Trump prorroga hasta 2027 la orden que mantiene abierta la central de carbón de Michigan

Es la séptima orden de emergencia para la misma planta y la primera después de que un tribunal federal anulara la original. Consumers Energy quiere repartir 303 millones de dólares de coste entre once estados.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El secretario de Energía, Chris Wright, firmó el 13 de noviembre la séptima orden de emergencia para la central de carbón J.H. Campbell, en West Olive (Michigan), que la mantiene disponible hasta el 12 de febrero de 2027.
  • ¿Quién está detrás? El Departamento de Energía, el operador de red MISO y la eléctrica Consumers Energy. Enfrente, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, y un tribunal federal que ya anuló la primera orden.
  • ¿Qué impacto tiene? Consumers quiere recuperar 303 millones de dólares vía FERC. El precedente importa en España: decide quién paga la red cuando la demanda de los centros de datos se dispara.

El Departamento de Energía prorroga hasta febrero de 2027 la central de carbón de Michigan que un tribunal federal dio por cerrada.

Qué ha firmado Chris Wright y por qué es ya la séptima orden

La firma el secretario Chris Wright al amparo de la Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía, un precepto de 1935 que permite al Gobierno federal ordenar a una planta o a un operador de red que siga funcionando cuando el suministro corre peligro. El texto, anunciado el 14 de noviembre, obliga a MISO (Midcontinent Independent System Operator, el operador que gestiona la red de quince estados del Medio Oeste) y a Consumers Energy a tener disponible la central J.H. Campbell, en West Olive, hasta el 12 de febrero de 2027. La orden no exige que la planta funcione a pleno rendimiento: la somete al despacho económico, es decir, que solo entre en el sistema cuando la emergencia lo requiera y al coste más bajo posible.

Campbell tiene 64 años y la eléctrica había previsto cerrarla el 31 de mayo de 2025. El departamento sostiene que ese cierre llegaba quince años antes del final de su vida útil de diseño. No es un caso aislado: las órdenes de emergencia para otras siete plantas en seis estados vencen entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre. La de las unidades 3 y 4 de Eddystone, en Pensilvania, expiró el viernes. La de la unidad 4 de Wagner, en Maryland, se renovó el 17 de noviembre hasta fin de año, y la de Stanton, en Orlando, caduca el 30 de noviembre.

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El pulso judicial y la factura de 303 millones de dólares

El 11 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington tumbó la primera orden de Campbell. El Departamento de Energía pidió al tribunal que reconsiderara el fallo y esa petición sigue pendiente. El pronunciamiento anuló solo la primera orden; las siguientes no han pasado por revisión judicial, según recordó la Asociación Americana de Empresas Públicas de Energía.

La fiscal general de Michigan, la demócrata Dana Nessel, anunció el 17 de noviembre que pedirá al departamento que reconsidere también esta séptima orden. Su oficina acumula seis solicitudes de reconsideración y seis recursos ante el Circuito de Washington. ‘En septiembre, un tribunal federal dictaminó que la primera orden del DOE era completamente ilegal, y esta séptima no hace ningún esfuerzo adicional por cumplir la ley’, declaró.

El frente crítico se extiende fuera de Michigan. Travis Fisher, del Cato Institute, lo resume así: ‘Las plantas de carbón se han convertido en un balón político. Los demócratas quieren cerrarlas, los republicanos quieren mantenerlas indefinidamente, y el péndulo no para de oscilar’. Jordan Nader, del R Street Institute, reclama análisis de coste-beneficio y alternativas antes de firmar. En el otro lado, Larry Behrens, de Power The Future, recuerda la tormenta invernal Fern y sostiene que cerrar Campbell dejaría a la red sin respaldo en los meses más fríos.

La central de Michigan ya no se gestiona por el mercado eléctrico, sino por decreto federal renovable cada noventa días.

emergencia energética

Aquí aparece la pregunta que ningún regulador quiere responder en público. Consumers Energy pedirá a la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC, el regulador del mercado mayorista) recuperar 303 millones de dólares en costes acumulados hasta el 30 de septiembre, tras descontar 344 millones de ingresos abonados por el operador de red. La compañía quiere repartir esa factura entre los abonados de once estados, desde Michigan e Illinois hasta Montana y las dos Dakotas. Constellation, dueña de Eddystone, calculó 4,9 millones de coste en el primer periodo de su orden y 5,1 millones en el segundo. Alguien acaba pagando, y casi nunca es quien firma.

