La red European Language Equality Network (ELEN) aprobó en Belfast una resolución que exige la oficialidad del catalán en la Franja de Aragón. El texto salió adelante por unanimidad en la asamblea general que la plataforma de entidades lingüísticas celebró el sábado 21 de noviembre en la capital de Irlanda del Norte y reclama también el derecho a recibir educación en catalán en ese territorio en todos los niveles educativos, según la nota difundida por Plataforma per la Llengua, promotora de la iniciativa.
La resolución no es una norma ni una sentencia. Es una declaración de una red de entidades civiles dedicada a la diversidad lingüística, sin capacidad de obligar a ninguna administración. Su contenido se dirige a los gobiernos de Aragón y de España y les insta a aplicar las recomendaciones del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, el órgano del Consejo de Europa que supervisa ese tratado, ratificado por España en 2001.
Qué pide exactamente el texto aprobado en Belfast
El documento se apoya en el informe que ese comité de expertos publicó en 2024, en el que reclamó medidas urgentes para proteger y promover el catalán en Aragón. Aquel dictamen pedía además que el nombre de la lengua se reconociera de forma explícita en el Estatuto de autonomía aragonés. La resolución aprobada ahora en Belfast recoge ambas demandas y añade el ámbito educativo.
- Oficialidad del catalán en la Franja de Aragón, el territorio oriental donde la normativa autonómica reconoce la lengua como propia.
- Educación en catalán en todos los niveles, desde la etapa infantil hasta la universitaria, en ese mismo ámbito territorial.
- Aplicación de las recomendaciones del Consejo de Europa y reconocimiento del nombre de la lengua en el Estatuto aragonés.
Por qué choca con la ley aragonesa vigente
El marco legal aragonés discurre por otra vía. La Ley 3/2013, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, sustituyó a la norma de 2009 y retiró la cooficialidad parcial que se había reconocido al catalán. Desde entonces, la lengua se considera propia de la Franja, pero no comparte estatus oficial con el castellano ni en la administración ni en la escuela.
En el terreno educativo, la norma sitúa el catalán como asignatura y no como lengua vehicular del sistema, de modo que la enseñanza en catalán que reclama la resolución requeriría un cambio legislativo. La oficialidad exigiría además modificar el Estatuto. La ley no ha cambiado.
La nota de la entidad promotora no recoge reacción del Gobierno de Aragón ni de las Cortes. Plataforma per la Llengua califica la aprobación de ‘nuevo aval europeo a las reivindicaciones de los catalanohablantes’ de la Franja y sostiene que obliga a actuar de forma urgente para revertir la situación de vulnerabilidad en la que, a su juicio, se encuentra la lengua.
Una resolución de una red de entidades no cambia una ley: el marco autonómico sigue decidiendo qué lengua se usa en la escuela y en la administración.
El otro acuerdo de Belfast: vivienda y lenguas minorizadas
La asamblea aprobó también un manifiesto europeo sobre vivienda y lenguas minorizadas. El texto reclama estudios de impacto lingüístico para los grandes proyectos urbanísticos, políticas contra la gentrificación y más regulación de las viviendas turísticas y de las segundas residencias, según la nota de la entidad.
El manifiesto va más allá de la lengua.
Ese paquete tiene recorrido propio en el medio rural. En comarcas con población envejecida, la presión de la segunda residencia y del alquiler turístico convive con la falta de vivienda disponible para quien quiere quedarse a trabajar, un asunto que condiciona los planes de urbanismo de los ayuntamientos de la Franja.
A quién afecta en la Franja: la escuela rural y el relevo demográfico
El efecto de la resolución se mide en un territorio de municipios pequeños repartidos por el este de Huesca y Zaragoza. Allí la escuela rural funciona con aulas de pocos alumnos y unidades que se sostienen o desaparecen por unas pocas matrículas. Cualquier cambio en el modelo lingüístico afecta a esas aulas: al profesorado que imparte la materia, a las familias que eligen centro y a los ayuntamientos que negocian cada curso la continuidad de una línea educativa. También a las administraciones locales, que rotulan, atienden y tramitan con la lengua que la ley les permite usar.
Sobre los próximos pasos no hay calendario. La resolución no abre un procedimiento administrativo ni fija plazos: su efecto es político, como argumento para quienes reclaman cambios legislativos en Aragón y en España. La competencia es autonómica. El estatus del catalán en la Franja depende de lo que decidan las Cortes aragonesas y el Ejecutivo autonómico, y la nota de la entidad no menciona ningún calendario legislativo al respecto.
Claves del Mundo Rural
- 📌 Lo que debes saber: La red ELEN aprobó en Belfast una resolución que pide oficialidad y enseñanza en catalán en la Franja, sin carácter vinculante.
- 👥 A quién afecta: A los vecinos de la Franja, a las familias con hijos en edad escolar y a los ayuntamientos de la comarca.
- ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Ninguna inmediata: aplicar el texto exigiría modificar la Ley 3/2013 y el Estatuto aragonés, algo que no consta en la agenda política.

