EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Isabel Díaz Ayuso ha exigido a la Delegación del Gobierno en Madrid que aclare si la acampada de la Puerta del Sol está gestionada por un grupo con antecedentes terroristas propalestinos.
- ¿Quién está detrás? La presidenta de la Comunidad de Madrid, que señala directamente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y advierte de que responderá de todo lo que ocurra.
- ¿Qué impacto tiene? La Comunidad ya ha pedido a los juzgados el desalojo del campamento y mantiene abierto un pulso de orden público con la Delegación.
Isabel Díaz Ayuso exige a la Delegación del Gobierno en Madrid que aclare si un grupo con antecedentes terroristas propalestinos gestiona ya la acampada de la Puerta del Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó el aviso durante un acto de precampaña del Partido Popular en Ifema.
La pregunta de Ayuso a la Delegación del Gobierno
El mensaje tiene destinatario con nombre y apellidos: el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. ‘Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando la acampada de Sol’, ha exigido Ayuso. Y, a continuación, la advertencia: ‘Sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda. Que lo sepa’.
No es una salida improvisada. La Comunidad de Madrid ya ha registrado en los juzgados su petición de desalojo del campamento, después de intentar sin éxito que la Justicia adoptara medidas cautelares. Desde el Ejecutivo autonómico se atribuye al delegado una inactividad deliberada ante un fenómeno que lleva semanas creciendo frente a la sede de la Presidencia madrileña.
La presidenta autonómica sostiene que en la Puerta del Sol ‘no hay Estado de Derecho’ y que ‘nadie se hace responsable de lo que ahí está pasando’. Cientos de personas ocupan la plaza desde finales de septiembre. Una concentración que, según el Gobierno madrileño, genera desorden, y caos sin que la autoridad competente intervenga.
El detonante de la protesta fue el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda en Retiro que falleció esta misma semana en el hospital al que había ingresado tras el lanzamiento. Un drama humano que, sin embargo, ha derivado en un pulso de orden público con actores muy distintos a los que reivindican la vivienda.
La Comunidad de Madrid no discute el derecho a protestar: discute quién manda en la plaza y por qué la Delegación del Gobierno mira hacia otro lado.
En el mismo acto, la presidenta madrileña denunció que ‘gobierna la mafia’ ante el posible indulto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ayuso enmarca así la eventual medida de gracia en el patrón general del Ejecutivo de Sánchez, al que atribuye una impunidad selectiva.
La ofensiva no se limita al campamento. La presidenta popular aprovechó su intervención para reivindicar el papel de la Comunidad de Madrid como primera línea de oposición al Gobierno central, una posición que viene reclamando desde hace meses en cada comparecencia pública.
Samidoun, la Vuelta y quién controla el campamento
Ayuso apuntó directamente a la naturaleza de los grupos que se han ido sumando al campamento. Recordó que países como Estados Unidos y Canadá han incluido en sus listas de organizaciones terroristas a ‘la gente que hoy tenemos en la Puerta del Sol. Se refiere a Samidoun, organización vinculada a la milicia islamista Hamás que lideró el boicot a la Vuelta a España y que ahora se ha hecho presente en la acampada.
Junto a ella operan, según las informaciones disponibles, grupos radicales trans y colectivos de Extinction Rebellion. Distintas fuentes próximas al conflicto sostienen que estos colectivos violentos estarían desplazando al Sindicato de Inquilinas en el control efectivo del espacio. Un relevo que, de confirmarse, cambiaría por completo la naturaleza de la protesta.
El Eje del Poder Popular
La ofensiva de Ayuso no se entiende sin el marco más amplio en el que se mueve el Partido Popular. Madrid lleva meses convertida en el principal tablero de fricción entre el Gobierno central y la primera autonomía del país. Cada decisión de la Delegación del Gobierno se lee en Génova como un test de hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo de Sánchez para desgastar a la presidenta popular.
El movimiento encaja con la estrategia que Alberto Núñez Feijóo viene desplegando en el Senado y en el Congreso: señalar la inacción del Gobierno en materia de orden público y seguridad y reclamar que asuma su responsabilidad institucional. La diferencia es que aquí la vara de medir no es una PNL ni un veto, sino una plaza ocupada a pocos metros de la sede del Ejecutivo madrileño.
En clave territorial, el caso madrileño funciona como precedente para el resto de comunidades gobernadas por el PP. Ninguna otra afronta una acampada de esta envergadura, pero todas observan el criterio con el que la Delegación del Gobierno —dependiente del Ejecutivo central— interpreta su papel ante concentraciones que derivan en problemas de seguridad. Cabe recordar que el orden público en la capital es competencia exclusiva del Ministerio del Interior.
Donde Ayuso pone el dedo es en una contradicción difícil de tapar: el mismo Gobierno que presume de firmeza frente a la ocupación tolera un campamento permanente frente a su propia delegación. El riesgo inmediato es que el pulso se cronifique. La ventana crítica llega en los próximos días, cuando los juzgados se pronuncien sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Orden público y responsabilidad institucional: la Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que deje de mirar hacia otro lado.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
- Próximo hito: Resolución judicial sobre las medidas cautelares pedidas por la Comunidad de Madrid para desalojar la acampada.
