El nombre de Los Rochos aparece en una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que sitúa a Cintia Rocho Leal en el centro de una de las líneas de actuación alrededor de la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El atestado, fechado el 6 de octubre de 2026, recoge declaraciones, conversaciones y evidencias documentales que los investigadores consideran relevantes para reconstruir cómo diferentes personas habrían tratado de influir sobre procedimientos judiciales en Badajoz.
Unos hechos que complicarán posiblemente el futuro judicial y electoral del PSOE. Está última a más corto plazo, a pesar del revuelo que se ha montado por el precio de la vivienda en España y el fallecimiento de la icónica ‘Maricarmen’ Abascal, la anciana desahuciada en Madrid que se ha convertido en el icono del Sindicato de Inquilinas, movimiento que que lidera las protestas por estos hechos y que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de capitalizar. Contratar supuestamente a un clan vinculado con el mundo de la delincuencia de la ciudad de Badajoz, no parece una buena idea
Este documento no presenta a Cintia Rocho como integrante del grupo de WhatsApp denominado “Vacaciones y Viajes”, en el que sí aparecen Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Joaquín Parra y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada. Su papel aparece en una fase posterior, cuando es contactada después de intervenir en conversaciones y publicaciones relacionadas con los tribunales de Badajoz. Precisamente ahí es donde el caso adquiere una dimensión especialmente delicada para el PSOE, porque el atestado sostiene que las actuaciones investigadas tendrían como trasfondo la protección de intereses vinculados a causas judiciales que afectaban al partido, a miembros del Gobierno o al propio Pedro Sánchez.
La anotación de Leire que conecta a Cintia Rocho con la trama
Una de las piezas que vertebran el relato de la UCO es una anotación manuscrita localizada en una de las agendas intervenidas a Leire Díez. En ella aparecen las referencias “Jueza Badajoz”, “La celsa”, “Heroína” y “Gitano”. Según el atestado, Cintia Rocho se reconoció como “La celsa”, mientras que la referencia a “Heroína y Gitano” sería identificada con Ángel Martín Carrillo, conocido como “El Cordobés”.
La importancia de aquella anotación no reside únicamente en los nombres. Para los investigadores, adquiere relevancia cuando se conecta con una cadena de contactos que habría comenzado meses antes y que tenía como objetivo obtener información sobre la jueza Beatriz Biedma. La magistrada había asumido la investigación sobre David Sánchez, una causa especialmente sensible para el entorno del presidente.
El documento sitúa entonces a Luis Sáenz de Tejada como una pieza fundamental. Según la declaración de Joaquín Parra, Javier Pérez Dolset le habría pedido contactos en Badajoz y le habría preguntado específicamente por el exmagistrado. Poco después, una nota encontrada en el teléfono de Dolset recogía una frase especialmente comprometida: “Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene toda la info”.
La secuencia continuó con una reunión en Tarifa a la que acudieron Leire Díez, Dolset y Parra. Allí habrían mostrado interés por la información que podía tener Sáenz de Tejada sobre Biedma. Al día siguiente se creó el grupo de WhatsApp “Vacaciones y Viajes”, que, según el atestado, sirvió como vía de coordinación.
De la estrategia judicial al entorno de Los Rochos
La investigación sostiene que posteriormente se produjo una reunión en un inmueble de la calle Diego de León de Madrid. Según la declaración de Parra recogida por la UCO, Leire Díez y Dolset habrían presentado aquel inmueble como uno de los “pisos franco del PSOE”. La expresión, de confirmarse judicialmente en los términos investigados, es políticamente explosiva porque sitúa una parte de la actividad analizada en un espacio que los propios protagonistas habrían relacionado con el partido.
En ese encuentro, Sáenz de Tejada habría expuesto sus planteamientos sobre una supuesta corrupción judicial en Badajoz y habría señalado a Biedma. A partir de ahí se habrían planteado diferentes vías para actuar contra la magistrada y tratar de condicionar el procedimiento que afectaba al hermano del presidente.
El atestado considera especialmente significativa otra anotación, esta vez con la expresión “Destruir el procedimiento del hermano”. Los investigadores la conectan temporalmente con las reuniones y con la búsqueda de información sobre la magistrada.
Es en este contexto donde aparece Cintia Rocho. Tras una publicación en Facebook relacionada con una resolución judicial que afectaba a un familiar suyo y después de visualizar contenido del canal de YouTube “Magistrado Anticorrupción”, Rocho habría iniciado una conversación con Sáenz de Tejada. Según el documento, él le habló de una supuesta “mafia judicial” en Badajoz y le recomendó movilizarse contra los magistrados mediante manifestaciones, quejas y querellas.
El contacto con “José García Fernández” y la presión sobre Biedma
Pocos días después, Cintia Rocho recibió mensajes de un perfil identificado como “José García Fernández”. Ella aseguró desconocer quién estaba detrás de aquella identidad, aunque el interlocutor se presentó como abogado relacionado con Sáenz de Tejada y dispuesto a ayudarla con sus causas judiciales.
