El 14 de octubre de 2023, la Secretaría de Estado de Migraciones declaró la emergencia para contratar sin publicidad ni concurso la puesta en marcha de centros de acogida. De ahí salieron cuatro macrocontratos amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, la vía que permite adjudicar de forma directa ante una necesidad urgente e imprevisible. Meses después, ese gasto sostiene buena parte de la red de acogida, incluidos los CATE canarios.
Esta lista ordena esos cuatro contratos para responder a tres preguntas básicas: qué se compró, por cuánto y a quién. Primero se desglosan uno a uno, con objeto, importe y adjudicataria; después se identifican las empresas que se repiten, entre constructoras que levantan los centros y firmas de servicios que los gestionan. El recorrido se completa con el peso de la urgencia sobre el total del sistema, lo que exige el artículo 120 y las prórrogas posteriores.
2Quién se los lleva: constructoras levantando centros y empresas de servicios gestionándolos
En el capítulo de obra física, el nombre que más se repite en los CATE canarios es Mediohabit S.L., sociedad murciana con sede en Mula, facturación de entre 1,5 y 3 millones de euros y menos de diez empleados, que acumula al menos 6,17 millones en adjudicaciones de emergencia del Ministerio del Interior. Interior declaró la emergencia en septiembre de 2024 y de nuevo en 2025; la empresa se llevó el contrato principal de cada tanda —2,21 y 2,46 millones— y sumó obra y materiales hasta 3,15 y 3,01 millones por operación. A su lado figuran proveedores menores como Barcotex Servicios Integrales, Ambientes Urbanos del Norte o Thales DIS España, y la pública Tragsa, primer receptor estatal con unos 47,3 millones para habilitar espacios y suministros. En Ceuta, Absercon firmó 3,27 millones en obras el 27 de agosto, también sin concurso previo.
En la gestión de los centros, el dinero va a un puñado recurrente de entidades del tercer sector que ya operaban en acción concertada. La declaración de emergencia de la Secretaría de Estado de Migraciones, aprobada el 14 de octubre de 2023 y prorrogada al menos siete veces hasta abril de 2025, permite adjudicar sin publicidad el alojamiento, la manutención, la seguridad, el transporte, la traducción y la atención médica. Cruz Roja, Accem, Apip-Acam, Cepaim, CEAR y San Juan de Dios concentran los encargos: Accem cobró 1.238.450 euros por 600 plazas y San Juan de Dios 167.400 por 180, mientras los recuentos periodísticos sitúan a Cruz Roja en torno a 40 millones, a Accem por encima de 74 entre 2023 y 2025 y a Apip-Acam en unos 16 millones.
