Colombia abre procesos contra los operadores móviles y Starlink: el cerco llega a Telefónica

El Ministerio de las TIC colombiano ha formulado cargos contra cinco compañías tras hallar 3.754 tarjetas SIM y seis antenas de Starlink en la cárcel de La Picota. Telefónica aparece dos veces en el expediente por su filial y por su red compartida con Tigo.

Colombia abre procesos sancionatorios contra los operadores móviles por las señales que siguen saliendo de sus cárceles. El expediente apunta a Starlink y a la filial de Telefónica en el país. El detonante fue un operativo en La Picota, en Bogotá: 3.754 tarjetas SIM, 582 teléfonos, 38 módems y seis antenas satelitales requisadas dentro del penal.

El comunicado lo divulgó la Presidencia de la República el 21 de noviembre de 2026. El Ministerio de las TIC ha formulado cargos formales contra cinco compañías: Comunicación Celular (Comcel), Colombia Telecomunicaciones, Partners Telecom Colombia, la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo) y Starlink Colombia. si incumplieron el deber de apagar la cobertura es la pregunta de fondo.

Qué investiga Colombia y qué pruebas sostienen el expediente

La obligación no es nueva. El artículo 16A de la Ley 65 de 1993, añadido por la Ley 1709 de 2014, impone a los proveedores de redes atenuar, restringir o eliminar las señales de transmisión, recepción y control dentro de los establecimientos penitenciarios. Han pasado doce años desde entonces y estos son los primeros procesos formales que se abren por esa vía.

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Las pruebas salieron de cuatro cárceles: La Picota, Las Heliconias (Florencia, Caquetá), Bellavista (Bello, Antioquia) y Acacías (Meta). El Centro de Monitoreo e Inspección del Ministerio detectó redes wifi activas de Starlink y cobertura móvil donde no debía haberla. No se investiga si hubo delito, sino si hubo dejación técnica.

El presidente Abelardo De La Espriella fijó la posición del Ejecutivo desde su cuenta de X: ‘Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida’. Y añadió que quien incumpla sus obligaciones ‘deberá responder ante la ley’.

Por qué el cerco llega a Telefónica y qué se juega España

Colombia Telecomunicaciones es la filial colombiana de la española Telefónica, que opera bajo la marca Movistar en uno de los mercados históricos del grupo en América Latina. Pero el detalle que casi nadie cuenta es que aparece dos veces en la lista: la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones, la sociedad conjunta con la que comparte red con Tigo, también está señalada. Dos de los cinco expedientes tocan a la misma empresa española.

La compañía no responde aquí por una tarifa ni por una concesión, sino por la señal que atraviesa el muro de una cárcel.

Telefónica Colombia

Para Telefónica el riesgo tiene tres capas. La primera es económica: una eventual sanción y, sobre todo, la obligación de instalar o financiar equipos de bloqueo en zonas donde dar servicio es rutina. La segunda es reputacional: figurar en un expediente sobre extorsión desde prisiones no se borra con un comunicado. La tercera es de mercado, porque el criterio que se fije en Bogotá puede copiarse en otros reguladores de la región.

¿Debe pagar el operador por la seguridad de una cárcel? Esa es la pregunta que se dirime. La defensa de las compañías pasa por recordar que el bloqueo de frecuencias exige autorización estatal, que la interferencia alcanza a viviendas y hospitales cercanos y que el control del perímetro es competencia del Estado. El Inpec y el Ministerio de Justicia también están en la ecuación, como recordó el propio presidente.

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El precedente que convierte esto en algo más que un caso colombiano

Conviene mirar el calendario. La ley que creó el deber tiene doce años; los procesos, dos días. Ese desfase explica el fondo del asunto: hasta ahora nadie había traducido una obligación abstracta en expedientes con nombre y apellidos. Lo que ocurra en las próximas semanas dirá si el artículo 16A se queda en papel mojado o se convierte en estándar exportable.

En España, el debate sobre las señales en prisiones se ha resuelto por otra vía: inhibidores de frecuencia costeados por la Administración penitenciaria, una solución no exenta de discusión jurídica por su alcance sobre las comunicaciones del entorno. La diferencia no es menor: donde el Estado compra el equipo, el operador es proveedor; donde no lo hace, se convierte en responsable.

Para el tejido empresarial español la lectura es clara. Las telecos buscan crecimiento en América Latina y este tipo de expedientes introduce un riesgo regulatorio que no aparece en las cuentas: la responsabilidad ampliada sobre el uso delictivo de la red. Telefónica, con presencia en varios mercados de la región, tiene interés directo en que el criterio se quede en lo técnico y no derive en una doctrina de culpa objetiva. Si el modelo cuaja, el siguiente paso no será una multa, sino una factura de inversión permanente. Y esa se paga en Madrid.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El Gobierno colombiano abre procesos administrativos contra cinco operadores móviles y Starlink por las señales que salen de sus cárceles y sirven para extorsionar.
  • Datos importantes: En La Picota se incautaron 3.754 tarjetas SIM, 582 móviles y seis antenas Starlink. El deber de atenuar señales figura en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993.
  • Resumen: Telefónica aparece dos veces señalada, por su filial Movistar y por su red compartida con Tigo, lo que expone a la empresa española a sanciones y a inversión técnica obligatoria.
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