El acceso ilícito a dispositivos de la pareja es delito si concurre ánimo de descubrir secretos, conforme al artículo 197.1 del Código Penal. La jurisprudencia penal que tiene en la STS 412/2020, de 20 de julio, su referencia del Pleno de la Sala Segunda, exige ausencia de consentimiento y finalidad de vulnerar la intimidad, sin que el matrimonio module la tutela del artículo 18 de la Constitución.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala Segunda del Tribunal Supremo y las audiencias provinciales sostienen que el acceso inconsentido al teléfono de la pareja con ánimo de descubrir secretos encaja en el artículo 197 del Código Penal.
- ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 197.1, 197.3 y 201 del Código Penal, en relación con el artículo 18 de la Constitución y la tesis del «domicilio virtual» de la STS 412/2020.
- ¿Qué impacto tiene? Condenas de prisión, multa e indemnización por daño moral, con pericial informática como prueba decisiva y denuncia previa del agraviado como regla general.
El tipo penal y los precedentes de Getafe y Almería
La respuesta penal es de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses conforme al artículo 197.1 del Código Penal, que castiga a quien, para descubrir secretos o vulnerar la intimidad, se apodere sin consentimiento de mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales. El apartado 2 extiende la misma sanción a los datos reservados registrados en soportes informáticos. El tipo no exige difusión posterior: la revelación a terceros se sanciona de forma autónoma en el artículo 197.3, con dos a cinco años de prisión.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe condenó a un año de prisión y multa de 2.160 euros a un hombre que, durante una crisis matrimonial, accedió sin autorización al teléfono de su esposa, leyó conversaciones de WhatsApp, examinó fotografías y consultó sus redes sociales. El fallo subraya un elemento de control añadido: el condenado modificó las contraseñas del dispositivo, de modo que la mujer tuvo que adquirir un teléfono nuevo para preservar su privacidad. La Audiencia Provincial de Madrid revisó después la resolución.
La Audiencia Provincial de Almería, en sentencia de 29 de octubre de 2025, confirmó otra condena de un año de prisión por descubrimiento de secretos, dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Almería. El condenado utilizó un dispositivo que su esposa le había entregado durante la convivencia para acceder, ya producida la ruptura, a sus cuentas de Gmail, Google Photos, Facebook, Instagram y WhatsApp. Obtuvo así un contrato privado de compraventa de vivienda almacenado en la nube y lo aportó a un divorcio contencioso para perjudicarla en la discusión sobre la pensión alimenticia del hijo común.
Ambos pronunciamientos comparten el eje argumental: el matrimonio y la convivencia no comportan renuncia a los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución, y conocer la contraseña no equivale a autorizar el examen de conversaciones, fotografías o documentos. El permiso para gestiones cotidianas no se extiende al contenido íntimo del terminal.
El Tribunal Supremo extiende la tutela del artículo 18 de la Constitución al móvil y a la nube: el domicilio virtual exige consentimiento y ánimo de descubrir secretos.
El consentimiento, la ruptura y el domicilio virtual

El Tribunal Supremo abordó el alcance de esa protección en la STS 412/2020, de 20 de julio, del Pleno de la Sala Segunda. Confirmó una condena de tres años y diez meses de prisión por descubrimiento y revelación de secretos y coacciones graves, con la agravante de parentesco, y una indemnización de 3.000 euros. El condenado aprovechó que el iPhone de su exmujer estaba vinculado a una cuenta que él administraba para acceder a información privada, descargar fotografías y borrar datos del dispositivo.
La resolución acuñó la expresión «domicilio virtual» para describir el espacio digital en el que se desarrolla buena parte de la vida personal, familiar y profesional. La eliminación de archivos no se valoró como un perjuicio patrimonial menor, sino como una actuación dirigida a controlar a la mujer y privarla del acceso a información relevante de su propia vida.
La prueba informática resulta determinante. Los informes periciales identifican conexiones, direcciones IP, aplicaciones utilizadas y registros de actividad, y permiten reconstruir quién accedió, cuándo y desde qué terminal. En el supuesto de Almería, la pericial concretó fechas, horas y aplicaciones consultadas. Disponer materialmente de un dispositivo o conocer una contraseña no basta, por sí solo, para acreditar el delito.
Fuera de la pena privativa de libertad, el artículo 201 del Código Penal exige, como regla general, denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, con excepciones legales. La difusión de los datos obtenidos activa el artículo 197.3, de modo que la obtención y el uso posterior de la información configuran títulos de imputación diferenciados.
La Doctrina del Tribunal
Tres reglas conforman la doctrina consolidada. Primera: el consentimiento debe ser específico y limitado a la finalidad para la que se otorgó. Segunda: la relación matrimonial no opera como causa de justificación ni atenúa la antijuricidad, y la ruptura no extingue la protección de los datos almacenados en dispositivos utilizados durante la convivencia. Tercera: el ánimo de descubrir secretos es elemento subjetivo exigible, lo que excluye el acceso casual o autorizado.
La base jurídica combina el artículo 18 de la Constitución —intimidad personal y secreto de las comunicaciones— con los apartados 1, 2 y 3 del artículo 197 del Código Penal. La interpretación del Tribunal Supremo es teleológica y sistemática: atiende a la finalidad de tutela y no a la naturaleza del soporte. Esta línea se consolidó frente a lecturas restrictivas que exigían soporte documental físico, superadas tras la incorporación expresa de los soportes informáticos al texto punitivo. El Pleno de la Sala Segunda de la STS 412/2020 cerró esa discusión.
El impacto para los litigantes es doble. En el plano procesal, la práctica forense exige asegurar la cadena de custodia del dispositivo y solicitar pericial informática antes de la vista. En el sustantivo, el marco permite acumular pretensiones penales y civiles, incluida la reparación del daño moral. La proyección es estable: contra las sentencias de las audiencias provinciales cabe recurso de casación por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
FICHA DEL CASO
- El caso: Procedimientos por descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal por acceso inconsentido a dispositivos y cuentas en la nube de la pareja o expareja, resueltos por juzgados de lo Penal de Getafe y Almería y revisados por las audiencias provinciales de Madrid y Almería.
- Datos importantes: Artículos 197.1, 197.2, 197.3 y 201 del Código Penal; artículo 18 de la Constitución; STS 412/2020, de 20 de julio; artículo 849.1 de la LECrim. Condenas de un año de prisión y multa de 2.160 euros, y de tres años y diez meses de prisión con indemnización de 3.000 euros.
- Fecha de los juicios: Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 29 de octubre de 2025; STS 412/2020, de 20 de julio, publicada en el CENDOJ. Texto punitivo según el Código Penal consolidado.
- Personas acusadas y por qué: Dos hombres condenados por acceder sin autorización a los dispositivos y cuentas de sus respectivas esposas y exparejas con ánimo de descubrir secretos; en uno de los supuestos consta además la agravante de parentesco y coacciones graves.

