Santiago Abascal responde a Conde-Pumpido después de que el presidente del Tribunal Constitucional dijera que cuestionar al TC es cuestionar la democracia. El líder de Vox ha escrito en la red social X que el máximo responsable del órgano de garantías ‘se cree dios’ y que tanto él como el Gobierno de Pedro Sánchez son ‘un peligro para la democracia y un peligro para España’.
El mensaje llegó horas después de que Conde-Pumpido defendiera en una entrevista en El País el papel del tribunal: ‘Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia’. El magistrado añadió que ningún miembro de un poder del Estado ‘debería descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal’. Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y preside el órgano desde enero de 2023.
Qué ha dicho Abascal y con qué argumentos responde Vox al Constitucional
El mensaje del presidente de Vox, difundido en su cuenta de X, no deja margen a la interpretación: ‘Se puede cuestionar al Tribunal Supremo, se puede cuestionar la unidad nacional que es el fundamento de la Constitución, se puede cuestionar a la prensa, se puede cuestionar todo… pero no se puede cuestionar a Pumpido. Pumpido se cree dios. Y Sánchez debe ser su enviado, claro. Son un peligro para la democracia y un peligro para España’.
La dirección del partido sostiene que Conde-Pumpido ha convertido una objeción política legítima en una acusación contra la democracia y que ese movimiento sitúa al tribunal por encima del debate público. Según el argumentario que Vox repite desde hace años, el Constitucional no puede blindarse frente a la crítica: su legitimidad se apoya en la motivación de sus resoluciones y en la separación de poderes, no en la autoridad personal de quien lo preside.
A ese razonamiento se suma la tesis de fondo del partido. Para Vox, el Constitucional ha funcionado en los últimos años como avalista de decisiones clave del Ejecutivo, y esa percepción explica la dureza del choque. La renovación del órgano, cerrada a finales de 2022 tras más de dos años de bloqueo, es otro de los episodios que la formación cita como ejemplo del reparto por cuotas que denuncia.
Vox insiste en que cuestionar una resolución no es cuestionar la Constitución, sino ejercer la libertad de crítica que la propia Carta Magna ampara. De momento no consta una reacción oficial del Gobierno a las palabras de Abascal, ni un pronunciamiento del resto de los grupos parlamentarios.
El choque no es menor: Vox traslada a la opinión pública la tesis de que el Constitucional se ha convertido en la última defensa del Gobierno.
Qué recorrido tiene el choque y qué peso tiene Vox en el debate institucional
El intercambio no se produce en el vacío. Vox cuenta con 33 diputados en el Congreso, tercera fuerza de la Cámara, y ha hecho de la crítica a los nombramientos por cuotas una seña de identidad parlamentaria. Su margen para traducir ese discurso en cambios normativos es limitado: cualquier reforma del sistema de designación de los magistrados exige mayorías que el partido no alcanza por sí solo. Tampoco bastaría con el respaldo del PP para una reforma de ese calado.
Doce magistrados componen el Tribunal Constitucional: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial, según el artículo 159 de la Constitución. La composición actual y las funciones del órgano pueden consultarse en la web oficial del Tribunal Constitucional.
La lectura estratégica: por qué Vox coloca al Constitucional en el centro de su agenda
El episodio sitúa además al tribunal en un terreno incómodo. Un órgano cuya legitimidad descansa en la defensa de la Constitución entra en el debate político cuando su presidente responde a las críticas de un partido con representación parlamentaria. No es una posición cómoda para quien reclama no ser cuestionado.
La secuencia encaja en una línea que el partido cultiva desde 2019: la defensa de la separación de poderes y la denuncia de los nombramientos cruzados entre formaciones. Vox sostiene desde hace años que los vocales del órgano de gobierno de los jueces deben ser elegidos por los propios jueces. No es una bandera exclusiva, pero le sirve para marcar perfil propio frente a un PP que ha concentrado su oposición en la vía de los recursos ante los tribunales.
Nuestra lectura es que el episodio refuerza una tesis que Vox lleva tiempo instalando en el debate público: el problema no es quién interpreta la Constitución, sino quién decide quién la interpreta. Cada vez que la presidencia del tribunal responde a una crítica política con el argumento de la defensa de la democracia, el partido obtiene un ejemplo más para sostener esa tesis. Y mantiene, de paso, un asunto que le permite tensar el pulso con el PP antes de cualquier negociación de investidura.
