EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El consejero Manuel Miranda defiende en comisión parlamentaria los acuerdos extrajudiciales firmados con promotores turísticos.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias y su Consejería de Política Territorial; Nueva Canarias ejerce la oposición.
- ¿Qué impacto tiene? Canarias compromete 316 millones y evita indemnizaciones de hasta casi 1.000 millones.
El Gobierno de Canarias cifra en 980 millones el ahorro turístico de los arreglos extrajudiciales firmados con promotores del sector.
La cifra la puso sobre la mesa el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, en su comparecencia del pasado viernes en comisión parlamentaria. Allí defendió los acuerdos alcanzados con promotores turísticos que ya tenían sentencias favorables contra la Administración autonómica por el incumplimiento del artículo 17.1 de la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial.
Un acuerdo de 316 millones para cerrar un problema que arranca en 2017
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando los promotores empezaron a reclamar por la aplicación defectuosa de aquella norma. Los tribunales les dieron la razón en varios expedientes. El asunto arrastraba ya nueve años de litigios y una factura pendiente difícil de esquivar para las arcas del Gobierno de Canarias.
La cantidad final se ha fijado en 316 millones de euros, avalada por los servicios jurídicos del Ejecutivo y por los propios tribunales. Miranda defiende que era la opción «menos lesivo» para el dinero público, porque existían aspectos interpretables y la reclamación podía haber escalado hasta casi 1.000 millones. Entre pagar 316 y arriesgarse a mil, el Ejecutivo eligió lo primero.
Lo que Nueva Canarias exige y lo que el Ejecutivo promete
La diputada de Nueva Canarias Esther González puso el foco en los números. Recordó que el propio consejero había cifrado en 652 millones las cantidades reclamadas judicialmente por los propietarios y en 316 millones el importe de los acuerdos extrajudiciales. Para su grupo, se trata de la mayor indemnización asumida por el Gobierno de Canarias.
González reclamó además información «transparente» sobre los 36 expedientes de reconocimiento extrajudicial. Según dijo, solo ha recibido de la Consejería 31 acuerdos. Faltan cinco. Miranda respondió que mantiene su compromiso con la transparencia y que preguntará por los pendientes para hacer llegar la documentación al Parlamento de Canarias. Algunos siguen abiertos y todavía no tienen cantidad fijada.
Canarias paga 316 millones por no haber aplicado bien una ley, y el Ejecutivo convierte esa factura en un ahorro de 980.
El consejero explicó también por qué no se aferró a los informes técnicos que tenía. La alternativa era negociar o dejar que los procedimientos siguieran su curso, con plazos de entre cinco y diez años y los intereses de demora acumulándose. Negociar salía más barato que esperar. Miranda añadió que el asunto queda zanjado y que el próximo Gobierno «no tendrá este asunto en cartera».
El Pulso Territorial
El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo al frente de la coalición entre Coalición Canaria y el PP, encara el tramo final de la legislatura con esta carpeta prácticamente cerrada. La norma que originó todo nació en 2009, en plena crisis, con el objetivo declarado de agilizar la ordenación del territorio y dinamizar la actividad en las islas. Diecisiete años después, su aplicación defectuosa ha acabado costando cientos de millones.
Con un peso del turismo equivalente a un tercio del PIB del archipiélago, cada sentencia en este ámbito se convierte en un asunto político de primer orden. Según Nueva Canarias, ninguna indemnización anterior del Ejecutivo autonómico se acerca a esta cifra. Quedan cinco expedientes por cerrar y sin importe asignado, y las elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2027.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias cierra por vía extrajudicial las reclamaciones de promotores turísticos por el incumplimiento de la Ley 6/2009 de ordenación territorial.
- Datos importantes: 316 millones en acuerdos frente a 652 millones reclamados judicialmente. El Ejecutivo habla de un ahorro de 980 millones. De los 36 expedientes, Nueva Canarias ha recibido 31.
- Resumen: Miranda defiende el acuerdo como la opción «menos lesivo». Quedan cinco expedientes abiertos y sin cantidad fijada.
