Von der Leyen ha propuesto un pacto contra la sobrerregulación europea con 22.300 millones de euros de ahorro anual para las empresas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha anunciado en la cumbre del PPE en Taormina y ha añadido un segundo movimiento: que los gobiernos no recarguen las normas comunitarias al transponerlas.
El anuncio llegó a puerta cerrada, ante los líderes del Partido Popular Europeo reunidos en la localidad siciliana, y quedó confirmado después en una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete. La idea central cabe en una frase: la Comisión quiere que las empresas europeas reporten sus datos una sola vez y que sea la administración quien se encargue de distribuirlos entre los organismos competentes. El principio tiene nombre: Only Once.
La letra pequeña de un anuncio que ya tiene precedentes
Hasta aquí el titular. La intrahistoria es más matizada. El principio Only Once no es nuevo: la Comisión ya lo incluyó en su propuesta EU Inc., presentada en marzo de este año, que busca crear un marco societario armonizado para que una compañía pueda constituirse y operar con las mismas reglas en todo el mercado único. Lo que ahora se añade es la capa de inteligencia artificial, para que sean las propias administraciones las que crucen los datos.
La diferencia no es menor. Von der Leyen no ha detallado cómo funcionará el sistema, ni si alcanzará a todas las empresas, ni cuándo piensa introducirlo. Hasta ahora, Bruselas había vendido la IA como herramienta de competitividad industrial. Es la primera vez que la sitúa explícitamente como palanca para descargar de burocracia a las compañías.
El pacto que apunta a Madrid, París y Berlín
El segundo movimiento es más incómodo para las capitales. La presidenta de la Comisión propone un pacto por el que los Estados miembros se comprometan a no añadir requisitos extra cuando transpongan una directiva europea. El principio que defiende es tajante: ‘una norma acordada en Europa no puede volverse más compleja cuando se transpone o aplica a escala nacional. La carta obliga a cada gobierno a justificar cualquier exigencia añadida y a evaluar su impacto sobre las empresas y el mercado único. El mecanismo recuerda, por la vía de los hechos, al de condicionalidad con el que Bruselas ya puede congelar fondos a un Estado miembro que se salta las reglas de juego.
Bruselas vende simplificación, pero lo que construye es un mecanismo para recuperar el control sobre la transposición nacional: menos trabas para las empresas, más disciplina para las capitales.
En Bruselas nadie se llama a engaño sobre a quién apunta el mensaje. España, Francia, Italia y buena parte de los Estados del sur acumulan un historial de transposición recargada: añaden trámites ambientales, requisitos laborales o exigencias de etiquetado que la directiva original no contemplaba. Los frugales del norte, en cambio, transponen al milímetro y llevan años presumiendo de esa ventaja competitiva frente al sur. Alemania y Países Bajos venían reclamando un instrumento de este tipo desde el informe Draghi sobre competitividad, publicado hace dos años.
El Eje del Poder Europeo
El movimiento de Von der Leyen no se entiende sin la presión del eje franco-alemán. Berlín y París llevan dos años empujando una agenda de simplificación que nació del informe Draghi y que ahora la Comisión intenta capitalizar. Los frugales del norte la apoyan porque reduce la carga regulatoria que siempre consideraron una desventaja para su industria exportadora. El sur, en cambio, recela: Madrid, Roma y Atenas temen que el pacto sea la puerta de entrada a un nuevo mecanismo de condicionalidad (la herramienta que permite congelar fondos europeos a un Estado miembro que vulnera las reglas). Varsovia y Budapest, socios incómodos, se alinean con la parte que menos les obligue a ceder soberanía legislativa.
Para España, el anuncio corta en dos direcciones. Por un lado, las pymes y los autónomos se beneficiarían de un sistema que les evite repetir la misma documentación ante la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Por otro, la transposición ‘limpia’ que propone Bruselas chocaría con un entramado normativo nacional que añade requisitos propios, desde obligaciones laborales hasta exigencias medioambientales de distinto signo. Moncloa no ha fijado todavía posición pública, pero fuentes conocedoras de la negociación admiten que el Ejecutivo prefiere no firmar un instrumento vinculante antes de saber qué mecanismo de control lleva aparejado.
La lectura a cinco años invita a la cautela. Si el pacto cuaja, el mercado único ganará coherencia y las empresas europeas competirán en mejores condiciones frente a las de Estados Unidos y China. Si Bruselas convierte el principio en un examen permanente a las capitales, la simplificación se transformará en una nueva batalla de soberanía, con los gobiernos nacionales defendiendo su margen legislativo y la Eurocámara exigiendo contrapartidas ambientales y sociales. No sería la primera vez: la pelea por los fondos de recuperación entre 2020 y 2021 mostró que cuando Bruselas condiciona el dinero, la política europea se vuelve cuerpo a cuerpo.
El próximo hito será la tramitación de EU Inc. en el Parlamento Europeo y los trílogos posteriores (la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión final de cada ley europea). Ahí se verá si el Only Once con inteligencia artificial es una promesa de cumbre o el primer borrador de la próxima década regulatoria europea. La cumbre de Taormina quedará como el día en que la Comisión decidió que la sobrerregulación europea se combate, en primer lugar, con más Europa.
