El Tribunal Supremo fija cuándo responde el banco en las estafas online de Black Friday por ‘phishing’

El TJUE confirma que la entidad no puede aplazar el reembolso por la mera sospecha de negligencia del cliente. El artículo 45 del Real Decreto-ley 19/2018 fija el reintegro al final del día hábil siguiente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado en su sentencia del pasado mes de octubre el criterio que ordena la responsabilidad del banco en las estafas online por phishing: la entidad debe reembolsar el importe de la operación no autorizada de inmediato y, como máximo, al final del día hábil siguiente, sin poder retrasarlo alegando una eventual negligencia del cliente. La regla descansa en el artículo 45 del Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago, y adquiere actualidad ante el Black Friday del 27 de noviembre, con 429.677 estafas informáticas contabilizadas en 2025.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? El TJUE confirma, en sentencia del pasado mes de octubre, que el banco no puede aplazar el reembolso de una operación no autorizada por la mera sospecha de negligencia del cliente.
  • ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 45 del Real Decreto-ley 19/2018 impone la devolución inmediata y, como máximo, al final del día hábil siguiente; el artículo 43 fija el plazo de 13 meses para comunicar el cargo.
  • ¿Qué impacto tiene? La carga de acreditar la negligencia grave recae sobre la entidad, que deberá reclamar después; el consumidor debe conservar los justificantes del fraude.

Antecedentes: la dimensión del fraude y su marco normativo

El Balance de Ciberseguridad 2025 del INCIBE cifra en 429.677 las estafas informáticas, casi nueve de cada diez ciberdelitos. El phishing —suplantación de entidades bancarias y comercios mediante correos, mensajes y páginas falsas— fue el método dominante, con 25.133 casos, y el fraude online sumó 45.445 incidentes, un 19% más que el año anterior.

El Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2025 del Ministerio del Interior eleva el total de ciberdelitos a 488.426, un 5,1% más que en 2024 y cerca del 20% de toda la criminalidad registrada. Sobre ese sustrato fáctico opera el Real Decreto-ley 19/2018, que transpone la Directiva (UE) 2015/2366 y regula los servicios de pago, eje de la reclamación de cantidad frente a la entidad.

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La distinción jurídica determinante separa la operación no autorizada —el pago ejecutado sin consentimiento del ordenante— del pago autorizado viciado por un engaño. Solo la primera activa el deber de reembolso automático; en la segunda, el consumidor debe acudir a la vía civil ordinaria. La sentencia del TJUE incide en la primera y desplaza al banco la carga de probar la negligencia grave del usuario.

El deber de reembolso y el plazo de trece meses

La resolución del TJUE confirma que la entidad no puede retrasar el reembolso alegando simplemente una posible negligencia del cliente. Conforme al artículo 45 del Real Decreto-ley 19/2018, el importe debe restituirse de forma inmediata y, como máximo, al final del día hábil siguiente a la comunicación. Si el banco aprecia negligencia grave, tendrá que acreditarla y reclamar con posterioridad, sin que la sospecha baste para negar o aplazar la devolución.

El aviso al banco debe cursarse sin demora indebida y, en todo caso, dentro de los 13 meses siguientes al cargo, conforme al artículo 43 de la misma norma. La recomendación técnica es solicitar el bloqueo inmediato de la tarjeta o de la banca online, formular denuncia y presentar una reclamación escrita en la que se identifiquen las operaciones, se declare su falta de autorización y se inste expresamente el reembolso.

El TJUE traslada al banco la carga de acreditar la negligencia grave y le veta condicionar el reembolso de la operación no autorizada a una investigación previa.

responsabilidad del banco

La Doctrina del Tribunal

La doctrina consolida un criterio que la banca venía discutiendo: el impago del reembolso. Frente a la práctica de algunas entidades de retener el importe hasta cerrar sus pesquisas internas, el tribunal europeo impone el reintegro inmediato y desplaza el debate sobre la negligencia a un momento posterior. La consecuencia procesal es nítida: la entidad que desee repetir contra el cliente deberá instar una reclamación de cantidad autónoma, acreditar la culpa grave y soportar la carga de la prueba.

La base jurídica se ancla en los artículos 43 y 45 del Real Decreto-ley 19/2018, que transpone la Directiva (UE) 2015/2366, y en el principio de que las operaciones no autorizadas no generan obligación de pago para el ordenante. La interpretación es teleológica: la norma protege al usuario como parte débil y no admite que la dilación del reembolso se convierta en instrumento de presión.

El impacto jurisprudencial alcanza a los miles de procedimientos que saturan los juzgados de primera instancia por phishing y compras frustradas en campañas como el Black Friday. Para el litigante, la doctrina refuerza la reclamación de cantidad y reduce el margen de oposición bancaria; para la entidad, desplaza el riesgo a una fase ulterior de acreditación. Está pendiente de confirmar cómo modularán los tribunales españoles los supuestos de dolo o negligencia grave del usuario en compras con datos comprometidos.

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FICHA DEL CASO

  • El caso: Análisis de la doctrina sobre responsabilidad bancaria en operaciones de pago no autorizadas por phishing, a partir de la sentencia del TJUE del pasado mes de octubre y del marco del Real Decreto-ley 19/2018.
  • Datos importantes: Artículo 45 (reembolso inmediato, máximo el final del día hábil siguiente) y artículo 43 (13 meses para comunicar el cargo) del Real Decreto-ley 19/2018; 429.677 estafas informáticas en 2025.
  • Fecha de los juicios: Sentencia del TJUE de octubre de 2026; Balance de Ciberseguridad 2025 e Informe sobre la Cibercriminalidad 2025; Black Friday del 27 de noviembre de 2026.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. No se identifica a personas investigadas; el análisis versa sobre doctrina jurisprudencial y responsabilidad de las entidades financieras.
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