La UE ha pagado 7.900 millones de euros a Moscú por GNL del Ártico en lo que va de 2026. Son los primeros nueve meses del año y el volumen acumulado, 12,18 millones de toneladas, marca el récord histórico de compras europeas al proyecto Yamal, según los datos de la firma Kpler recopilados por la ONG alemana Urgewald.
El registro dinamita el relato oficial de Bruselas. La Comisión Europea vendió REPowerEU como la palanca para cortar la dependencia energética de Rusia; cuatro años después, los puertos comunitarios recibieron un 9,5% más de gas ártico que en el mismo periodo de 2025. El embargo completo no llegará hasta el 1 de enero de 2027.
Francia importó casi tres cuartas partes de todo el GNL que entró en la UE durante septiembre, con los puertos de Dunkerque y Montoir como principales puertas de entrada. Países Bajos y Portugal también recibieron cargamentos. En España no se ha registrado ninguno; tampoco en la terminal belga de Zeebrugge.
La paradoja es de manual. La UE prohibió a comienzos de 2026 firmar nuevos contratos energéticos con Rusia y, el 25 de abril, cerró el grifo a los contratos de corta duración vigentes. Las entregas de septiembre, sin embargo, alcanzaron las 792.440 toneladas, ligeramente por encima del nivel de un año antes. El cerco funciona donde se aplica, y no donde importa.
Hasta que el veto total entre en vigor, cada metanero que atraca en un puerto europeo sigue financiando la guerra de Putin contra Ucrania. Y una paradoja mayor: Washington, el principal proveedor de GNL del continente, se convierte en el árbitro del suministro energético europeo.
Bruselas ha convertido la ruptura con Moscú en un calendario: hasta 2027, el gas ruso que entra en Europa depende de la buena voluntad de quien dice querer sancionarlo.
Una prohibición por partes que no detiene ni un metanero
El 22º paquete de sanciones que prepara la UE es la próxima ventana para cerrar las lagunas. Urgewald reclama que golpee la flota especializada de buques metaneros de clase de hielo Arc7, imprescindible para sacar el gas del Ártico. Sin esos barcos, el sistema de exportación de Yamal se vuelve vulnerable.
‘La UE no debería esperar pasivamente a que el embargo de 2027 entre en vigor’, sostiene la organización en su comunicado. ‘El próximo paquete de sanciones debería cerrar las lagunas restantes, sobre todo aquellas que mantienen en funcionamiento la indispensable flota de metaneros de GNL Arc7.’
Sebastian Rötters, responsable de campañas de energía en Urgewald, admite que el impacto de las primeras restricciones fue limitado porque la mayor parte de la capacidad exportadora rusa está atada a contratos de larga duración. El examen real, señala, será la eliminación progresiva de 2027.
Francia como puerta de entrada y Washington como árbitro
La Administración Trump se ha colocado en el centro del tablero. La Ley Lindsey Graham permite a Washington sancionar las entregas de GNL ruso a Europa antes de que entre en vigor el veto europeo. El próximo 18 de octubre es la fecha límite para la primera revisión de esa norma: el presidente debe elaborar una lista de los buques que transportan gas ruso y someterlos a sanciones, salvo exenciones.
El detalle importa. Esa lista puede convertirse en un arma arancelaria o en papel mojado según la voluntad política de la Casa Blanca. Y Trump, que acaba de cerrar con Putin un acuerdo para importar crudo ruso y abaratar precios de cara a las elecciones de medio mandato, no ha dado señales de querer apretar a Moscú. El suministro europeo queda, de facto, en manos de un socio que juega su propia partida.
Europa afronta este escenario con los niveles de almacenamiento de gas en mínimos históricos y una temporada de invierno imprevisible por delante. La dependencia de Washington es el precio de haber sustituido un proveedor hostil por otro que negocia desde la posición de fuerza.
El Eje del Poder Europeo
El pulso energético revela la geometría variable de la UE. Francia, tradicional abanderada de la autonomía estratégica europea, es hoy, la mayor puerta de entrada del GNL ártico: absorbió casi el 75% de las entregas de septiembre. París predica la soberanía en los discursos y compra gas ruso en los muelles. No es un desliz de Dunkerque; es una constante de su política energética desde 2022.
Los estados del sur juegan otra carta. España, con una red de regasificación líder en Europa y más de 140.000 millones de euros comprometidos de Next Generation hasta 2026, no ha registrado un solo cargamento de Yamal. Portugal, en cambio, sí aparece en la lista. La península se parte en dos comportamientos y Bruselas no ha impuesto una disciplina común: cada capital optimiza su suministro sin rendir cuentas al resto.
La contradicción de fondo es estratégica. La UE ha construido su política climática sobre la promesa de la autonomía energética, pero no ha logrado sustituir la dependencia rusa: la ha reciclado hacia Noruega, Argelia y, sobre todo, Estados Unidos. El resultado es que Bruselas decide sus embargos mirando de reojo a la Casa Blanca. La soberanía que se prometía en 2022 se negocia hoy en Washington.
El precedente tiene nombre: la crisis del gas de 2021-2022, cuando Moscú usó los flujos como arma y Europa descubrió que su seguridad energética era papel mojado. Cuatro años después, el diagnóstico es el mismo con un proveedor distinto. La lección no se ha aprendido; el calendario se ha estirado.
La próxima ventana crítica llega en dos tiempos. El 18 de octubre, con la lista de buques que debe publicar Washington. Y el 1 de enero de 2027, cuando el veto total de la UE entre en vigor. Entre las dos fechas, cada cargamento de Yamal que amarre en Europa será la prueba de que la ruptura con Moscú sigue siendo, de momento, una promesa con fecha de caducidad.
