EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Ayuso ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, que aclare si Samidoun —red prohibida en Alemania, EEUU y Canadá por financiar al FPLP— ejerce funciones de control en la acampada de la Puerta del Sol.
- ¿Quién está detrás? La presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto de precampaña en Ifema junto a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida.
- ¿Qué impacto tiene? Madrid seguirá acudiendo a los tribunales tras el varapalo del TSJM a su medida cautelarísima de desalojo.
Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de consentir que Samidoun opere con total normalidad en Madrid. La presidenta de la Comunidad ha exigido al delegado del Gobierno, Fran Martín, que aclare si esa red —prohibida en Alemania, Estados Unidos y Canadá por financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)— ha estado ejerciendo funciones de control en la acampada de la Puerta del Sol.
La exigencia al delegado del Gobierno y el pulso por la acampada de Sol
El pronunciamiento llegó este sábado durante un acto de precampaña en Ifema, junto a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida. Ayuso no dudó en calificar la situación: ‘No hay Estado de derecho debajo de esas tiendas’, ha denunciado, ‘nadie se hace responsable de lo que está allí pasando’.
La presidenta madrileña ha sido tajante sobre la respuesta institucional del Ejecutivo central. Ha advertido de que la Comunidad de Madrid va a seguir llevando ante los tribunales ‘semejante indecencia’, y ha reclamado al delegado una explicación pública sobre la composición real del campamento.
El pulso tiene un episodio judicial inmediato. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el pasado lunes la medida cautelarísima con la que la Comunidad pedía el desalojo inmediato de la acampada. La Delegación del Gobierno objetó que la concentración está amparada por el derecho fundamental de reunión, que sólo debe suspenderse como último recurso.
Ya el pasado día 1, la asociación proisraelí ACOM había denunciado la presencia ‘detectada e identificada’ de activistas de Samidoun que ejercían funciones de control de seguridad en la Puerta del Sol. La organización presidida por Ángel Mas Murcia reclamó la identificación inmediata de esas personas y la apertura de diligencias policiales por posible enaltecimiento del terrorismo.
Hay un hilo que no conviene perder de vista: la misma red que Europa ha ilegalizado opera en España sin que Moncloa haya movido un solo papel.
Samidoun, prohibida en Alemania, EEUU y Canadá
El historial internacional de Samidoun es el principal sostén del argumento de Ayuso. El Gobierno alemán prohibió en 2023 cualquier actividad de la Red de Solidaridad con los Presos de Palestina en su territorio, por la sospecha de que ha financiado el terrorismo del FPLP.
Un año después, en octubre de 2024, Canadá incluyó a Samidoun en su lista oficial de organizaciones terroristas, y el Departamento del Tesoro de EEUU ordenó bloquear todos sus activos. Washington impuso sanciones a varios representantes, entre ellos su coordinadora en Madrid, Jaldia Abubakra Aueda, a la que definió como parte de ‘una organización benéfica ficticia que sirve como recaudadora de fondos internacional para la organización terrorista FPLP.
Bélgica y Grecia han ido más lejos: han revocado el estatus de refugiado o han deportado a los principales dirigentes de Samidoun en Europa, como Mohammed Khatib o Khaled Barakat, por motivos de seguridad nacional.
En España, en cambio, la red ha seguido operando con total normalidad. Apenas una semana después del atentado del 7 de octubre de 2023, varios ministros y representantes de Sumar —Mónica García, Íñigo Errejón, Tesh Sidi y Elizabeth Duval— participaron en Madrid en una manifestación convocada por Samidoun y otras dos asociaciones.
El pasado mes de junio, Samidoun organizó en la Casa de la Solidaritat de Barcelona una conferencia de Nael Al Barghouti y Nader Sadaqa. El primero cumplió 44 años de cárcel en Israel por el asesinato de un conductor de autobús. El segundo fue comandante del FPLP. Ambos fueron liberados por Israel en un intercambio de presos por rehenes negociado tras los atentados del 7 de octubre.
El Eje del Poder Popular
La denuncia de Ayuso no es un episodio aislado. Forma parte de una línea sostenida: la presidenta madrileña lleva meses reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez una política de seguridad coherente con la de los principales socios europeos. Observamos un patrón. Mientras Alemania, Canadá o EEUU ilegalizan a Samidoun, en España se le permite reunirse, recaudar y controlar espacios públicos sin que la Delegación del Gobierno actúe.
No se trata sólo de Madrid. La estrategia de Génova pasa por proyectar la gestión de las comunidades autónomas populares como un dique frente a la permisividad del Gobierno central. La Comunidad de Madrid, con 6,8 millones de habitantes, ha asumido el papel de avanzadilla. Acudir a los tribunales no es retórica: es un movimiento calculado para forzar al Ejecutivo a retratarse.
La lectura a corto plazo es doble. El PP refuerza su perfil en un asunto de seguridad y constitucionalismo, terreno donde Feijóo busca marcar diferencias con el Gobierno. Y Ayuso vuelve a situar a la Comunidad como referencia de firmeza institucional. El precedente histórico no es lejano: el PP ya construyó buena parte de su identidad política en los años noventa frente al terrorismo de ETA. Tres décadas después, busca reeditar ese perfil. Frente a las prohibiciones de Alemania, Canadá, EEUU, Bélgica y Grecia, España sigue siendo la excepción europea.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Exigir al Gobierno que explique por qué permite en Madrid lo que Berlín, Ottawa y Washington han prohibido por terrorismo.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
- Próximo hito: Seguimiento de las diligencias policiales reclamadas por ACOM y de los recursos judiciales de la Comunidad de Madrid.
