Barcelona aprueba un recargo de hasta el 150% del IBI a los pisos turísticos en manos de grandes tenedores. La comisión extraordinaria de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha dado luz verde a la modificación de las Ordenanzas Fiscales de 2027 con los votos de PSC, ERC y BComú. Junts per Barcelona se ha abstenido; PP y Vox han votado en contra.
Quién paga el recargo y cuándo se cobra
El gravamen recae sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y se escalona en tres tramos según cuántas viviendas de uso turístico (HUT) acumule cada titular. Un solo piso con licencia paga un recargo de hasta el 50%. A partir de dos, el porcentaje sube hasta el 100%. Y quien tiene cuatro o más afronta el 150%.
En Barcelona hay 10.627 licencias activas. De ellas, 3.274 pertenecen a titulares con un único inmueble y 1.276 a propietarios de dos o tres. Los 6.077 restantes están en manos de dueños de cuatro o más pisos, según los datos que el consistorio detalla en su nota oficial. Más de la mitad del parque turístico legal de la ciudad está, por tanto, en el tramo más alto.
Conviene aterrizar la cifra. El recargo no grava el valor catastral ni los ingresos que genera el piso, sino la cuota líquida del IBI, ese importe que el propietario ya abona cada año. El impacto real depende del valor de cada inmueble y de su ubicación: no es lo mismo una finca del Eixample que un bloque reconvertido en la periferia.
El decreto de Moncloa y las dos votaciones que faltan
La medida no nace en el consistorio. Se apoya en el decreto de medidas de protección de la vivienda aprobado por el Consejo de Ministros, que habilita a los ayuntamientos declarados en zona de mercado residencial tensionado a incorporar este recargo en sus ordenanzas fiscales. Barcelona se acoge a esa puerta abierta, igual que ya han hecho otros municipios catalanes.
La declaración de zona tensionada es la llave jurídica de todo el mecanismo. Sin ese reconocimiento previo, el Ayuntamiento no podría tocar las ordenanzas por esta vía, por mucho que quisiera. Y Barcelona lo tiene desde hace tiempo, junto a buena parte de las áreas metropolitanas del litoral catalán.
El recargo no vacía ningún piso turístico mañana: es una señal fiscal que empieza a contar en 2027.
Queda camino por delante. La modificación pasará la semana próxima por un pleno extraordinario para su aprobación inicial y volverá al pleno ordinario de diciembre para la definitiva. Si prospera, el recargo se devengará por primera vez el 31 de diciembre de 2027 y se liquidará con carácter anual.
La lectura política: un eje por la izquierda y Junts sin desgastarse
La geometría del voto deja una foto nítida. El gobierno municipal del PSC ha sumado a ERC y BComú para sacar adelante el recargo. Junts ha elegido la abstención, ni bloquea ni avala. Y PP y Vox se han quedado solos en el rechazo. Es el mismo eje por la izquierda que sostiene buena parte de la legislatura catalana, trasladado ahora a la fiscalidad municipal.
El cálculo socialista es sencillo. En una ciudad donde el alquiler aparece como el primer problema de los vecinos en todas las encuestas, un recargo a los grandes tenedores tiene coste electoral bajo y rédito alto. ERC y BComú lo han apoyado sin apenas condiciones. Junts ha preferido no salir en ninguna foto incómoda.
La intrahistoria importa más de lo que parece. El recargo llega cuando el Govern afronta su propio pulso con la vivienda y con el turismo, y cuando el Ayuntamiento ya había anunciado que no renovará las licencias de pisos turísticos con el objetivo de que desaparezcan de la ciudad a lo largo de esta década. Lo fiscal y lo urbanístico van de la mano: primero se aprieta el grifo de las licencias, después se encarece el que las tiene.
Hay dos riesgos que conviene mirar de frente. Uno es que parte del recargo acabe repercutiéndose en el precio final que paga el visitante, con lo que el efecto sobre la oferta de vivienda sería menor del que promete el consistorio. El otro es la concentración: que 6.077 licencias estén en en manos de grandes tenedores da al Ayuntamiento una base recaudatoria sólida, pero también demuestra que el modelo turístico de la ciudad se organizó durante años en torno a gestores profesionales, no a pequeños propietarios.
El precedente más cercano lo marcan otras administraciones que han evitado declarar zonas tensionadas precisamente para no activar herramientas como esta. Barcelona ha tomado la dirección contraria. La duda es si un recargo que no se cobrará hasta finales de 2027 sirve para frenar una presión de precios que se mide en meses, no en ejercicios fiscales.
El hito está fijado: la semana próxima, pleno extraordinario; en diciembre, aprobación definitiva. Si algún grupo cambia de posición entre una votación y otra, la foto se repetirá con otro reparto.
