El 14 de octubre de 2023, la Secretaría de Estado de Migraciones declaró la emergencia para contratar sin publicidad ni concurso la puesta en marcha de centros de acogida. De ahí salieron cuatro macrocontratos amparados en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, la vía que permite adjudicar de forma directa ante una necesidad urgente e imprevisible. Meses después, ese gasto sostiene buena parte de la red de acogida, incluidos los CATE canarios.
Esta lista ordena esos cuatro contratos para responder a tres preguntas básicas: qué se compró, por cuánto y a quién. Primero se desglosan uno a uno, con objeto, importe y adjudicataria; después se identifican las empresas que se repiten, entre constructoras que levantan los centros y firmas de servicios que los gestionan. El recorrido se completa con el peso de la urgencia sobre el total del sistema, lo que exige el artículo 120 y las prórrogas posteriores.
5Después de la emergencia: prórrogas, modificados y quién fiscaliza el gasto
La emergencia declarada el 14 de octubre de 2023 por la Secretaría de Estado de Migraciones no se cerró con el año: la resolución se fue ampliando hasta en cinco ocasiones —octubre y diciembre de 2023, y marzo, mayo y septiembre de 2024—, lo que permitió encadenar prórrogas sin abrir licitación. El patrón se repite en los contratos derivados. Las carpas del antiguo Hospital Naval de Cartagena siguen alquiladas: el Ministerio renovó el servicio a Telemag Lorca por 712.932 euros y doce meses prorrogables, después de haberlo extendido ya en seis ocasiones desde octubre de 2023. En el conjunto de la emergencia, un análisis de hasta 70 contratos de la Secretaría de Estado de Migraciones cifra el gasto en 183,1 millones de euros entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, con TRAGSA (47,4 millones) y Cruz Roja (40,2 millones) como principales receptores.
La fiscalización llega tarde y por partes. El Tribunal de Cuentas incluyó en su Programa de Fiscalizaciones para 2026, aprobado en diciembre de 2025, el análisis de las políticas de inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de la gestión de fronteras y la Oficina de Asilo, con actuaciones específicas sobre el sistema de acogida de protección internacional y la acción humanitaria. La petición de Vox para auditar el gasto conjunto en inmigración de Estado, comunidades y ayuntamientos salió adelante en la Comisión Mixta, aunque según el partido seguía sin informe un año después. Mientras, el propio Tribunal recogía que la mitad de los 132 expedientes de contratos menores del área social del ministerio se usaron para necesidades previsibles o como puente, con un caso en el CAPI de Mislata con reparo de Intervención por fraccionamiento.
