Merz, Meloni y De Wever exigen a Costa un ‘freno de emergencia’ para bloquear leyes de Bruselas

Los tres líderes firman una carta a Costa tres días antes de la cumbre que debate el presupuesto y el apoyo a Ucrania. El mecanismo daría a las capitales un veto sobre cualquier norma comunitaria y tensiona el Pacto Verde y los fondos que recibe España.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro belga Bart de Wever han pedido por carta a António Costa un freno de emergencia para que los Estados puedan bloquear nueva legislación europea por su carga burocrática.
  • ¿Quién está detrás? Los Gobiernos de Alemania, Italia y Bélgica, con la simpatía de los países frugales del norte y de buena parte de la patronal industrial europea.
  • ¿Qué impacto tiene? Bruselas se juega el modelo de integración: un veto nacional sobre las normas comunitarias tensiona el Pacto Verde, el reparto de fondos y la posición negociadora de España.

Tres gobiernos clave quieren un freno de emergencia para bloquear leyes de Bruselas antes de que se aprueben. La batalla por la competitividad europea ya no se libra en informes técnicos: se libra en cartas.

El canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro belga Bart de Wever firmaron el lunes una misiva dirigida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a la que ha tenido acceso POLITICO. Reclaman que las capitales puedan detener una norma comunitaria si la consideran demasiado gravosa para sus administraciones y sus empresas.

La petición no llega sola. Los tres líderes piden acelerar ‘significativamente’ los procedimientos de planificación y aprobación, y suspender ‘determinadas áreas regulatorias durante un periodo concreto’ bajo una nueva regla de prioridad. Traducido: congelar normas vigentes para dejar respirar a la industria.

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La letra pequeña apunta a las pymes. La Comisión Europea debe aliviar la carga ‘antes que nada’ sobre las pequeñas y medianas empresas, sostienen. La frase no es inocente: en Bruselas casi todos saben que ha sido la gran empresa la que ha empujado el discurso de la sobrerregulación escudándose en la pyme.

El calendario manda. La carta se envía tres días antes de que los jefes de Estado y de Gobierno se reúnan el jueves y el viernes en Bruselas, en un Consejo Europeo que debatirá el presupuesto a largo plazo, los precios de la energía y el apoyo a Ucrania. La misiva recuerda que la exigencia se formuló por primera vez en marzo, tras una cumbre centrada en la competitividad. Entonces quedó en declaración de intenciones. Ahora quieren convertirla en mecanismo.

La carta no pide simplificar: pide que una capital pueda tumbar en veinticuatro horas lo que el Parlamento Europeo ha tardado años en pactar.

El respaldo, además, es transversal. Merz es el canciller democristiano alemán; Meloni, la jefa de Gobierno italiana de la derecha europea; De Wever, un nacionalista flamenco al frente de Bélgica. Tres familias políticas —popular, conservadora y soberanista— unidas por una idea: que Bruselas legisla demasiado y demasiado rápido.

Lo que la carta pide de verdad: un veto nacional disfrazado de simplificación

Conviene mantener la cabeza fría. La Unión Europea ya tiene frenos de emergencia, pero parciales y tasados: existen en la coordinación de la seguridad social, en la cooperación judicial penal y en la política exterior. Nunca han sido un instrumento general.

Lo que los tres firmantes piden es otra cosa: elevar ese freno a derecho de bloqueo sobre cualquier norma. Eso roza el corazón del método comunitario, el sistema por el que la Comisión propone, el Parlamento y el Consejo legislan y el Tribunal de Justicia de la UE vela por el cumplimiento. Un freno general convertiría la mayoría cualificada —el voto ponderado por población que impide que un solo Estado imponga su criterio— en papel mojado.

La trampa está en el detalle: si el freno se activa por ‘carga burocrática’, ¿quién decide cuándo una norma es burocrática? El Estado que la bloquea. Eso, en la práctica, es un veto. Y un veto de un solo socio es lo contrario de lo que la UE ha construido durante setenta años. Según fuentes comunitarias, en la Comisión hay inquietud real por cómo encaje la propuesta en el nuevo ciclo institucional.

