EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ultima una propuesta para endurecer los visados Schengen a ciudadanos rusos, que llegará a comienzos del próximo año, previsiblemente en enero.
- ¿Quién está detrás? Polonia, Suecia y Estonia empujan el giro; el comisario de Migración, Magnus Brunner, confirma el trabajo en marcha y nueve Estados miembros, más Islandia y Noruega, lo reclamaron por carta.
- ¿Qué impacto tiene? En el último ejercicio contabilizado se expidieron unas 478.000 visas de turismo Schengen a rusos, muchas de entradas múltiples, y España mantiene red consular activa en Rusia.
La Comisión Europea ultima un endurecimiento de los visados UE a rusos. La propuesta llegará a comienzos del próximo año, previsiblemente en enero, después de meses de presión de Polonia, Suecia y Estonia, que han convertido la política de visados en una pieza más de la defensa europea frente a los ataques híbridos de Moscú.
El objetivo no es cerrar la puerta a todos los ciudadanos rusos, sino romper el circuito de las entradas múltiples. Ese visado, válido hasta cinco años, permite entrar y salir del espacio Schengen sin volver a solicitar documentación, y es ahí donde el flanco este sitúa el riesgo: una autorización emitida antes de la guerra funciona hoy como una llave maestra.
La pieza jurídica sobre la que se trabaja es el Código de Visados, el reglamento de 2009 que fija las reglas comunes de tramitación y deja a cada consulado un margen que los Estados interpretan a su manera. Armonizar no obliga a inventar un marco nuevo: la Comisión puede endurecer el manual de aplicación y reescribir los criterios para conceder validez múltiple. La base jurídica no se mueve, y es el artículo 77 del TFUE, el que sostiene la política común de visados.
Estonia quiere vetar a 650.000 excombatientes rusos, uno por uno
En Tallin se va más lejos que en el borrador que circula por Bruselas. El Gobierno estonio plantea prohibir la entrada en la UE a los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas rusas, un colectivo que su ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, cifra en torno a 650.000 personas, y hacerlo ‘persona por persona’, con cribados individuales en lugar de un veto colectivo. Su diagnóstico es que buena parte de esos exmilitares acabará llegando a Europa ‘apoyada por los servicios secretos rusos’, dispuesta a engrosar el crimen organizado y a cometer atentados.
Suecia quiere ir incluso más rápido. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, sostiene que el sistema tiene ‘vulnerabilidades que nuestros enemigos pueden usar’ y celebra el ‘apoyo creciente’ a un régimen más duro, aunque admite que el calendario que maneja la Comisión no le satisface. Estocolmo, como Varsovia y Tallin, lleva la iniciativa en un asunto que hasta hace tres años se discutía en clave consular y hoy se discute en clave de seguridad interior.
Los números sostienen la presión. En el último ejercicio contabilizado se expidieron unas 478.000 visas de turismo Schengen a ciudadanos rusos, muchas de validez múltiple, y el comisario de Migración, Magnus Brunner, reconoce que la serie ha dejado de bajar: ‘Nunca sabes quién es realmente ese turista’. La carta que nueve Estados miembros, más Islandia y Noruega, remitieron a la Comisión pedía un enfoque ‘uniforme y coordinado’, porque una política dividida ‘corre el riesgo de socavar la presión’ sobre Moscú.
El visado no detiene por sí solo a un saboteador: lo que hace es encarecer su entrada y multiplicar las ocasiones de que alguien lo detecte antes.
España, en el punto de mira del flanco este
España no figura en el grupo que ha empujado el expediente y, aun así, tiene intereses directos en cómo se cierre. Los consulados españoles en Rusia siguen tramitando solicitudes a través de centros externos, con una tasa que ya subió a 90 euros, y buena parte del turismo ruso que llega al Mediterráneo lo hace con autorizaciones expedidas por esos mismos consulados. El reproche que circula en las capitales del este apunta a los países del sur —España, Italia, Grecia— como la vía menos controlada para entrar en Schengen.
La línea española ha sido la de París, Roma y Atenas: endurecer los filtros caso por caso antes que cerrar la puerta al conjunto de la población rusa. El argumento es doble. Uno, humanitario: una prohibición indiscriminada castigaría también a disidentes, periodistas, y familiares de residentes en la UE. Dos, práctico: los consulados ya deniegan solicitudes y nada indica que los servicios rusos hayan elegido España como puerta preferente.
Para hoteles, agencias y comercio del litoral el efecto contable es menor, porque el flujo ruso se hundió en 2022 y nunca recuperó el nivel previo. El viaje tipo tampoco es el de antes: el espacio aéreo europeo está cerrado a las aerolíneas rusas, así que quien aterriza en Barajas o en El Prat lo hace vía Estambul, Belgrado o Dubái. La dimensión de seguridad tampoco es ajena: Europa encadena desde 2024 sabotajes atribuidos a redes dirigidas desde Moscú —incendios en naves logísticas, paquetes incendiarios, cables submarinos cortados en el Báltico— y el nivel de alerta no ha bajado.
El Eje del Poder Europeo
La geometría del expediente es nítida: el flanco este y los nórdicos empujan; el sur y buena parte del oeste frenan. Polonia, Suecia, Estonia, Finlandia, Dinamarca y Chequia quieren reglas duras y plazos cortos. España, Italia, Grecia, Francia y Alemania prefieren armonizar sin prohibir, porque sus consulados, sus economías turísticas y su trato con la disidencia rusa no son los mismos. Hungría juega en otra liga: su tarjeta nacional de residencia para rusos y bielorrusos es el ejemplo que el resto utiliza para exigir que Bruselas legisle de una vez.
El eje franco-alemán se queda en segundo plano. Berlín y París comparten la tesis de que la respuesta debe ser europea y proporcionada, pero ninguno quiere aparecer como el freno de una medida de seguridad en plena guerra. Esa incomodidad explica que la Comisión haya asumido el protagonismo y que las propuestas lleguen con el sello técnico de Migración y Asuntos de Interior en lugar de nacer de una cumbre. El precedente inmediato es de agosto de 2022, cuando los Veintisiete suspendieron el acuerdo de facilitación de visados con Moscú y fijaron que el turismo dejaría de ser una vía ordinaria de entrada. Cuatro años después, la regla sigue sin ser uniforme.
Para España, el riesgo a cinco años no es el número de visados denegados, sino la deriva de fondo: si la UE no armoniza, los Estados con frontera con Rusia seguirán legislando por su cuenta, como ya han hecho Finlandia o la República Checa, y Schengen acabará funcionando con dos velocidades normativas. La crisis migratoria de 2015 ya demostró lo que ocurre cuando cada capital improvisa controles: vuelven las fronteras interiores y la libre circulación paga la factura. La fecha clave es enero, cuando la Comisión presente su propuesta; el Consejo de Asuntos Exteriores que venga después medirá si hay mayoría para endurecerla, rebajarla o dejarla en agua de borrajas.
