El 14 de octubre de 2023, la Secretaría de Estado de Migraciones declaró la emergencia para contratar sin publicidad ni concurso la puesta en marcha de centros de acogida. De ahí salieron cuatro macrocontratos amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, la vía que permite adjudicar de forma directa ante una necesidad urgente e imprevisible. Meses después, ese gasto sostiene buena parte de la red de acogida, incluidos los CATE canarios.
Esta lista ordena esos cuatro contratos para responder a tres preguntas básicas: qué se compró, por cuánto y a quién. Primero se desglosan uno a uno, con objeto, importe y adjudicataria; después se identifican las empresas que se repiten, entre constructoras que levantan los centros y firmas de servicios que los gestionan. El recorrido se completa con el peso de la urgencia sobre el total del sistema, lo que exige el artículo 120 y las prórrogas posteriores.
3Cuánto pesa la vía de urgencia: proporción sobre el total del sistema de acogida
El dinero que circula por la vía de urgencia no es un añadido marginal al sistema de acogida. El recuento de contratos amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público que publicó La Gaceta suma 70 adjudicaciones por 183,1 millones de euros entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, para atender a unas 118.000 personas. La red estructural, financiada mediante acción concertada, tiene un coste previsto de 634 millones anuales (549,8 de protección internacional y 84,2 de atención humanitaria) y de 670,5 millones para el periodo julio de 2026-junio de 2027, según el Ministerio de Hacienda. La comparación sitúa lo adjudicado por emergencia en torno al 13% del total del sistema: aproximadamente uno de cada ocho euros. Los contratos de emergencia de un solo ejercicio, 52,8 millones en 2025 y 82,5 en 2024, equivalen ya a todo el presupuesto anual del programa de atención humanitaria a llegadas a costas. La concentración es alta: Tragsa acumuló 47,4 millones, Cruz Roja 40,2, Accem unos 25 y Apip-Acam 16,1. Al no existir una cifra oficial consolidada, ese porcentaje opera como suelo, no como techo.
El peso de la urgencia se mide también en tiempo y en plazas. La emergencia se declaró el 14 de octubre de 2023 y se prorrogó seis veces, la última en noviembre de 2024, con vigencia hasta junio de 2025: casi dos años de contratación sin concurso, según reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria. La primera dotación, de 33 millones, sirvió para abrir más de 4.000 plazas; la ampliación de finales de octubre, con 76 millones, añadió 10.000 más, a un precio de referencia de 24 euros por plaza y día frente a los 42 de la acogida integral. Ese diferencial permite que la vía de urgencia absorba mucho volumen con menos dinero. Con unos 53.500 dispositivos en funcionamiento, el Ejecutivo elevó en 381,4 millones el coste de la red concertada para julio de 2025-junio de 2026 y prorrogó el encargo a Tragsa por 96 millones; en marzo de 2026 recurrió al Fondo de Contingencia por 286,7 millones para acción concertada y nuevas emergencias, ya también en Baleares y Gaza.
