Los antidisturbios que integraron el dispositivo del 1-O reclaman que Carles Puigdemont responda ante la Justicia tras su regreso a España. Los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional lamentan que el expresidente catalán haya vuelto al país sin comparecer ante los tribunales por los hechos que se le atribuyen.
El malestar es profundo entre los veteranos del cuerpo. «Hay policías jubilados por su culpa», subraya uno de los efectivos que participó en el operativo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los agentes recuerdan que aquel dispositivo derivó en los disturbios de octubre de 2019, desencadenados tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés y conocidos en el ámbito policial como la Operación Ícaro.
Una reivindicación que nace del operativo del 1-O
El referéndum ilegal en Cataluña supuso un punto de inflexión dentro de las UIP. Los antidisturbios fueron los encargados de mantener el orden público en la región durante aquellas jornadas, requisando urnas y entrando en colegios ante la resistencia de los convocantes. La experiencia marcó a toda una generación de agentes y reforzó la especialización de las unidades de intervención de la Policía Nacional.
Las UIP son unidades especializadas en el mantenimiento y el restablecimiento del orden público. Actúan en dispositivos de alta conflictividad y su labor abarca desde grandes concentraciones hasta alteraciones graves de la convivencia en la vía pública. Su intervención resulta determinante cuando otros recursos no bastan para garantizar la seguridad ciudadana.
Según el relato de los propios agentes, el regreso de Puigdemont sin rendir cuentas ante la Justicia reabre una herida que nunca llegó a cerrarse. Los policías reclaman que el expresidente comparezca ante los tribunales por los hechos que se le atribuyen y que sea la Justicia la que determine su responsabilidad.
Las Unidades de Intervención Policial sostuvieron el operativo del 1-O y los disturbios de 2019; sus veteranos reclaman ahora que Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia.
La memoria de la Operación Ícaro y los disturbios de 2019
La Operación Ícaro designa en el ámbito policial el despliegue de las UIP durante los disturbios de octubre de 2019 en Cataluña. Las protestas tras la sentencia del procés derivaron en enfrentamientos con los agentes, con centenares de heridos y daños materiales en la vía pública. Fue uno de los dispositivos de orden público más exigentes de la década.
De aquel episodio quedaron bajas físicas y psicológicas entre los agentes. La reclamación actual conecta con aquella experiencia: los veteranos consideran que el regreso de Puigdemont sin responder ante la Justicia deja sin cerrar el ciclo que ellos vivieron en primera línea. Su exigencia es que responda ante los tribunales.
El contexto institucional
Las UIP forman parte de la estructura de la Policía Nacional y despliegan a miles de agentes cada año en dispositivos de orden público en todo el territorio. Su labor se enmarca en la función constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades, incluso en contextos de máxima tensión. La profesionalidad de estas unidades ha sido reconocida en numerosos dispositivos de alta complejidad.
Los balances anuales del Ministerio del Interior sitúan la criminalidad en España por encima de las dos millones de infracciones penales al año, una cifra que exige de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un esfuerzo sostenido sobre el terreno. En ese contexto, el trabajo de las unidades de orden público resulta clave para garantizar la convivencia durante episodios de alta conflictividad.
La reclamación de los agentes se mantiene mientras la situación judicial sigue abierta. Los veteranos del dispositivo del 1-O subrayan que su única exigencia es que la Justicia determine la responsabilidad de los hechos imputados a quien dirigió la Generalitat durante el referéndum ilegal. El respeto a la labor policial es, apuntan, la condición mínima para que episodios como el de 2017 no vuelvan a repetirse.
