Los informes del CNI sobre Ceuta descartan que las mafias organizaran la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La Policía Nacional y la Guardia Civil comparten la conclusión en los documentos remitidos a la investigación judicial.
Esos dictámenes, incorporados al procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional, contradicen la tesis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvieron desde el primer día: que las redes dedicadas al tráfico de personas habían instigado el asalto a la ciudad autónoma.
Qué dicen los informes y por qué desmontan el relato oficial
El documento más concluyente se remitió a la Audiencia Nacional el 11 de noviembre. Es un informe del Centro Nacional de Inteligencia, que sostiene que la movilización fue una acción coordinada de forma informal por individuos que respondieron a llamamientos difundidos en redes sociales y acudieron a la frontera al percibir una oportunidad. El organismo lo afirma de manera expresa: no hubo mafias ni redes criminales detrás de la organización del asalto a Ceuta.
La Policía Nacional llega al mismo punto por otra vía. El Centro Nacional de Extranjería y Fronteras identificó cinco organizaciones criminales asentadas en Nador, Tánger, Castillejos y Tan Tan, dedicadas a trasladar inmigrantes desde Marruecos hasta España. Ninguna de ellas difundió mensajes convocando la entrada del 30 de julio. Los investigadores subrayan además un detalle que rompe el relato: la difusión pública de enlaces a grupos privados de mensajería no encaja con los procedimientos habituales de estas redes, que exigen conversaciones privadas previas para facilitar el acceso.
Los informes de la Guardia Civil añaden el rastro de la propaganda marroquí, que también atribuyó los hechos a las mafias. Y la Policía apunta en otra dirección: el posible papel de miembros y funcionarios de los servicios de seguridad de Marruecos en el desarrollo de la entrada masiva. Sobre los miles de flotadores empleados para cruzar a nado, el Centro Nacional de Extranjería y Fronteras concluye que su distribución exigía una planificación logística previa y descarta que los propios migrantes los hubieran trasladado desde sus domicilios.
Tres informes de tres organismos distintos coinciden en un punto que el Gobierno niega desde julio: no hubo mafias detrás de la entrada de Ceuta.
El contraste con la versión oficial es cronológico. Sánchez aseguró el 31 de julio que las mafias habían aprovechado una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo para provocar la avalancha. Fernando Grande-Marlaska fue más lejos. El ministro atribuyó a esas organizaciones las muertes de al menos 67 inmigrantes, según sus propias declaraciones.
Ya el 4 de agosto, el titular de Interior sostuvo que la entrada había sido ‘orquestada por el conjunto de mafias’ a través de las redes sociales. Y el 3 de septiembre, en el Congreso de los Diputados, Sánchez reiteró la tesis con un matiz: las redes criminales y algunos comerciantes habían aprovechado la situación.
Qué consecuencias tiene que los servicios del Estado desmientan al Gobierno
La tesis de las mafias cumplió desde el primer día una función política concreta: desplazar el foco desde el control de la frontera y desde la relación con Marruecos hacia un actor criminal difuso. Si lo ocurrido fue un negocio de redes de tráfico, la responsabilidad se diluye en el terreno de la delincuencia común. Si fue una movilización alentada con la tolerancia del país vecino y facilitada por la falta de medios sobre el terreno, el foco regresa al Ministerio del Interior.
Los informes obran ya en el procedimiento judicial, de modo que cualquier discrepancia del Ministerio del Interior deberá contrastarse ante el juez. La investigación también explora la pista marroquí con datos concretos: según la información publicada por Libertad Digital, la Policía habría detectado a 97 agentes marroquíes que guiaron a los migrantes desde sus zonas de origen hasta Ceuta. Esa línea encaja con la hipótesis que sitúa a funcionarios de los servicios de seguridad del país vecino en el desarrollo de la entrada masiva.
Por qué el informe refuerza la agenda de Vox sobre la frontera
Para Vox, el desmentido tiene una lectura inmediata. La formación ha situado el control de fronteras en el centro de su agenda y sostiene que lo ocurrido en Ceuta no fue un fenómeno espontáneo de redes criminales, sino la consecuencia de una política migratoria permisiva y de una relación con Marruecos sin contrapartidas. Sus 33 diputados, tercera fuerza del Congreso de los Diputados, le dan plataforma para exigir responsabilidades y para reclamar un cambio de rumbo en la materia.
El pulso con el PP vuelve a librarse en el terreno de la inmigración. Cada dato que contradice al Gobierno obliga a los populares a elegir entre la prudencia institucional y la presión por la derecha, un dilema que se repite desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos en el verano de 2023. En ese intervalo, la frontera ha sido el asunto donde Vox ha marcado distancia con más claridad.
La instrucción seguirá su curso y los informes entrarán en la causa con el peso de estar firmados por tres organismos del Estado. Vox tiene ya un argumento documental para sostener en el Congreso lo que viene defendiendo en cada sesión de control: que la frontera no se gestionó, se dejó. La próxima cita parlamentaria sobre inmigración medirá hasta dónde llega el desgaste del relato oficial y hasta dónde está dispuesto a llegar el PP.

