Unas horas separan el Nobel de la Paz a Navi Pillay de las sanciones de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. Washington ha prohibido las transacciones con el tribunal que España ayudó a fundar, un movimiento que golpea el derecho internacional y a las empresas europeas que trabajan con la corte.
El anuncio llegó el viernes, con el eco del Premio Nobel todavía caliente. La administración de Donald Trump ya había sancionado antes a fiscales y jueces del tribunal, pero esta vez la medida alcanza también a las compañías que prestan servicios a la propia Corte.
Marco Rubio, secretario de Estado, lo dejó claro en un comunicado: ‘El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses. Prohibiremos las transacciones con este tribunal rebelde, cortándole los recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento’.
Traducido a la práctica, las sanciones obligan a los bancos a cerrar cuentas, a las aseguradoras a rescindir pólizas y a las empresas de software a suspender su cooperación. Un cerco financiero que apunta al corazón operativo de un tribunal con sede en La Haya.
El Nobel que precedió a las sanciones
El Premio Nobel de la Paz reconoció el viernes a Navi Pillay, jurista sudafricana que fue magistrada de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008. El comité del premio explicó que quiso lanzar ‘un recordatorio’ en un momento en el que ‘los jueces y las instituciones del derecho internacional están siendo objeto de ataques políticos’.
La Corte Penal Internacional nació en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, y reúne a 125 Estados miembros. Entre ellos están todos los países de la Unión Europea y todos los de la OTAN salvo Estados Unidos y Turquía. El respaldo de los socios, incluidos aliados clave de Washington como Paises Bajos, ha sido hasta ahora firme y público.
La misma jornada que premió a una exjueza del tribunal sirvió para que Washington cortara sus recursos.
Por qué esta medida golpea a España y a sus empresas
España firmó el Estatuto de Roma —el tratado que creó la Corte— en 1998 y lo ratificó en 2000, lo que la convierte en miembro fundador con voz y voto. Esa condición no es simbólica: el país forma parte del entramado jurídico que ahora queda bajo la amenaza financiera de Washington. Y las sanciones estadounidenses se aplican con efecto extraterritorial, es decir, alcanzan a cualquier compañía con sede en EE.UU. o con vínculos con su sistema financiero.
El secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler, pidió esta semana a la Unión Europea que se prepare para activar el llamado ‘mecanismo de bloqueo’, la herramienta que protege a las empresas europeas de los efectos extraterritoriales de las sanciones. Para el tejido empresarial español —bancos, aseguradoras, tecnológicas y firmas de logística que operan con La Haya— el aviso no es menor.
Conviene recordar que la UE ya dispone de un mecanismo de bloqueo desde 1996, pensado para blindar a las compañías europeas de medidas como las que ahora llegan desde Washington. La pregunta que sobrevuela Bruselas es hasta qué punto está dispuesta a usarlo cuando el castigado es un tribunal que todos sus Estados miembros defienden.
Lo que los precedentes enseñan sobre este pulso
No es la primera vez que Estados Unidos apunta contra la Corte. En 2020, durante el primer mandato de Trump, la Casa Blanca sancionó a la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda, por su investigación sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán y por las órdenes de detención contra funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. Aquel episodio se cerró y el tribunal siguió funcionando, porque los países europeos se negaron a secundar el castigo.
Y aquí emerge una paradoja que España conoce bien. Fue en Salamanca, con las lecciones de Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, donde se pusieron las bases modernas del derecho de gentes, el antecedente de lo que hoy llamamos derecho internacional. Que ahora se intente doblegar por la vía financiera al tribunal heredero de esa tradición es, como poco, una ironía histórica.
El precedente de 2020 invita a cierto optimismo: entonces la Corte resistió. Pero la medida actual es más ambiciosa porque no se limita a personas, sino que persigue la maquinaria completa del tribunal. Sus funcionarios llevan meses preparándose, sustituyendo el software de Microsoft por equivalentes de código abierto y reforzando su banca y sus seguros. Bruselas estudia cómo responder, y España, como socio de referencia, tiene margen para empujar una respuesta coordinada en las próximas semanas.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional horas después de que el Nobel de la Paz distinga a Navi Pillay, exjueza del tribunal.
- Datos importantes: La CPI nació en 2002 y agrupa a 125 Estados; España firmó el Estatuto de Roma en 1998 y lo ratificó en 2000. La UE tiene un mecanismo de bloqueo desde 1996.
- Resumen: El pulso golpea el derecho internacional que España ayudó a construir y expone a las empresas europeas que operan con La Haya.