La investigación considera relevante la forma de actuación de ese perfil. Según el testimonio de Rocho, se habrían producido mensajes de audio en los que se hablaba de la necesidad de hacer una “limpieza” de los juzgados de Badajoz y se le habría propuesto contactar con Ángel Martín, “El Cordobés”.
Rocho rechazó la propuesta. El propio atestado recoge que se negó a participar en aquella actuación y que llegó a cortar la comunicación con el interlocutor. Esta circunstancia resulta importante porque, según el documento, su papel no sería el de una persona que hubiera aceptado participar en el plan, sino el de alguien que habría sido contactado para incorporarse a una actuación que finalmente rechazó.
La situación cambia cuando Sáenz de Tejada contacta telefónicamente con ella. Según el relato de Rocho recogido por los investigadores, la conversación habría pasado de una estrategia general contra los jueces de Badajoz a una actuación concreta contra Beatriz Biedma. La declarante atribuye a Sáenz de Tejada expresiones como que la magistrada era “un puto grano en el culo” y que “había que eliminarla”, además de la frase “a palos aprende el burro”.
La UCO deja claro en el documento que esa parte procede de la declaración de Cintia Rocho. De hecho, Joaquín Parra declaró que en las reuniones en las que participó no se habló de agresiones físicas contra Biedma. Sí dijo haber recibido, a través de una tercera persona, información sobre supuestos seguimientos a la magistrada realizados por personas próximas a Sáenz de Tejada.
Una red de perfiles, rumores y ataques contra jueces
El atestado incorpora además referencias a un entorno digital en el que se difundían fotografías, rumores y comentarios sobre personalidades públicas de Badajoz, en algunos casos mediante perfiles falsos. Parra identificó a Antonio García-Borruel, José Antonio Hinchado y Javier Ulla como personas relacionadas con el canal “Club de Debates Urbanos de Badajoz”.
Los investigadores establecen conexiones entre ese entorno y el perfil “José García Fernández”, aunque algunas de esas conexiones proceden de informaciones aportadas por terceros y no de una identificación directa. Parra habría señalado que detrás de ese perfil podía encontrarse García-Borruel, mientras que Rocho afirmó que nunca llegó a conocer la verdadera identidad del usuario.
El documento también recoge la existencia de contenidos digitales dirigidos contra Biedma, incluida una imagen manipulada mediante inteligencia artificial que pretendía representar a la magistrada en una situación íntima y degradante. El conjunto de estas actuaciones dibuja, según la investigación, un escenario en el que la presión judicial se combinaba con campañas de descrédito y utilización de identidades digitales difíciles de rastrear.
El problema político que deja abierto para el PSOE
El principal riesgo político para el PSOE no procede únicamente de las actuaciones atribuidas a Cintia Rocho o del entorno identificado en torno a Los Rochos. La dificultad para el partido nace de la conexión que la UCO establece entre diferentes episodios: la búsqueda de información sobre la jueza Biedma, las reuniones de Leire Díez y Dolset, la participación de Sáenz de Tejada, las estrategias para cuestionar el procedimiento de David Sánchez y, posteriormente, los contactos con personas ajenas a ese núcleo inicial.
El propio atestado concluye que estas actuaciones, siempre dentro de la hipótesis investigada, podrían formar parte de una estrategia destinada a proteger intereses relacionados con causas judiciales con afectación al PSOE, directa o indirectamente a miembros del Gobierno o al presidente.
Eso no significa que el documento atribuya al PSOE como organización la comisión de los hechos investigados ni que las menciones al partido permitan establecer por sí solas responsabilidad penal. La cuestión política es diferente: si se acredita judicialmente que personas próximas a determinados círculos del poder intentaron obtener información, presionar a jueces o alterar el curso de procedimientos que afectaban al entorno del presidente, el coste para el Gobierno sería considerable.
Y ahí es donde el nombre de Los Rochos adquiere relevancia política. No porque el atestado permita afirmar que el clan actuara por cuenta del PSOE, algo que el documento no acredita, sino porque muestra cómo una investigación que comienza en el entorno de una causa judicial especialmente sensible termina conectando con personas procedentes de ámbitos ajenos al partido.
El problema para Sánchez sería entonces de control y de proximidad: hasta dónde llegó la red de contactos, quién decidió utilizarla y con qué finalidad. Las respuestas a esas preguntas serán las que determinen si el caso queda reducido a una sucesión de actuaciones individuales o si, por el contrario, termina revelando una estructura mucho más incómoda para el Gobierno. En ese segundo escenario, el daño político no dependería tanto del origen de cada protagonista como de la existencia de una estrategia coordinada para interferir en causas judiciales que afectaban directamente al entorno de Pedro Sánchez.
