EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia ha requerido a ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News sus ‘comunicaciones y materiales’ sobre el pool de prensa de la Casa Blanca. La División Antimonopolio estudia si el boicot de las cadenas vulneró la Ley Sherman, la norma federal de competencia de 1890.
- ¿Quién está detrás? El DOJ actúa en pleno conflicto entre Donald Trump y los grandes medios. La Casa Blanca retiró credenciales a CNN, MSNOW y Politico en septiembre y las cadenas respondieron suspendiendo su cobertura conjunta.
- ¿Qué impacto tiene? El pool es la vía por la que las televisiones, también las españolas, obtienen imágenes del presidente en sus desplazamientos y actos públicos.
El DOJ investiga a las grandes cadenas de televisión por un posible boicot ilegal al pool de prensa de la Casa Blanca.
Qué exige el DOJ a las cinco cadenas y qué pasó con las credenciales
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia reclamó el viernes a ABC, CBS, CNN, NBC, y Fox News sus ‘comunicaciones y materiales’ sobre la cobertura presidencial. La petición, adelantada por el New York Times y confirmada por el departamento, no es una demanda: es el primer paso de un expediente.
El origen está en una decisión colectiva poco habitual. El 18 de septiembre, la Casa Blanca retiró las credenciales a los periodistas de CNN, MSNOW y Politico por razones de seguridad nacional vinculadas a su cobertura del conflicto con Irán. Las cinco cadenas del pool suspendieron entonces su cobertura conjunta.
La portavoz del departamento, Emily Covington, expuso la tesis oficial: ‘Los boicots en grupo entre competidores comerciales pueden vulnerar la Ley Sherman’, dijo. ‘La División Antimonopolio se limita a investigar si estas organizaciones han infringido las leyes de competencia’.
Las cadenas se defendieron en un comunicado conjunto: ‘El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su Gobierno. El detonante fue la cumbre con el presidente chino, Xi Jinping: los cinco canales se negaron a cubrirla en bloque. Trump lamentó después que aquel momento estaba ‘hecho para la televisión’.
Cada imagen que las cadenas dejan de emitir se convierte, en Washington, en un asunto de competencia.
El pulso judicial tiene ya una primera resolución. El juez federal Timothy Kelly, designado por Trump, concedió una orden de restricción temporal —una cautelar urgente— tras la demanda de los tres medios escritos y les devolvió las acreditaciones. CNN y Politico siguen sin acceso al Despacho Oval ni al Air Force One.
El boicot en grupo: el precedente que complica la posición de las cadenas
La lectura jurídica es más fina de lo que sugiere el comunicado oficial. Un boicot en grupo —la negativa coordinada de varios competidores a tratar con un tercero— figura entre las conductas que la jurisprudencia americana mira con más recelo. La duda es si una decisión editorial puede equipararse a un acuerdo comercial.
El precedente más citado es el de la Asociación de Abogados de Oficio de Washington, resuelto por el Tribunal Supremo en 1990: un grupo de letrados se negó a representar a acusados sin recursos hasta que se les subieran las tarifas, y el tribunal consideró el boicot ilegal per se. Cinco años antes, en 1985, el mismo tribunal había matizado que no todo boicot colectivo merece ese tratamiento automático. La pregunta de fondo es si hablamos de un cártel o de cinco redacciones que coincidieron en un criterio profesional.
La Lógica de Washington
Entender este expediente exige mirar el problema desde dentro. Trump lleva una década construyendo su carrera política contra lo que llama la prensa heredada, y su electorado comparte esa desconfianza. La retirada de credenciales se justificó en clave de seguridad nacional, pero encaja en un patrón más largo: reducir la capacidad de los grandes medios para fijar la agenda diaria del presidente.
La coalición que sostiene ese enfoque no es sólo electoral. Incluye a congresistas republicanos que llevan años denunciando un trato favorable de las cadenas al Partido Demócrata y que ven en la Ley Sherman una herramienta inesperada. No es una improvisación: es un manual viejo aplicado con instrumentos nuevos.
El precedente está en la propia relación entre la Casa Blanca y la televisión. En 1969, el vicepresidente Spiro Agnew inauguró con un discurso la ofensiva del Gobierno de Nixon contra las tres grandes cadenas de entonces. En 1987, la Comisión Federal de Comunicaciones derogó la doctrina de la equidad, que obligaba a los medios a ofrecer versiones contrapuestas. Cada generación de inquilinos de la Casa Blanca ha intentado reordenar su relación con las cámaras.
Para España el impacto es indirecto pero real. El pool es la fuente de la que se nutren las cadenas españolas para emitir imágenes del presidente, y una ruptura prolongada obligaría a las redacciones a depender de material propio o de agencia. Los grupos con presencia en EE. UU., como PRISA y su corresponsalía de EL PAÍS en Washington, seguirían sujetos al mismo régimen de acreditaciones. El criterio que fije el DOJ servirá de referencia en Bruselas.
La próxima ventana clave son las respuestas de las cinco cadenas y la eventual emisión de requerimientos civiles formales por la División Antimonopolio, un trámite que puede prolongarse meses. En paralelo sigue vivo el litigio sobre las credenciales en un tribunal federal de la capital. La incógnita es si Washington busca una sanción o mantener abierta la presión.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Justicia estudia si las cinco cadenas del pool televisivo de la Casa Blanca coordinaron un boicot contrario a la Ley Sherman al suspender su cobertura tras la retirada de credenciales a CNN, MSNOW y Politico.
- Datos clave: requerimiento de ‘comunicaciones y materiales’ cursado el viernes a ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News; retirada de credenciales el 18 de septiembre; orden de restricción temporal del juez Timothy Kelly que devolvió las acreditaciones a los tres medios escritos.
- Para España: el pool es la vía de acceso de las televisiones españolas a las imágenes del presidente. Un cambio en el régimen de acreditaciones alteraría la logística de las corresponsalías españolas en Washington.
