El Consell ha cifrado en más de veinte los expedientes tramitados por la oficina de retorno que Vox impuso en los presupuestos de la Generalitat de 2026. La vicepresidenta primera del Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana), Susana Camarero, ha recordado en las Corts que los retornos los ejecuta el Gobierno central.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consell cifra en más de veinte los expedientes tramitados por la oficina de retorno que Vox exigió, y defiende que el servicio también atiende a víctimas de discriminación.
- ¿Quién está detrás? La vicepresidenta primera, Susana Camarero, respondió en el pleno de las Corts a un diputado de Vox; el president es Juanfran Pérez Llorca.
- ¿Qué impacto tiene? Los retornos dependen del Gobierno de España, así que el pulso PP-Vox se traslada al debate migratorio nacional.
Veinte expedientes, un millón de euros y una oficina que Vox no reconoce
El malestar de la derecha radical viene de lejos. En el Debate de Política General del pasado lunes, el síndic de Vox —el portavoz del grupo parlamentario— dejó claro que su formación esperaba otra cosa de esa entidad. Este jueves, en el pleno de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, con 99 escaños), un diputado del grupo llevó la queja directamente a la vicepresidenta primera.
La acusación fue concreta. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, dijo en ese debate «algo totalmente erróneo sobre esta nueva oficina», según recogió el propio Vox: que servía para la homologación de títulos extranjeros y para algo relacionado con el retorno voluntario. Para la derecha radical, el objetivo pactado era otro: impulsar programas de retorno voluntario y no convalidar títulos.
La respuesta de Susana Camarero combinó cifra y marco. El Consell ha tramitado más de veinte expedientes de personas migrantes interesadas en volver a sus países de origen, con información, asesoramiento y acompañamiento para unos trámites que no dependen de la Generalitat. «Los retornos los hace el Gobierno de España», recordó la vicepresidenta a sus socios. La pelota, por tanto, queda en Madrid.
La oficina llegó a los presupuestos como moneda de cambio. Vox forzó la reformulación de la Oficina Valenciana de Inclusión y la dotó con casi un millón de euros —algo más de 900.000— en las cuentas de la Generalitat para 2026, aprobadas antes de agosto. El servicio está externalizado a través de dos entidades del del tercer sector especializadas. Casi un millón de euros para una ventanilla con veinte expedientes.
Lo que la oficina hace de verdad: acompañar, no deportar
Según la información que la propia oficina publica en sus perfiles, sus líneas de actuación van mucho más allá del retorno. Ofrece un servicio de atención integral y gratuita a personas migrantes y a víctimas de delitos de odio y discriminación: acompañamiento social y psicológico adaptado a cada caso, asesoramiento jurídico en extranjería, apoyo lingüístico, orientación laboral, formación, y apoyo al empleo. Es decir, la misma ventanilla que Vox quería para el retorno tramita también denuncias por discriminación.
Casi un millón de euros después, la oficina que Vox diseñó para el retorno acaba sosteniendo la política de integración del Consell.
Camarero defendió esa doble vía sin complejos. El Consell trabaja por «la integración» social y laboral de quienes viven en la Comunitat Valenciana y, en paralelo, ayuda a quien «libre y voluntariamente decida retornar a su país». Sobre los títulos, la número dos del ejecutivo fue explícita: quien está legalmente en España «se merece trabajar en lo que se ha preparado y en lo que ha estudiado». Eso sí, tendió un puente a sus socios con una crítica compartida. La diana fue la política migratoria de Pedro Sánchez.
El Escenario Valenciano
En clave valenciana, la oficina funciona como termómetro del pacto. Vox la considera suya y no reconoce la versión que dan sus socios; el PP la presenta como una herramienta de inclusión con un añadido de retorno voluntario. El president Juanfran Pérez Llorca evitó entrar en esa disputa semántica y prefirió enmarcarla en otro contexto durante el Debate de Política General. En la oposición, PSPV y Compromís tienen un argumento servido: el nombre del ente lo puso Vox y su presupuesto lo firmó el PP. Ahí está la paradoja: el Consell defiende la integración con el dinero que Vox destinó al retorno.
La dimensión nacional es inevitable. Las competencias de extranjería, retorno y expulsión son estatales: las ejecuta el Ministerio del Interior y, en el retorno voluntario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con programas específicos desde hace años. Eso deja a la Generalitat en un papel de ventanilla y acompañamiento y a Vox con una bandera que en Valencia no puede izar sola. Para el PP, el pulso tiene un coste doble: cada vez que Vox reclama la oficina como propia, el Gobierno de Sánchez recuerda que la política migratoria se decide en Madrid.
Queda por ver qué ocurre en la negociación de los presupuestos de 2027 y si Vox vuelve a exigir más músculo para el ente. Mientras, los veinte expedientes seguirán siendo la referencia de una pelea mucho más grande. En el centro, personas que quieren volver a casa o que necesitan un abogado porque alguien les insultó por su origen. La política migratoria también se mide ahí.
Ficha del Caso
- El caso: Vox exige que la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno sirva para impulsar retornos, mientras el Consell defiende que también atiende a personas migrantes y a víctimas de discriminación.
- Datos importantes: Más de 20 expedientes tramitados; casi un millón de euros de presupuesto (algo más de 900.000) en las cuentas de 2026; servicio externalizado a dos entidades del tercer sector; los retornos los ejecuta el Gobierno de España.
- Resumen: El pulso entre PP y Vox por el sentido de la oficina expone la tensión del pacto valenciano y devuelve el foco a Madrid, donde se decide la política migratoria.
