EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Administración Trump mantiene congelados 20.000 millones de dólares del fondo verde de la era Biden y prepara su recurso ante el Tribunal Supremo.
- ¿Quién está detrás? La EPA de Lee Zeldin, que canceló las ayudas en marzo de 2025, frente a los beneficiarios del programa, con Climate United como mayor receptor.
- ¿Qué impacto tiene? Bloquea proyectos de energía limpia y movilidad eléctrica en EE. UU. y reordena, de rebote, el tablero de la inversión climática transatlántica.
La Administración Trump mantiene congelados 20.000 millones del fondo verde de Biden y prepara su recurso ante el Tribunal Supremo.
El pulso judicial que lleva dos meses sin resolverse
El dinero lleva dos meses sin moverse. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. —el tribunal federal de apelación con sede en la capital, un escalón por debajo del Tribunal Supremo— votó 6 a 4 el pasado 4 de agosto para impedir que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) cancelara los desembolsos del Greenhouse Gas Reduction Fund, el fondo verde nacido al amparo de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, el gran paquete climático de la era Biden). El fallo dio la razón a los beneficiarios.
Días después, el mismo tribunal aceptó la petición de la Casa Blanca de mantener el dinero bloqueado mientras prepara el salto al Supremo. La suspensión pausa la parte de la orden que obligaba a pagar hasta el 9 de noviembre, según el Sabin Center for Climate Change Law de la Facultad de Derecho de Columbia. Si el Ejecutivo presenta su recurso, la pausa se prolongará hasta que el Supremo se pronuncie. Los receptores de las ayudas no se opusieron.
La EPA, dirigida por Lee Zeldin, canceló las subvenciones en marzo de 2025 alegando «preocupaciones bien documentadas sobre el autobeneficio y los conflictos de interés». Climate United, el mayor beneficiario, había recibido unos 7.000 millones. Los tribunales federales ya han fallado en contra de la agencia en varios frentes: en septiembre, dos juzgados de distrito anularon también la cancelación de Solar for All, un programa de 7.000 millones dentro del mismo fondo.
Qué se juega España en la batalla por el fondo verde
El fondo verde es un programa estadounidense y su dinero no cruza fronteras. Lo que se dirime es algo mayor: si el Congreso puede atar las manos del Ejecutivo cuando aprueba un gasto obligatorio. Ese principio viaja lejos. Las energéticas españolas con inversiones en EE. UU. —Iberdrola, Acciona, Repsol— construyen su estrategia americana sobre sobre la premisa de que las reglas federales no cambian de un año para otro. Cuando esa premisa se tambalea, el capital se lo piensa dos veces.
El fondo verde no es solo una partida climática: es el terreno donde se decide si un presidente puede negarse a ejecutar el gasto que firmó el Congreso.
Para la inversión climática transatlántica, la señal es incómoda. El fondo canalizaba capital hacia bancos verdes y proyectos de eficiencia energética, vehículos eléctricos y préstamos a comunidades indígenas. La coalición US Green Bank 50 asegura que esas entidades financiaron 12.400 millones en proyectos en 2024 y 2025, unos 11.000 de inversores privados. El efecto palanca importa: un análisis de Energy Innovation cifraba en 65.500 millones la inversión total movilizada y en 52.000 millones el ahorro para los consumidores en 20 años.
La Lógica de Washington
La Casa Blanca no actúa por capricho. Hay una lógica. La tesis del Ejecutivo es que la Administración Biden aceleró 20.000 millones hacia organizaciones políticamente conectadas y que la EPA tiene derecho a auditar y frenar subvenciones marcadas por conflictos de interés. La cuestión legal de fondo es otra: si un presidente puede detener un gasto que el Congreso aprobó y firmó su predecesor.
Si el Supremo le da la razón, reabrirá una pregunta que se remonta a los años setenta. El precedente más citado es el pulso de Nixon con el Congreso tras la ley de control presupuestario de 1974, que nació precisamente para limitar el embargo de fondos por parte de la Casa Blanca. La coalición republicana que sostiene esta ofensiva es la misma que ha convertido la revisión del gasto federal en su bandera: menos subvenciones, más permisos y menos dinero público en manos de intermediarios.
El Partido Demócrata lo lee al revés. Los senadores Ed Markey, Chris Van Hollen y Sheldon Whitehouse, junto a la congresista Debbie Dingell, celebraron en agosto que los tribunales frenaran lo que describieron como un intento de incautar los fondos. La proyección pasa por el Supremo: si acepta el caso, la resolución podría llegar bien entrado 2027. Hasta entonces, los 20.000 millones seguirán quietos. Washington no tiene prisa.
Ficha del Caso
- El caso: La Administración Trump mantiene congelados 20.000 millones del fondo verde de la era Biden pese al fallo del D.C. Circuit y prepara su recurso ante el Tribunal Supremo.
- Datos clave: Votación 6-4 el 4 de agosto; pausa de pagos hasta el 9 de noviembre; 7.000 millones adjudicados a Climate United; 12.400 millones financiados por los bancos verdes en 2024-2025.
- Para España: El pulso pone a prueba la estabilidad regulatoria de EE. UU. que sostiene las inversiones de Iberdrola, Acciona o Repsol en energía limpia y marca el tono de la inversión climática transatlántica.
