EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juez instructor ha cerrado la instrucción del caso Jornadas del Paisaje y aprecia indicios de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación de los eventos celebrados entre 2016 y 2019 en Gran Canaria.
- ¿Quién está detrás? Siete investigados, entre ellos la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo, Inés Miranda, y el entonces interventor general, José Juan Sánchez Arencibia. La Fiscalía y el resto de acusaciones disponen de diez días para pronunciarse.
- ¿Qué impacto tiene? La causa entra en su fase decisiva, con un perjuicio estimado para las arcas públicas de al menos 11.000 euros y adjudicaciones fragmentadas en contratos menores. Todavía no hay condena ni fecha de vista oral.
Siete investigados, tres delitos y un plazo de diez días: el caso Jornadas del Paisaje se acerca al juicio oral.
El juez instructor ha dado por cerrada la instrucción y aprecia indicios de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración en la organización de las jornadas que el Cabildo de Gran Canaria celebró entre 2016 y 2019. La resolución, fechada el 3 de octubre, deja el caso en manos de la Fiscalía y del resto de acusaciones. No hay condena ni fecha de juicio.
Contratos troceados y un perjuicio de al menos 11.000 euros
Según el auto, los investigados concertaron la organización de las jornadas para que recayera en en personas y empresas elegidas de antemano. El mecanismo pasaba por trocear el encargo en varios contratos menores, la fórmula que la normativa de contratación pública reserva para importes reducidos y que permite adjudicar de forma directa, sin publicidad ni competencia. Ese reparto habría dejado fuera a cualquier otra empresa interesada.
El rastro del dinero lleva a dos entidades que cobraron del Cabildo. Imaco 89, administrada por la esposa del entonces interventor general, habría percibido 44.503,75 euros de los 67.217,40 que recibió el Instituto Canario de Telecomunicaciones, y 14.924,24 de los 14.950 euros abonados a Yedra Comunicación por las jornadas de 2019. A eso se suma un perjuicio para las arcas públicas de al menos 11.000 euros por el reparto de patrocinios.
La cifra es modesta frente a otros escándalos de contratación pública. Sin embargo, el tipo penal no se mide en euros: la prevaricación castiga resolver a sabiendas de la injusticia del acto. El auto pone el foco en cómo se tramitaron los expedientes, no solo en cuánto se pagó.
La causa no se sostiene sobre un gran desfalco, sino sobre la sospecha de que el dinero público se repartió antes de que nadie pudiera competir.
De la consejera al interventor: quién se sienta en el banquillo
Encabeza la nómina de investigados Inés Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, y junto a ella el entonces interventor general José Juan Sánchez Arencibia. Ambos son los nombres con mayor peso institucional de la causa.
Completan la lista el exdirector general de Política Territorial Rafael Pedrero, el director de Desarrollo Estratégico del PIO/GC, el plan de ordenación insular, Víctor Quevedo, y los administradores de las empresas adjudicatarias.
Para el interventor, el juez añade un delito más: negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, por los expedientes vinculados a la empresa de su esposa. El Cabildo figura como institución perjudicada, no como investigada, y se ha declarado dispuesto a colaborar.
Las acusaciones disponen ahora de diez días para pedir la apertura de juicio oral, formular acusación o solicitar el sobreseimiento. Contra el auto cabe recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación, en tres días desde el siguiente al de la notificación. Nadie ha sido condenado todavía. La vista oral puede llegar o puede apagarse antes.
El Pulso Territorial
Canarias encara el último tramo de una legislatura que se decidirá en las urnas en mayo de 2027. El Gobierno autonómico, presidido por Fernando Clavijo con el respaldo de Coalición Canaria y el PP, comparte calendario con la renovación de los siete cabildos y los 88 municipios del archipiélago. Un procedimiento que salpica a una consejera del Cabildo de Gran Canaria tiene lectura política, por mucho que el proceso sea estrictamente judicial.
Gran Canaria concentra, junto a Tenerife, el grueso de la población y del presupuesto insular. El Cabildo gestiona carreteras, aguas, residuos y buena parte de la agenda cultural de la isla, y las jornadas investigadas nacieron con vocación de programa público. Los 82.167,40 euros que suman los dos encargos analizados quedan lejos de los grandes casos de malversación que se instruyen en otras comunidades autónomas, pero la calificación penal no se mide en euros.
Queda un trámite con reloj. Si las acusaciones piden el juicio oral, el juzgado decidirá si abre la vista y con qué acusaciones concretas; si alguna opta por el sobreseimiento, la causa puede reducirse o diluirse. La instrucción de una contratación irregular rara vez se resuelve en pocos meses, y esta acumula ya varios ejercicios. Canarias mira ese calendario con la precampaña de 2027 al fondo.
Ficha Autonómica
- El caso: El juez da por cerrada la instrucción sobre la contratación de las Jornadas del Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, celebradas entre 2016 y 2019, y aprecia indicios de delito en siete personas.
- Datos importantes: Auto fechado el 3 de octubre; prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y negociaciones prohibidas para el interventor. Perjuicio estimado de al menos 11.000 euros. Diez días para las acusaciones y tres para recurrir.
- Resumen: El procedimiento no está cerrado. Depende de si la Fiscalía y las acusaciones piden el juicio oral, acusan o solicitan el sobreseimiento. La causa sigue abierta contra Inés Miranda y los otros seis investigados, sin condena y sin fecha de vista.
