La Policía Nacional ha desarticulado una red de ‘andarines’ en Madrid que explotaba a repartidores irregulares con jornadas de hasta 14 horas a pie y 0,7 euros por bulto entregado. Cuatro personas han sido detenidas, una de ellas mujer, por pertenencia a organización criminal, explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal.
La operación, adelantada por ABC Madrid el 9 de octubre, coloca el foco en el tramo más opaco del reparto de última milla: el que va desde que el paquete sale del centro de distribución hasta que alguien lo deja en el portal de un bloque de Carabanchel, Vallecas o Tetuán. En ese trayecto no hay alta, ni nómina, ni aplicación que guarde el nombre de quien empuja el carro.
De la parroquia al descampado: cómo captaban a las víctimas
El primer contacto llegaba por redes sociales, por aplicaciones de mensajería e incluso por el boca a boca entre feligreses de varias parroquias, según recoge la investigación policial. La oferta sonaba razonable: un puesto de trabajo, un contrato prometido y ayuda para regularizar la situación administrativa en España. Ninguna de esas tres cosas existía.
Tras una supuesta entrevista, los reclutadores citaban a la víctima en un punto de encuentro. Allí la recogían en las mismas furgonetas que después harían el reparto y la trasladaban a un descampado, donde le asignaban un carro de grandes dimensiones que debía recargar hasta dos veces por jornada. La trama llegó a contratar a menores de edad y ofreció puestos de conductor a personas sin permiso.
Catorce horas, seis días y 0,7 euros por bulto
El engranaje funcionaba con precisión de cadena de montaje. Un miembro acreditado entraba en el centro de distribución y cargaba los paquetes en la misma puerta, porque era el único autorizado a pisar el interior; los demás esperaban fuera. Los bultos viajaban sin ninguna protección frente a la lluvia, el frío o el calor de agosto.
Cada ‘andarín’ iniciaba entonces una jornada de hasta 14 horas, seis días por semana, empujando peso por aceras y rotondas. El precio pactado era de 70 céntimos por paquete: para ingresar 70 euros haría falta entregar cien bultos, a pie, en un solo día. Y el dinero no pasaba por sus manos. La organización les facilitaba sus propias claves de acceso a las aplicaciones de entrega, de modo que el cobro íntegro aterrizaba en las cuentas de los cabecillas.
La trampa no fue el sueldo bajo, sino el contrato que nunca existió y los papeles que nunca llegaron.
Seis días. Catorce horas. Setenta céntimos.
Las víctimas aceptaban precisamente por eso, por la promesa de regularizar su situación, un señuelo eficaz contra quien no puede reclamar sin exponerse. Así se sostenía la estructura: en el escalón más bajo, gente sin papeles con miedo a denunciar; en el más alto, cuatro detenidos con acceso acreditado a los centros de distribución.
Por qué el ‘andarín’ se cuela por la grieta de la Ley Rider
El modelo choca con la norma que ordena el sector desde 2021. La Ley Rider obligó a las plataformas de reparto a contratar por cuenta ajena a sus trabajadores, y desde entonces la figura del falso autónomo quedó en el centro de las actuaciones de la Inspección de Trabajo. La red desarticulada opera un escalón más abajo: sin plataforma que responda, sin alta que revisar, y sin empresa a la que exigir responsabilidad.
Madrid concentra buena parte de los nodos logísticos de la región, desde Mercamadrid hasta los polígonos de Villaverde y Vallecas, pasando por el entorno de Barajas. De ahí salen cada mañana furgonetas que después se desparraman por la ciudad. La Zona de Bajas Emisiones de Madrid 360 filtró desde 2022 el acceso de vehículos contaminantes a la almendra central, pero no dice nada sobre quién baja del vehículo y empuja el carro.
La comparación con Barcelona resulta inevitable. Allí la Inspección de Trabajo y el sector del transporte llevan años en un pulso parecido, con el reparto a domicilio como foco recurrente de fraude. La diferencia es de escala, no de modelo. En Madrid la competencia inspectora es estatal, y las operaciones contra el reparto irregular acaban llegando por la vía policial, casi siempre después de una denuncia o de una víctima que se atreve a dar el paso.
No es un caso aislado. El reparto de última milla ha crecido en la región al ritmo de las compras por internet y, con él, los huecos por los que se cuela la explotación: subcontratas sin rastro, centros de distribución que solo acreditan a un nombre y descampados donde nadie pregunta.
Ese es el punto débil de toda la cadena: sin contrato no hay prueba, y sin papeles la denuncia cuesta el doble. Los cuatro detenidos quedan en manos de la justicia y la causa seguirá engordando, o quedará en nada, según cuántas personas se sienten a declarar en los próximos meses.
La Policía Nacional mantiene abiertos los canales de denuncia de la Policía Nacional para quien sospeche de una oferta laboral sin contrato, una vía que en este tipo de tramas casi siempre empieza por un aviso externo.
Nada indica que el modelo haya desaparecido con esta operación. Los carros seguirán saliendo de los descampados mientras haya quien acepte la promesa de un contrato que no llega.
