La Xunta avala al Supremo y pide “sanear” el censo: 160.000 nacionalizados por la ley de nietos esperan votar antes del 29N.
El aval del conselleiro de Presidencia a la doctrina del Supremo
Lo dijo este martes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que presidió el Consello de la Xunta porque Alfonso Rueda se encuentra en Bruselas, donde participa en los actos del Comité Europeo de las Regiones. Preguntado por la resolución del alto tribunal, Calvo no se limitó a acatarla: reclamó depurar los listados y situó el marco de la discusión en la ley de nietos, la norma de memoria democrática que permite a los descendientes de exiliados optar a la nacionalidad española.
Su lectura de la resolución es literal. El Supremo “no impide votar a los residentes en el exterior que hayan demostrado que son descendientes de exiliados”, sostuvo. “Lo único que dice es que hay muchos casos en los que no es demostrable que se pueda aplicar esta ley”. Traducido: el problema no sería el derecho al sufragio, sino la acreditación de quién puede ejercerlo. Y la conclusión cabe en dos palabras: “conviene sanear” los listados antes de incorporar a los nacionalizados al censo.
El segundo argumento del conselleiro fue de índole política. Aseguró ver “nerviosismo” en el PSOE y sostuvo que ese nerviosismo “hace desconfiar a la persona más inocente de España de la verdadera intención del Gobierno”. Con esa frase, el PPdeG, el Partido Popular de Galicia que gobierna la comunidad con mayorías absolutas consecutivas desde 2009, traslada el foco del registro administrativo a la intención del Gobierno central que preside Pedro Sánchez.
Porque el reproche tiene recorrido. El partido ha construido durante décadas parte de su hegemonía viajando a América en busca del sufragio de los descendientes de emigrados. Los desplazamientos de Manuel Fraga y de Alberto Núñez Feijóo a Argentina, Uruguay, o Cuba forman parte de la memoria interna de la formación, y no siempre fueron gestos simbólicos: la mayoría absoluta de Galicia se ha jugado más de una vez en Buenos Aires.
El PPdeG lleva décadas reclamando en América el voto que ahora respalda depurar en el censo antes del 29N.
Calvo se anticipó a la paradoja y la desactivó con hemeroteca. Recordó que Feijóo, en su primer viaje a América Latina tras lograr su primera mayoría absoluta, en 2009, reivindicó “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto”. Diecisiete años después, la Xunta que preside Rueda avala que el Supremo deje fuera del censo a quien no pueda acreditar que desciende de un exiliado.
El peso del voto exterior y la fecha del 29N
La discusión no es un detalle administrativo menor en Galicia. Es la comunidad con más electores inscritos fuera de España, y provincias como Ourense y Pontevedra tienen un porcentaje de residentes ausentes que condiciona cualquier cálculo electoral. La supresión del voto rogado, el trámite por el que los emigrantes debían solicitar expresamente poder votar, engordó esa bolsa.
Conviene precisar quién puede hacer qué. El censo electoral no lo gestiona la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela: depende del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Oficina del Censo Electoral, adscrita a la Administración general del Estado. Galicia carece de competencia directa sobre los listados, así que el “saneamiento” que reclama el conselleiro es, en la práctica, una petición al Gobierno central. Eso sí, con el 29N en el calendario —la fecha límite que el PP invoca para cerrar esa incorporación—, cada declaración pesa.
El asunto llegará previsiblemente al Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 diputados en la que el PPdeG gobierna con mayoría absoluta y el BNG ejerce como primera fuerza de la oposición desde los comicios de 2024. El PSdeG, tercera fuerza de la cámara, comparte siglas con el Gobierno central al que el conselleiro dirige sus reproches.
El Laboratorio Gallego
Galicia encadena mayorías absolutas del PP desde 2009, primero con Feijóo y después con Rueda, y eso explica por qué lo que se decide en Santiago se lee siempre con atención en Madrid. El voto exterior ha sido una pieza de esa maquinaria: la comunidad es la que más depende del sufragio de la diáspora, un voto que tradicionalmente ha favorecido al partido. El PPdeG, que durante años reclamó en Buenos Aires y Montevideo la equiparación de derechos, avala ahora que el Supremo filtre quién entra en el censo.
La conexión nacional no es una hipótesis de analista: es la propia arquitectura del caso. Los argumentos los han hecho públicos dirigentes del PP más allá de Galicia, y el presidente estatal, Alberto Núñez Feijóo, es el mismo que en 2009 prometía en América la equiparación del derecho al voto. La dirección nacional presenta la polémica como una cuestión técnica de depuración censal; desde el PSOE se interpreta, según el propio Calvo al hablar de “nerviosismo”, como un intento de estrechar el cuerpo electoral antes de una cita decisiva. Las dos lecturas conviven y ninguna se puede demostrar con datos.
Queda por ver dónde se detiene el criterio del Supremo. Si la doctrina se consolida, alcanzará a todos los españoles nacionalizados al amparo de la ley de nietos, con especial incidencia en las comunidades de mayor tradición migratoria. La incógnita es si el asunto aterriza en el próximo Consello de la Xunta como propuesta formal o si la Xunta se limita a respaldar la resolución. Quien siga la política desde aquí sabe que estos debates rara vez son solo gallegos.
Ficha del Caso
- El caso: El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, respalda la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto de más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos y pide depurar el censo antes del 29N.
- Datos importantes: Más de 160.000 afectados; ley de nietos (memoria democrática); censo gestionado por el INE y la Oficina del Censo Electoral, no por la Xunta; Galicia es la comunidad con más electores residentes en el exterior.
- Resumen: El PPdeG avala el filtro del Supremo tras décadas de campañas en América por el voto emigrante, una polémica que conecta la política gallega con la estrategia nacional del PP.
