El 14 de octubre de 2023, la Secretaría de Estado de Migraciones declaró la emergencia para contratar sin publicidad ni concurso la puesta en marcha de centros de acogida. De ahí salieron cuatro macrocontratos amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, la vía que permite adjudicar de forma directa ante una necesidad urgente e imprevisible. Meses después, ese gasto sostiene buena parte de la red de acogida, incluidos los CATE canarios.
Esta lista ordena esos cuatro contratos para responder a tres preguntas básicas: qué se compró, por cuánto y a quién. Primero se desglosan uno a uno, con objeto, importe y adjudicataria; después se identifican las empresas que se repiten, entre constructoras que levantan los centros y firmas de servicios que los gestionan. El recorrido se completa con el peso de la urgencia sobre el total del sistema, lo que exige el artículo 120 y las prórrogas posteriores.
1Los cuatro macrocontratos, uno a uno: objeto, importe y adjudicataria
El origen de estos macrocontratos está en la declaración de emergencia que la Secretaría de Estado de Migraciones aprobó el 14 de octubre de 2023 al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, un mecanismo que permite adjudicar sin publicidad ni concurrencia ante una situación excepcional. Esa declaración se ha ido prorrogando en cinco ocasiones —25 de octubre y 26 de diciembre de 2023, y 1 de marzo, 16 de mayo y 25 de septiembre de 2024—, de modo que la excepción funciona ya como una vía estable de gasto. La mayor parte del dinero se canaliza a través del medio propio Tragsa, que recibe encargos directos y a su vez subcontrata a empresas privadas. Según la documentación recopilada por La Gaceta, entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 la Secretaría adjudicó unos 70 contratos de emergencia por 183,1 millones de euros para atender a 117.967 personas. Los mayores receptores fueron Tragsa (47,4 millones, para habilitación de espacios y suministros), Cruz Roja (40,2) y la fundación APIP-ACAM (16,07).
El reparto de los grandes contratos de servicios queda muy concentrado. El comedor del centro de Las Raíces, en Tenerife, se adjudicó por 34,1 millones de euros —hasta 63,9 con prórrogas— a Plataforma Femar, sancionada por la CNMC con 2,44 millones por participar en cárteles alimentarios. El del Canarias 50, en Gran Canaria, recayó en la UTE de Leonesa Catering y Servicios e Iberocaser por 18,4 millones. En conjunto, los servicios de comedor de los cinco centros impulsados por Tragsa —Las Raíces, Canarias 50, los madrileños General Arteaga y Primo de Rivera y Campano, en Cádiz— rondaron los 80 millones y se repartieron entre solo dos empresas: Femar se quedó el 43% y la UTE leonesa el 57%, con menús ofertados a 8,8 y 8,99 euros. En obras, la murciana Mediohabit SL acumula 6,17 millones en adjudicaciones de emergencia de Interior para los CATE canarios de Arrecife y El Hierro.
