el espacio fiscal para otras prioridades y refuerza la vigilancia de Bruselas sobre un país que sigue con déficit por encima del 3% y una deuda cercana al 100% del PIB. A eso se suma la presión política interna: el subsidio al gas se ha convertido en bandera de Moncloa, pero es justo la medida que Bruselas no quiere financiar con flexibilidad.
El siguiente hito será el paquete de otoño del Semestre Europeo, previsto para noviembre, cuando la Comisión evalúe los planes fiscales nacionales y fije sus recomendaciones a cada capital. Ahí se verá hasta qué punto Madrid formaliza la solicitud y cómo responde Dombrovskis. En el horizonte, la cumbre del Consejo Europeo de diciembre, donde la crisis energética volverá a colarse en la agenda sin que el marco fiscal se mueva. Ese es el equilibrio que Bruselas quiere sostener: alivio discursivo, cero cambios normativos.
