Vox pide al Tribunal Supremo que reactive la orden de detención de Puigdemont y carga contra Llarena por una decisión ‘intempestiva’.
Qué pide Vox al Supremo y con qué argumentos
La formación, que ejerce la acusación popular en la causa del procés —el proceso independentista catalán—, ha presentado un escrito ante el alto tribunal en el que recurre la decisión de dejar sin efecto las órdenes de busca y captura contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, procesados por rebeldía. El paso llega después de que el Tribunal Constitucional avalara la amnistía de la malversación.
El argumento central del recurso es que la situación procesal de los tres ‘no ha cambiado’. Según la exposición de Vox, los procesados siguen fuera del territorio nacional y sin haber comparecido ante la justicia. No hay, por tanto, motivo alguno para dejar sin efecto unas órdenes de detención que, a su juicio, deben mantenerse plenamente vigentes.
El partido recuerda que el delito de malversación ‘sigue excluido de la amnistía por resoluciones firmes’ del Tribunal Supremo. Sobre esa base construye el grueso de su oposición a un levantamiento de las órdenes que, sostiene, sitúa a los huidos en una posición de ventaja frente a quienes sí respondieron ante el juez.
El escrito insiste en que la orden de busca y detención es ‘la condición de posibilidad’ del enjuiciamiento, una condición que sigue viva porque el propio instructor no ha resuelto todavía si aplica la amnistía a la causa del expresident. ‘Los procesados no se han presentado ni han sido habidos, y continúan fugados’, subraya el recurso. Vox recuerda además que Puigdemont entró en territorio nacional y volvió a sustraerse de la acción de la justicia el 8 de agosto de 2024.
El partido califica la decisión de Llarena de ‘intempestiva’ y ‘prematura’. Considera que no está demostrado que exista una ‘coincidencia sustancial’ entre el caso de la exconsellera Dolors Bassa, amnistiada por el Tribunal Constitucional, y el de los procesados huidos. Ese salto de un supuesto a otro no puede justificar por sí solo, añade, la desactivación de las órdenes.
Para Vox, la orden de detención es el presupuesto del juicio: sin ella, los fugados quedan mejor situados que quienes comparecieron ante el juez.
El recorrido del recurso y el calendario europeo
El escrito se apoya, además, en el calendario judicial europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado mes de julio avaló la amnistía de la malversación, mantiene pendientes de resolver dos cuestiones prejudiciales sobre la materia. A ellas se suma otra planteada por Vox que reclama la suspensión de las medidas cautelares hasta que haya pronunciamiento definitivo.
La clave procesal, insisten desde el partido, es que Llarena no ha cerrado la puerta a aplicar la amnistía a la causa del expresident. Mientras esa decisión siga abierta, argumenta Vox, la orden de detención no puede caer, porque es el instrumento que garantiza que el procesado responda ante el tribunal cuando se le exija. El recurso pide, en esa línea, que se devuelva vigencia a las órdenes y se mantengan hasta que se despejen todas las incógnitas.
El planteamiento del partido es que el instructor no puede cerrar la vía del enjuiciamiento mientras el Tribunal de Justicia no aclare el alcance de la amnistía. Vox sostiene que la decisión de Llarena se adelanta a ese pronunciamiento y anticipa un desenlace que aún no está escrito. Esa precipitación, argumenta, es justamente lo que convierte la medida en impugnable.
La estrategia de Vox
El movimiento encaja en la estrategia sostenida de Vox de mantener viva la causa del procés como palanca de oposición al Gobierno y como recordatorio de las costuras de la amnistía. El partido, que ejerce la acusación popular, ha convertido los tribunales en un frente permanente: cada paso que interpreta como un avance hacia la impunidad se traduce en un nuevo escrito y en una nueva exigencia de rendición de cuentas.
La decisión de Llarena y el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía de la malversación han reactivado ese frente. Vox subraya que existe un precedente que el propio instructor habría pasado por alto: el caso de Dolors Bassa no es equiparable al de un procesado fugado. La diferencia, sostiene, es la que separa a quien se somete a la justicia de quien huye de ella.
Con el recurso ya registrado, el siguiente hito es la respuesta del Tribunal Supremo, que deberá decidir si admite a trámite la petición de Vox y si devuelve vigor a unas órdenes que el instructor consideró agotadas. De ese pronunciamiento depende que la causa del procés se mantenga abierta, un pulso que el partido no piensa abandonar mientras el expresident siga fuera de España.
