El Parlament aprobará la próxima semana la ley de memoria democrática que crea una comisión de la verdad sobre el franquismo en Catalunya. El texto llega al pleno con el respaldo de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP.
No habrá sorpresas en la votación. Las cinco formaciones han pactado o retirado cerca de 750 enmiendas en los últimos meses, de modo que el redactado final aterrizará en el hemiciclo del Parlament sin ninguna enmienda viva. La ley recupera un proyecto que impulsó el Executiu de Pere Aragonès, con Ester Capella al frente de Justícia, y cuya tramitación decayó con el adelanto electoral de 2024. Salvador Illa prometió rescatarla en su acuerdo de investidura con ERC y, dos años después, la norma está a las puertas de ver la luz.
Una comisión técnica con dos años para esclarecer la represión
El corazón de la norma es la creación de una comisión técnica de memoria democrática, de carácter ‘académico, independiente y extrajudicial’, que tendrá dos años para investigar las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Sus miembros deberán recoger testimonios, elaborar conclusiones y formular recomendaciones. Los grupos impulsores la presentan como una suerte de comisión de la verdad destinada a abordar episodios de la represión franquista que todavía no han sido esclarecidos.
El arco temporal que cubre la ley, arranca en 1931, con la proclamación de la Segunda República, y se cierra en 1980, año en que se constituyó el primer Govern elegido democráticamente tras el franquismo. La única excepción afecta a las mujeres represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer, cuyo reconocimiento se extiende hasta 1985, cuando la institución se disolvió. La norma también contempla el reconocimiento de la antigua prisión de mujeres de la Trinitat como espacio de memoria democrática y crea un banco de memoria, además de un censo de simbología republicana retirada durante la Guerra Civil y el franquismo.
El pulso por Vía Laietana y la cuenta atrás del monumento de Tortosa
La ley incorpora un régimen sancionador inédito en las normas catalanas de memoria. Las infracciones muy graves, como la destrucción de fosas comunes o determinadas actuaciones de exaltación del franquismo, se castigarán con multas de entre 10.001 y 150.000 euros. Las graves, entre ellas la exhibición de simbología franquista, con sanciones de 2.001 a 10.000 euros, y las leves, de 200 a 2.000 euros. Es la parte más delicada del texto, porque puede colisionar con conductas ya tipificadas en el Código Penal.
A propuesta de Junts, Comuns y CUP, el redactado obliga al Govern a reclamar al Ejecutivo central la conversión de la comisaría de Vía Laietana en un ‘centro de interpretación de la represión política y la tortura’ del franquismo, con la participación del Ayuntamiento de Barcelona y las entidades memorialistas. La Moncloa mantiene sus reticencias a trasladar la actividad policial del inmueble, aunque lo declaró espacio de memoria democrática hace más de un año. El Parlament ya ha exigido en varias ocasiones esa reconversión. Fuentes de los grupos impulsores admiten que la ley catalana no puede imponer por sí sola el cambio de uso: ‘Queda camino por recorrer, pero ahora será un mandato legal’.
Una ley que multa la exaltación del franquismo y ordena retirar sus símbolos abre un pulso competencial con el Estado que ninguna mayoría catalana puede resolver sola.
El precedente de Tortosa y un consenso que Junts cuestiona
El monumento franquista de Tortosa, que conmemora la victoria del bando sublevado en la batalla del Ebro, es el caso más simbólico de la nueva norma. La ley dedica una disposición específica a esta construcción y fija un plazo de un año para culminar su retirada, frente a los dos años de margen general previstos para el resto de simbología franquista en Catalunya. Desde 2021, el desmantelamiento está paralizado por los recursos judiciales de varias entidades contrarias a su demolición. La norma obliga a la Generalitat a completar ‘todos los trámites y trabajos necesarios’ para acabar con el monumento.
El precedente no es menor. Acelerar por vía legal lo que la justicia bloquea recuerda a maniobras anteriores del Parlament en materia de memoria, donde las resoluciones han chocado sistemáticamente con la lentitud de los tribunales y con la falta de competencias sobre el espacio público estatal. Junts, el grupo más crítico, considera que la norma se queda corta y cuestiona que se concibiera inicialmente con una ‘mirada desde España’, en referencia al PSC. Los posconvergentes defienden ampliar el alcance temporal más allá de 1980 para reconocer una represión que, a su juicio, se prolongó durante años.
Cabe recordar que el PP podría presentar un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries. Los populares cuentan con la quinta parte de los diputados del hemiciclo, el mínimo exigido para solicitar un dictamen. Aunque los pronunciamientos del organismo no son vinculantes, obligarían a retrasar la votación hasta que se pronuncie, lo que podría deslucir el acto político que Illa quiere convertir en escaparate de su gestión.
Lo que observamos es un texto de consenso amplio, pero de ejecución incierta. La ley nace con prisa política y con la vista puesta en el calendario electoral. Su prueba de fuego no será la votación del pleno, sino los primeros incumplimientos: el traslado policial de Vía Laietana, la demolición de Tortosa y la capacidad real de la comisión para acceder a archivos aún cerrados. El próximo pleno del Parlament será la foto. Lo que venga después es lo que contará.
