La investigación UCO AVE extremeño de la Guardia Civil revisa doce años de contratos

El informe de la UCO detalla 25 ofertas, una diferencia de 0,33 puntos entre las dos primeras clasificadas y una adjudicación de 28,27 millones a la UTE Azvi-Sevilla Nevado. La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional.

La UCO de la Guardia Civil examina doce años de contratos del AVE extremeño y sitúa los mensajes de Koldo García en el eje de la causa. Los agentes investigan si existieron influencias irregulares en la segunda adjudicación del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara, 8,8 kilómetros de plataforma ferroviaria en el término municipal de Mérida.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La UCO de la Guardia Civil ha incorporado a su informe doce años de contratos del AVE extremeño para comprobar si hubo influencias irregulares en la adjudicación del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara.
  • ¿Dónde y cuándo? Entre Mérida y San Rafael, con hitos documentados desde el 28 de noviembre de 2014 hasta el 15 de noviembre de 2026.
  • ¿Qué resultado? Seis detenidos el 5 de noviembre de 2026, entre ellos Cristian Corvillo, y una investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional.

Doce años de expediente: de la obra que no arrancó a la UTE adjudicataria

La primera adjudicación se cerró el 28 de noviembre de 2014. Adif Alta Velocidad entregó a Vías y Construcciones, del grupo ACS, las obras de San Rafael-Cuarto de la Jara por 18 millones de euros con IVA incluido. El 21 de enero de 2015, la comprobación del replanteo terminó con reservas de la constructora por la falta de disponibilidad de terrenos para préstamos y depósitos de materiales, y el director del contrato ordenó no iniciar los trabajos. Aquel expediente acabó en los tribunales: el 21 de enero de 2019, la Audiencia Nacional confirmó la resolución del contrato y una indemnización de 446.400 euros para la empresa, además de la devolución de una garantía de 1,48 millones de euros.

Adif aprobó el 19 de julio de 2018 un proyecto revisado, con soluciones geotécnicas y un presupuesto distinto al de 2014, y preparó la segunda licitación. El 21 de noviembre de 2018 publicó el concurso por 37,77 millones de euros —37.770.325,73 euros, impuestos incluidos— con un plazo de ejecución de 24 meses. Se presentaron 25 ofertas, valoradas con un 60% de peso para el precio y un 40% para la puntuación técnica.

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El informe económico-global, firmado por cuatro responsables de Adif entre el 24 y el 28 de mayo de 2019, situó primera a la UTE Construcciones Sevilla Nevado-Azvi con 94,21 puntos, frente a los 93,88 de Copasa. La ventaja fue de 0,33 puntos. El 31 de julio de 2019, el Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad adjudicó las obras a la UTE formada por Azvi, con el 70%, y la cacereña Construcciones Sevilla Nevado, con el 30%, por 28.271.088,80 euros.

Los mensajes de 2018 y las seis detenciones de noviembre

Guardia Civil UCO

El 5 de noviembre de 2026 la Guardia Civil detuvo a seis personas, entre ellas Cristian Corvillo, en una nueva pieza del caso Koldo abierta en la Audiencia Nacional. Todos quedaron posteriormente en libertad. Los agentes acudieron además a la sede de Adif para recabar documentación sobre las adjudicaciones investigadas. Según el informe conocido entre el 12 y el 15 de noviembre de 2026, la UCO estudia si Corvillo pudo valerse de Koldo García para tratar de favorecer a empresas contratistas mediante sus contactos con responsables de Adif. Ninguna pesquisa constituye por sí sola prueba de manipulación.

La Guardia Civil ha puesto doce años de expedientes, 25 ofertas y seis detenidos sobre la mesa para verificar la adjudicación de 2019.

La cronología del informe se apoya en comunicaciones fechadas. El 24 de octubre de 2018, Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, informó a Koldo García de dos próximas licitaciones, incluida la de San Rafael-Cuarto de la Jara. El 5 de noviembre, Corvillo mencionó a Azvi en sus comunicaciones con el exasesor. El 12 de diciembre de 2018 es la fecha central: Koldo escribió a Corvillo «Te voy a solucionar la vida» y «Me vas a comer a besos», y ese mismo día se firmó un anuncio de rectificación de la licitación que aplazó la presentación y apertura de ofertas.

El 21 de diciembre de 2018 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió cautelarmente el procedimiento y levantó la suspensión el 1 de febrero de 2019. La UCO considera relevante la proximidad de las reuniones del 15 al 18 de julio de 2019 con la propuesta de adjudicación del Consejo de Adif. Los investigadores no han podido determinar si Corvillo y Pardo de Vera coincidieron personalmente.

Cuatro años después, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, el Grupo Azvi contrató a Koldo García como consultor para buscar negocio en Latinoamérica por 6.000 euros mensuales. La empresa sostiene que la relación duró unos tres meses y que la interrumpió al conocerse las primeras investigaciones sobre el exasesor. El 14 de abril de 2026, su presidente, Manuel Contreras, declaró como testigo ante el Supremo y reconoció la contratación, un adelanto de 25.000 euros y su relación con el exasesor desde la etapa de este en el Ministerio de Transportes. Sevilla Nevado niega cualquier vínculo con Koldo García.

El Contexto Operativo

La UCO (Unidad Central Operativa, el cuerpo de élite de la Guardia Civil especializado en criminalidad organizada e investigación compleja) trabaja sobre una amenaza que el Ministerio del Interior sitúa entre las prioridades de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2023-2027: la corrupción en la contratación pública, puerta de entrada de redes económicas que se camuflan en estructuras empresariales legales. La investigación sobre el AVE extremeño lo ilustra con datos: doce años de expedientes, 25 ofertas, una diferencia de 0,33 puntos entre la primera y la segunda clasificada y una modificación contractual de 4,4 millones de euros, un 15,56% sobre el precio de adjudicación. La Guardia Civil no actúa sobre sospechas genéricas: reconstruye cada hito documental —fechas de publicación en el BOE, firmas de informes técnicos, mensajes con hora— para que la instrucción pueda depurar responsabilidades sobre base verificable.

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La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional y ninguna resolución judicial ha declarado hasta ahora que las puntuaciones se modificaran o que la adjudicación se manipulara. La documentación examinada, subraya el informe, no acredita por sí sola una irregularidad: la modificación de 2022 se justificó por diferencias del terreno, necesidades adicionales de excavación, refuerzos de taludes y exigencias arqueológicas. La colaboración institucional entre Adif y los investigadores ha permitido reunir el expediente completo en apenas unas semanas, un ritmo que confirma la capacidad técnica del cuerpo para auditar contratos de una década. Cualquier conclusión deberá llegar por vía judicial, con garantías para todos los implicados y con la presunción de inocencia como marco.

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