La encuesta de hogares del IGE ya no dice cuántos gallegos llegan a fin de mes. El Instituto Galego de Estatística (IGE), el organismo público que produce las estadísticas oficiales de la comunidad, ha dejado de difundir el indicador sobre dificultades económicas de las familias gallegas y lo atribuye a “incoherencias detectadas entre los datos trimestrales y anuales”.
El último dato disponible es del cuarto trimestre de 2025. Entonces, el 43% de los gallegos decía tener dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes. Desde enero, los tres trimestres publicados han salido sin esa pregunta; el último, correspondiente al tercer trimestre, llegó el viernes 9 de octubre y tampoco la incluye. Ni un número. Ni una serie. El indicador se ha apagado con una nota al pie como único rastro.
Esa nota es toda la versión oficial. “Esta información dejará de publicarse temporalmente”, sostiene el instituto, que no ofrece calendario de vuelta ni detalle metodológico sobre las supuestas incoherencias. Cabe recordar que el IGE dejó de colgar de la Consellería de Facenda (el equivalente gallego de un ministerio autonómico) para depender directamente de la Presidencia de la Xunta. La respuesta no está en un despacho técnico: está en San Caetano.
El indicador que se apagó sin ruido
Hasta octubre de 2024, el IGE era una institución ajena a los sobresaltos. Ese mes publicó una encuesta que cayó como un jarro de agua fría: uno de cada tres niños gallegos de entre 5 y 14 años no sabía hablar gallego. La franja se correspondía con la generación educada bajo el Decreto do Plurilingüismo de 2010, aprobado por Alberto Núñez Feijóo al poco de llegar a la Presidencia.
El resultado no sentó bien en el Gobierno gallego, que encargó a una empresa privada una encuesta con conclusiones opuestas. Cinco meses después, en marzo de 2025, el instituto pasó a depender de Presidencia y la Xunta anunció un contrato para que una empresa externa “centralizase, xestionase e explotase” los datos estadísticos públicos. En junio fue destituido José Antonio Campo Andión, presidente del organismo durante 30 años repartidos en dos etapas.
No son el mismo instrumento: la encuesta del gallego era estructural y la que ahora se silencia es coyuntural y trimestral. El patrón, en cambio, se repite. Dato incómodo, respuesta institucional, silencio posterior.
Un instituto de estadística que cambia de jefe, de tutela y de proveedor en quince meses deja de ser un termómetro y pasa a ser una decisión política.
De ahí sale la derivada difícil de esquivar. Un organismo que responde ante el presidente autonómico decide, en la práctica, qué se mide y qué no. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral, con 75 deputados), el BNG (o Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) no dispone de mayoría para forzar la publicación de un dato que depende del Ejecutivo.
Una estadística con tutela presidencial
La secuencia administrativa ayuda a dimensionar lo ocurrido. Un instituto de estadística gana autoridad con dos cosas: independencia y continuidad. El IGE ha perdido ambas en año y medio. Cambió de consellería, cambió de jefe, cambió de proveedor tecnológico, y cambió la manera de publicar una serie sensible desde el punto de vista social.
Nada de esto es ilegal. La Xunta puede reorganizar sus servicios y adjudicar contratos dentro de la normativa. El problema no es la legalidad: es la apariencia de independencia. Un instituto que responde ante el presidente del Gobierno que lo recibe arrastra un conflicto de imagen difícil de gestionar. Y en Galicia hay un precedente cercano: el dato del gallego se corrigió encargando otra encuesta.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva gobernada por el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el poder con mayorías absolutas consecutivas desde 2009), y Alfonso Rueda ocupa la Presidencia de la Xunta de Galicia desde 2022. El hemiciclo tiene 75 escaños y el Gobierno autonómico no necesita socios para sacar sus cuentas adelante.
Al otro lado, el PSdeG (la federación gallega del PSOE) y el BNG no tienen herramientas para forzar la publicación de un indicador que sale de un instituto tutelado por el Ejecutivo. La mayoría absoluta convierte cada silencio estadístico en una decisión sin contrapeso parlamentario inmediato.
La lectura nacional es la habitual en este vertical. Feijóo aprobó en 2010 el decreto del plurilingüismo que años después retrató la encuesta del gallego, y en 2025, ya como líder del PP en Madrid, su sucesión al frente de la Xunta reorganizó el instituto y externalizó la explotación de los datos públicos. El “modelo gallego” que reivindica como carta de presentación incluye también su letra pequeña, y esa letra pequeña se llama opacidad estadística.
La próxima cita es la Enquisa conxuntural a fogares del cuarto trimestre de 2026, que con el calendario habitual llegaría a comienzos de 2027. Si vuelve sin el dato, la suspensión “temporal” habrá cumplido un año completo. Para entonces, el Parlamento habrá tenido margen para reclamar explicaciones y el debate seguirá abierto. La incógnita no es técnica. Es política.
Ficha del Caso
- El caso: El IGE ha dejado de publicar en su encuesta trimestral a hogares el dato sobre dificultades para llegar a fin de mes. Alega “incoherencias” entre series trimestrales y anuales y no da fecha de vuelta.
- Datos importantes: El 43% de los hogares gallegos declaraba dificultades o muchas dificultades en el cuarto trimestre de 2025. En 2026 no se ha publicado ningún dato. El instituto pasó de Facenda a Presidencia en marzo de 2025 y su presidente histórico fue destituido en junio.
- Resumen: La supresión debilita la serie social más sensible de Galicia y reabre el debate sobre la independencia del organismo. La lectura nacional apunta al modelo de gestión que Feijóo presenta como aval ante el conjunto de España.