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Por qué el freno da miedo en Madrid: Pacto Verde, fondos y pymes

Merz Meloni De Wever

Para España, el mecanismo tiene doble filo. El primero es la agenda verde. España ha apoyado con firmeza el Pacto Verde y las normas que lo desarrollan, desde el despliegue renovable hasta la rehabilitación energética, porque de ellas cuelgan fondos europeos y un tejido industrial nuevo. Un freno general abre la puerta a descafeinar esos reglamentos.

El segundo filo es el dinero. El próximo Marco Financiero Plurianual (MFP, el presupuesto de la UE a siete años) y el reparto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están en el menú de la cumbre de esta semana. España es receptora neta de fondos de cohesión y una de las grandes beneficiarias de Next Generation EU. Cualquier regla que debilite la legislación común debilita también los instrumentos que canalizan esas ayudas.

Sería un error, sin embargo, vender esta historia como si España solo tuviera que defenderse. Las pymes y los autónomos españoles están entre los más castigados por la sobrerregulación europea en materia contable, de datos y de etiquetado. Si Alemania, Italia y Bélgica fuerzan una simplificación de verdad, muchas empresas españolas saldrán ganando. La clave está en esa expresión: ‘de verdad’.

El Gobierno de Sánchez se mueve en una posición incómoda. No puede oponerse en bloque a la simplificación sin quedar como el socio que defiende el papeleo; tampoco puede apoyar un veto nacional sin dinamitar su propio relato europeísta. La oposición tiene un guion más sencillo: alinearse con Merz y Meloni y presentar la carta como una enmienda a la totalidad de la política comunitaria del Ejecutivo.

El Eje del Poder Europeo

La lectura estratégica es otra, y aquí la pieza deja de ser un asunto de trámites. Lo relevante no es la carta, sino quién la firma. Históricamente, el motor de la integración lo movían París y Berlín, con Bruselas como caja de resonancia. Aquí Berlín no firma con París: firma con Roma y con Bélgica para presionar a la propia estructura comunitaria.

Ese giro tiene nombres. Meloni quiere capitalizar el descontento de la industria del norte de Italia, la más castigada por los costes energéticos. Merz responde a la patronal alemana, que lleva dos años advirtiendo de deslocalizaciones hacia Estados Unidos y Asia. Y De Wever, al frente de un país que aloja las instituciones, se posiciona como bisagra del bloque soberanista.

Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, y Finlandia— miran la carta con simpatía: llevan una década pidiendo menos normas y más control nacional del gasto. Varsovia, rehabilitada bajo el Gobierno de Donald Tusk, ve el freno con interés, aunque recela de cualquier mecanismo que pueda desordenar el apoyo a Ucrania. Francia calla por ahora, pero su industria también quiere menos carga.

Late un precedente: la crisis del euro de 2010-2012. Entonces los Estados del sur exigieron reglas comunes para mutualizar deuda y los del norte impusieron condiciones. El clivaje era acreedores contra deudores. Hoy la fractura no es norte-sur, sino integración contra soberanía, y corta por dentro a los bloques tradicionales.

Lo que observamos es que el discurso de la competitividad se ha convertido en el caballo de Troya de un debate más profundo sobre quién manda en Europa. El informe Draghi, publicado en septiembre de 2024, ya avisó de que la UE afrontaba un desafío existencial si no corregía su pérdida de productividad. Merz, Meloni y De Wever acaban de responder que la respuesta es menos Europa.

A medio plazo, la apuesta tiene un riesgo evidente. Si el freno se usa para bloquear una norma tras otra, la UE puede acabar fragmentada en veintisiete mercados con reglas distintas, justo lo contrario de lo que la industria reclama para competir con Estados Unidos y China.

El calendario manda. Costa tiene la pelota en el tejado: puede dejar la carta en el orden del día, aparcarla o encargar a la Comisión un estudio que la diluya. La próxima cita decisiva, salvo sorpresa, será el Consejo Europeo de diciembre, donde se cerrarán las conclusiones sobre competitividad y presupuesto. Ahí sabremos si el freno de emergencia es un farol o el primer ladrillo de un cambio de modelo.