El nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Vigo (PGOM) tramita ya más de 10.200 viviendas, y seis de cada diez llevarán protección.
Diez mil doscientas viviendas sobre la mesa y seis de cada diez protegidas
El Concello de Vigo —el ayuntamiento, en la terminología municipal gallega— acumula promociones residenciales por encima de las 10.200 viviendas, poco más de un año después de que entrara en vigor el nuevo planeamiento, según los datos municipales que recoge la prensa local. De ese volumen, 6.120 pisos, alrededor del sesenta por ciento, quedarán sujetos a algún régimen de protección. La cifra se mide contra una lista de espera de 11.516 demandantes de vivienda protegida inscritos en la ciudad.
Los ámbitos grandes sostienen el grueso del cálculo. En Vilar-Ofimático, donde la Xunta de Galicia prevé 2.000 viviendas; en Ramón Nieto, con otras 1.400; y en Santa Cristina, 200 promovidas directamente por el Concello, todas ellas protegidas. Son tres ritmos distintos bajo un mismo plan.
El Concello ha firmado ya convenios para desarrollar por iniciativa privada Alfageme, La Artística, y Plaza de España. Los acuerdos contemplan, además de las viviendas, cesiones de suelo para dotaciones públicas y medidas vinculadas a la conservación del patrimonio industrial.
Plaza de España es, en realidad, dos operaciones a la vez: la residencial y la urbana. Los convenios reservan terrenos para cerrar el anillo exterior de circulación, lo que permitiría desviar buena parte del tráfico y avanzar hacia una plaza semipeatonal. Los estudios de detalle están en marcha y el gobierno municipal convocó un concurso de ideas para definir el nuevo diseño del espacio.
Vigo pone en tramitación más vivienda protegida que muchas capitales españolas en una legislatura, pero su lista de espera no baja.
Otros ámbitos empiezan a desbloquearse. En la Metalúrgica se inició la tramitación de un estudio de detalle para una torre residencial de 19 plantas, después de tres décadas de espera. Entre Jacinto Benavente y Torrecedeira, el planeamiento reserva el 75% del suelo a uso residencial, con una previsión de entre 400 y 450 viviendas. Se activan también A Seara, entre Tomás Alonso, la calle Coruña y López Mora, y Castro Castriño, en la falda entre Coia y Tomás Alonso. Y en Samil, entre la avenida de Europa y Camiño Pertegueiras, se han dado los primeros pasos para hasta 2.000 viviendas más.
Once mil demandantes y tres décadas de suelos bloqueados
La foto completa tiene dos caras. La primera es la producción de suelo: más de diez mil viviendas en trámite es un volumen que la ciudad no veía desde antes del estallido de la burbuja. La segunda es la demanda: 11.516 expedientes de vivienda protegida esperan turno, y el 60% de protección anunciada no cierra por sí solo esa brecha.
El factor tiempo juega en contra. Un estudio de detalle, una reparcelación y una licencia de obra pueden consumir varios años antes de que la primera llave gire en la cerradura. En la Metalúrgica ese reloj lleva parado desde los años noventa. Eso sí, los convenios con promotores privados también ceden suelo para dotaciones y patrimonio industrial, lo que reduce superficie lucrativa y encarece la operación para quien construye.
El mapa institucional se reparte entre administraciones de distinto signo. La Xunta de Galicia, gobernada por el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, con mayorías absolutas consecutivas desde 2009), promueve Vilar-Ofimático. El Concello, de mayoría socialista desde hace casi dos décadas, impulsa Santa Cristina y las operaciones de Plaza de España. El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) sitúan la vivienda en el centro de su confrontación con el Ejecutivo autonómico en el Parlamento de Galicia. Nadie discute el número. Se discute el calendario.
El Laboratorio Gallego
Galicia gobierna con mayoría absoluta del PPdeG desde 2009, y cada vez que aprueba un instrumento urbanístico lo está ensayando para un debate que después escala. La vivienda es hoy el primer asunto de la agenda nacional, y el caso vigués ofrece una fórmula concreta: ceder suelo a promotores privados a cambio de que seis de cada diez pisos nazcan protegidos, en lugar de intervenir directamente el mercado. Es un patrón que el PP nacional observa con atención y que el Ejecutivo autonómico que preside Alfonso Rueda ha convertido en bandera de gestión, mientras el BNG reclama más parque público y el PSdeG exige acortar los plazos administrativos.
Hay una incógnita que ninguna rueda de prensa resuelve: cuántas de esas 6.120 viviendas protegidas estarán disponibles antes de que se agote la actual lista de 11.516 solicitantes. La respuesta depende de trámites municipales, de financiación autonómica y de un mercado de construcción con costes al alza, según los datos generales de coyuntura que publica el INE. La proyección inmediata es clara: el concurso de ideas de Plaza de España, los estudios de detalle de la Metalúrgica y Samil, y la próxima cita electoral municipal marcarán si el modelo vigués se consolida o se queda en papel.
Lo que se ensaya en Vigo rara vez se queda en Vigo. Quien siga el urbanismo gallego sabe que los planes generales tardan una década en dar fruto y dos en ser juzgados.
Ficha del Caso
- El caso: El planeamiento urbanístico de Vigo, en vigor desde hace algo más de un año, empuja promociones por más de 10.200 viviendas, con un 60% bajo algún régimen de protección.
- Datos importantes: 10.200 viviendas en trámite; 6.120 protegidas; 11.516 demandantes inscritos; Vilar-Ofimático (2.000, Xunta), Ramón Nieto (1.400), Samil (hasta 2.000), Santa Cristina (200, municipales) y una torre de 19 plantas en la Metalúrgica.
- Resumen: Vigo ensaya un crecimiento con mayoría de vivienda protegida mediante convenios con promotores privados, un patrón que se sigue con lupa desde la política nacional de vivienda.
