La Generalitat eleva un 50% las ayudas contra el sinhogarismo, pero el anuncio ha reabierto el pulso competencial con Barcelona. El Govern sumará 30 millones de euros en 2027 para combatir la exclusión residencial, una cifra que la capital celebra con matices y que las entidades sociales consideran corta.
Barcelona lleva años concentrando buena parte de la respuesta a esta problemática. El Ayuntamiento asegura que destina 51 millones de euros anuales a situaciones de sinhogarismo, un volumen que, según el propio consistorio, no responde a una cuestión exclusivamente municipal.
El incremento del 50% que no convence a las entidades
La Fundació Arrels considera insuficiente el incremento anunciado. Su directora, Beatriz Fernández, recuerda que varias entidades llevan tiempo reclamando un aumento de la inversión y que, en el marco de la proposición de ley contra el sinhogarismo, plantearon un mínimo de 100 millones de euros anuales durante cuatro años.
’30 millones queda muy lejos de la cantidad que nosotros planteábamos’, señala Fernández. Para la entidad, la dotación debería cubrir tanto el incremento de personas que duermen en la calle como el sinhogarismo estructural que ya existía antes de los últimos repuntes.
Barcelona no rechaza asumir recursos, pero exige que el esfuerzo se reparta. La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Raquel Gil, lo dejó claro durante la cumbre institucional sobre sinhogarismo: ‘A nosotros no nos da miedo poner recursos, pero éramos los únicos que poníamos este volumen’.
Gil celebró que la mesa abra la puerta a una mayor implicación del resto de administraciones. ‘Que haya un pacto de país nos parece una buenísima noticia’, añadió, antes de subrayar que cualquier ley o acuerdo deberá ir acompañado de financiación suficiente.
El sinhogarismo dejó de ser un problema de ciudad hace tiempo; el reparto de la factura sigue siendo, sin embargo, una pelea estrictamente municipal.
La respuesta que Barcelona reclama a la Generalitat
Desde Arrels también reclaman un mayor liderazgo del Govern. Fernández sostiene que el sinhogarismo no puede tratarse como una cuestión únicamente municipal, porque implica competencias de vivienda, salud y servicios sociales repartidas entre distintas administraciones.
‘La Generalitat tiene que asumir mucho más liderazgo en la lucha contra el sinhogarismo’, defiende. La falta de vivienda pública y asequible es otro de los obstáculos: sin ella, apunta, resulta muy difícil ofrecer una salida estable a quienes están en la calle.
El modelo actual tampoco encaja siempre con las necesidades reales. Hay personas que necesitan una plaza de emergencia, pero otras requieren un alojamiento estable y de larga duración. Cuando esa alternativa no existe, algunas pasan por un albergue para acabar regresando a la calle.
Análisis: el horizonte de 2035 sin recursos comprometidos
La Generalitat sitúa 2035 como horizonte para erradicar el sinhogarismo en Catalunya. Arrels considera el objetivo alcanzable, pero solo si existe un compromiso real y sostenido de todas las administraciones. ‘Si hay voluntad y hay acuerdo político de país, sí que es realista’, sostiene Fernández.
Barcelona comparte ese marco. Gil recuerda que nueve años pueden parecer un plazo largo, pero no lo son para quien vive en la calle. ‘Con la vida de las personas que están viviendo en la calle, son muchos’, señaló al hablar del calendario.
El documento presentado por la Síndica de Greuges plantea 35 medidas que deberán ser valoradas por instituciones y entidades antes de avanzar hacia un futuro Acord de País contra el Sinhogarismo. El Ayuntamiento estudiará las propuestas, pero insiste en que el diagnóstico compartido no basta sin dinero detrás.
La comparación es elocuente. Mientras el consistorio ya aporta 51 millones anuales, el incremento de la Generalitat para 2027 se queda en 30 millones adicionales. Eso sí, el gesto rompe una dinámica de años en la que el grueso de la respuesta recaía sobre el mundo local.
El temporal de lluvias intensas de los últimos días ha vuelto a dejar al descubierto las carencias. El Ayuntamiento activó plazas extraordinarias ante la coincidencia de emergencias, pero son temporales y se cierran cuando termina la alerta. ‘Pocas. No hay’, responde Fernández cuando se le pregunta por las alternativas disponibles durante un episodio así.
El sinhogarismo no se resuelve solo con recursos de emergencia. Las plazas adicionales permiten afrontar una noche de lluvia, pero no responden qué ocurre cuando escampa. ‘Cuando se acaben estas lluvias continuará habiendo más de 2.000 personas en situación de calle’, advierte.
Queda por ver si el anuncio de la Generalitat se traduce en un compromiso plurianual o se queda en una operación de imagen. La discusión sobre quién paga la respuesta social atraviesa también el reparto competencial y la financiación autonómica que Govern y Moncloa mantienen abiertos.
La próxima valoración de las 35 medidas será la primera prueba. No es solo una cuestión de presupuesto: es la constatación de si Catalunya afronta el sinhogarismo como política de país o como un problema que cada ayuntamiento gestiona como puede.