La Lógica de Washington

La lógica es sencilla y bastante incómoda: la red americana se está quedando sin plantas que puedan arrancar cuando no hay viento ni sol, mientras la demanda crece a un ritmo que no se veía desde los años setenta. Los centros de datos de la inteligencia artificial han convertido esa tensión en una cuestión de seguridad nacional en toda regla. Los propios operadores de red, que no son sospechosos de militancia republicana, han pedido varias de estas órdenes: PJM lo hizo para Wagner después de que la unidad agotara sus horas de funcionamiento durante una ola de calor. El departamento se apoya además en un informe de la NERC, el organismo que vigila la fiabilidad del sistema, sobre el frío ártico del invierno de 2026.

El precedente americano es más antiguo de lo que parece. La Sección 202(c) nació en 1935, en plena construcción del sistema eléctrico regulado. En 1978, Jimmy Carter firmó una ley que obligaba a las eléctricas a quemar carbón en lugar de gas con un argumento idéntico: no se podía depender de un combustible que el país no controlaba. La coalición que sostiene estas órdenes tampoco es nueva: estados productores de carbón, sindicatos del sector, empresas eléctricas que prefieren cobrar los costes antes que asumir el cierre, y un electorado industrial que identifica fiabilidad energética con empleo local. Para ese electorado, apagar una planta de 64 años sin sustituto fiable no es transición ecológica: es negligencia.

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¿Y qué tiene esto que ver con España? Más de lo que parece. Las empresas españolas con fuerte presencia industrial en Estados Unidos operan en un mercado donde el precio de la electricidad se ha convertido en variable política. Acerinox, a través de North American Stainless en Kentucky, es uno de los mayores consumidores industriales de electricidad del país. Iberdrola, mediante su filial Avangrid, gestiona redes y renovables en el noreste. Y el debate de fondo, quién paga la red cuando la demanda de los centros de datos se dispara, es exactamente el mismo que se está abriendo en Aragón y en la Comunidad de Madrid. España ha cerrado la mayor parte de su parque de carbón, así que aquí la discusión no es si reabrir plantas, sino quién financia las subestaciones, los refuerzos de red y los ciclos combinados que sostendrán esos centros de datos.

La proyección es concreta. El 12 de febrero de 2027 Campbell vuelve a quedarse sin cobertura legal y hará falta una octava orden si el Circuito de Washington no ha resuelto antes. El departamento tiene pendiente su petición de reconsideración; Nessel, la suya. Los otros seis operadores miran el calendario: Stanton caduca el 30 de noviembre y Wagner el 31 de diciembre. En paralelo, 21 estados litigan contra la EPA por el paquete regulatorio que acompaña a esta política, lo que añade otra capa de incertidumbre jurídica. La incógnita no es si la red necesita respaldo en invierno: eso lo admiten casi todos. La incógnita es cuánto tiempo resiste una política energética a base de emergencias renovables cada noventa días antes de que un tribunal cierre la puerta.

Ficha del Caso

  • El caso: El Departamento de Energía prorroga por séptima vez la orden de emergencia que mantiene disponible la central de carbón J.H. Campbell, en Michigan, pese a que un tribunal federal anuló la primera versión en septiembre.
  • Datos clave: Orden firmada el 13 de noviembre y vigente hasta el 12 de febrero de 2027; planta de 64 años que iba a cerrar el 31 de mayo de 2025; Consumers reclama 303 millones de dólares vía FERC; otras siete plantas en seis estados pierden su cobertura entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre.
  • Para España: el precedente fija quién paga la fiabilidad de la red, un debate idéntico al español sobre los costes de red que exigen los centros de datos, y afecta a la factura eléctrica de Acerinox o Iberdrola en Estados Unidos.
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