EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El BOE ha publicado la Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, que sustituye la directriz estatal vigente desde 1996 y obliga a Canarias a revisar sus planes de emergencia volcánica.
- ¿Quién está detrás? La norma la impulsa el Gobierno de España; su aplicación recae en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de La Palma.
- ¿Qué impacto tiene? La isla deberá delimitar por primera vez las zonas de peligro volcánico y decidir dónde pueden levantarse hospitales, carreteras o puertos.
El BOE fija en un 77,69% la probabilidad de una nueva erupción volcánica en Canarias durante los próximos 50 años.
La Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, sustituye la directriz estatal vigente desde 1996 y concede cuatro años —hasta octubre de 2030— para adaptar los planes de protección civil. El texto aterriza con crudeza en La Palma, donde la erupción del volcán Tajogaite, en 2021, dejó al descubierto que el territorio seguía sin una zonificación preventiva de carácter general. La directriz obliga a decidir por escrito dónde no se construye.
Una probabilidad del 77,69% y un plazo de cuatro años
El documento recoge una probabilidad del 77,69% de que se produzca al menos una erupción en el archipiélago en medio siglo, una estimación basada en la actividad histórica de las islas que equivale a un periodo medio de recurrencia de 33 años. Ese porcentaje se refiere al conjunto de Canarias y no permite determinar dónde ni cuándo será la próxima erupción. Por eso la directriz exige incorporar mapas de susceptibilidad y peligrosidad volcánica, identificar las áreas más expuestas y evaluar las consecuencias sobre la población, las edificaciones y las infraestructuras estratégicas.
La normativa dispone que los análisis de peligrosidad incluidos en los planes de protección civil deberán ser considerados por las administraciones competentes en el planeamiento, y la ordenación de los usos del suelo. Afecta a la ubicación de hospitales, carreteras principales, puertos y redes de abastecimiento. No prohíbe por sí misma ninguna construcción: entrega el marco para que esas limitaciones entren en los instrumentos de ordenación. Sin zonificación, la norma se queda en una declaración de intenciones.
En La Palma esa tarea sigue pendiente. Existen estudios y cartografía que identifican niveles de peligrosidad, pero la isla nunca ha llegado a establecer en en su planeamiento una delimitación general y vinculante de dónde no deben levantarse nuevas infraestructuras esenciales. El Cabildo ha empezado a abordarlo con la modificación del PIOLP (el Plan Insular de Ordenación, el instrumento que regula el uso del suelo en toda la isla), cuyo borrador plantea orientar las nuevas construcciones hacia zonas de menor peligrosidad.
En La Palma no falta ciencia sobre el volcán: falta el mapa que decida qué no se construye y dónde.
El Cabildo también debe elaborar y tramitar su Plan de Actuación frente al Riesgo Volcánico, que se integrará en el PEVOLCA (el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, cuya actualización corresponde al Ejecutivo autonómico). El documento insular pasó por información pública hasta el pasado 25 de marzo. Su aprobación definitiva sigue sin llegar.
Gases, desprendimientos y los vecinos que aún no han vuelto
La nueva normativa incorpora una mayor atención a los gases volcánicos, las deformaciones del terreno y los desprendimientos, peligros que pueden persistir después de una erupción. La experiencia de Puerto Naos y La Bombilla, donde la presencia de dióxido de carbono prolongó las restricciones de acceso una vez terminada la actividad eruptiva, explica por qué estos escenarios entran ahora en la planificación.
El cambio se mide en decisiones concretas: dónde se ubica un centro de salud, por dónde discurre una carretera o qué barrios se consideran seguros. Dónde se ubica un hospital ya no es una decisión neutral. El nuevo marco concede hasta octubre de 2030 para adaptar los planes, un calendario que coincide con la necesidad de cerrar la planificación insular de emergencias.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición desde 2023, con Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo autonómico y el PP como socio. La erupción de 2021 dejó una lección incómoda: la respuesta fue rápida, pero la prevención había sido tardía. El volcán Tajogaite obligó a evacuar a miles de vecinos y sepultó cientos de viviendas y explotaciones agrícolas.
Entre las comunidades que cubrimos, Canarias es la única con riesgo volcánico, pero la lección trasciende el archipiélago: en Murcia, la normativa sísmica se reforzó después del terremoto de Lorca, de 2011. La pauta se repite: la planificación llega detrás del desastre. La diferencia, esta vez, es que hay un calendario. La adaptación no estará lista antes de las elecciones autonómicas de 2027. El principal riesgo es que la zonificación se quede en papel: la directriz no prohíbe construir, solo obliga a considerar los análisis de riesgo.
Ficha Autonómica
- El caso: El BOE publica una nueva directriz de riesgo volcánico que obliga a Canarias a revisar sus planes de emergencia y a La Palma a delimitar, por primera vez, las zonas de peligro.
- Datos importantes: 77,69% de probabilidad de erupción en 50 años; recurrencia media de 33 años; Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre; plazo de adaptación hasta octubre de 2030.
- Resumen: Canarias y el Cabildo de La Palma tienen cuatro años para actualizar el PEVOLCA y el plan insular. La zonificación vinculante del suelo sigue pendiente.
