La ‘prioridad nacional’ pactada con Vox llega a las Corts mientras Bruselas avisa de su choque con el derecho europeo.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido con firmeza el principio que exigen sus socios de gobierno en vivienda y ayudas públicas, al tiempo que el PP ha aceptado en las Corts Valencianes —el parlamento unicameral valenciano, con 99 escaños— una enmienda de Vox para aplicarlo al reparto de recursos residenciales. La votación definitiva llega este miércoles, 14 de octubre.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP ha aceptado en las Corts una enmienda de Vox para asignar de forma prioritaria vivienda y recursos públicos a quienes mantengan un arraigo ‘real, duradero y verificable’ en la Comunitat Valenciana.
- ¿Quién está detrás? El Consell (el gobierno de la Generalitat) de Pérez Llorca, el pleno de las Corts y la Comisión Europea, que advierte de que la ‘prioridad nacional’ en ayudas públicas vulnera el derecho comunitario.
- ¿Qué impacto tiene? La votación definitiva será este miércoles, 14 de octubre, con PSPV y Compromís en contra y la jurisprudencia europea sobrevolando el resultado.
Qué han aprobado las Corts: el arraigo como puerta de entrada a la vivienda pública
El pleno de las Corts Valencianes ha convertido la ‘prioridad nacional’ en el eje de una sesión dedicada a vivienda e inmigración. El PP ha aceptado una enmienda de Vox, vinculada a una propuesta del grupo de José María Llanos, para procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana.
Compromís ha denunciado que ese requisito, que en su lectura se traduce en diez años de empadronamiento, es incompatible con el Derecho de la Unión Europea y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. A ese frente se suma la advertencia de la Comisión Europea sobre el choque de la ‘prioridad nacional’ en ayudas públicas con el derecho comunitario.
El síndic del PP —el portavoz parlamentario de cada grupo en las Corts—, Fernando Pastor, ha contrapuesto la labor de su formación a una oposición que, a su juicio, ‘no ha dado nunca un palo al agua en materia de vivienda’. El portavoz de Vox, José María Llanos, ha justificado la medida por la presión migratoria y el ‘colapso de los servicios públicos’.
Enfrente, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha censurado que el pacto entre PP y Vox fomenta la especulación y favorece a los fondos buitre. El de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que la ultraderecha ‘intenta nuevamente inocular odio’ en lugar de aportar soluciones eficaces al principal problema de la ciudadanía.
El arraigo deja de ser un criterio técnico de vivienda y se convierte en el campo de batalla donde se cruzan Valencia, Madrid y Bruselas.
El pacto tiene los votos. El texto, sin embargo, tendrá que sostenerse también fuera del hemiciclo.
La respuesta de Pérez Llorca y el aviso que llega de Bruselas
El jefe del Consell ha respondido con una comparación cotidiana. ‘Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, se dará cuenta de que siempre se establecen prioridades de aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados’, ha argumentado en Alicante, en un encuentro informativo posterior al sexto Foro Económico Español.
Para el president, la medida no genera ‘ningún problema’ y se aplica de forma generalizada en las administraciones, ‘sean del signo político que sean’. Sobre la polémica jurídica ha sido tajante: ‘Creo que se quiere intentar generar un debate que a veces, sinceramente, a mí me parece estéril’.
El jefe del Consell se ha reafirmado en el pacto de legislatura, al que atribuye estabilidad para la Comunitat, rebaja de la presión fiscal, y más vivienda protegida. ‘No me arrepiento de nada del pacto’, ha aseverado.
El aviso europeo, mientras, sigue sobre la mesa. La Comisión Europea ha advertido de que la ‘prioridad nacional’ en las ayudas públicas vulnera el derecho comunitario, y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE admite exigencias de vínculo real con el territorio siempre que sean proporcionadas y no discriminatorias.
El Escenario Valenciano
El pacto entre PP y Vox sale del pleno reforzado en lo formal y expuesto en lo jurídico. La enmienda permite a los populares exhibir gestión en el asunto que más crece en las encuestas y a Vox, convertir su marco migratorio en norma. La oposición ha encontrado en Bruselas el argumento que no tiene en los números: la legalidad europea.
La dimensión nacional es evidente. Bruselas convierte un criterio de reparto autonómico en un asunto de legalidad europea que afecta al PP en toda España, obligado a sostener sus pactos con Vox en comunidades y ayuntamientos sin abrir un frente con la Comisión. El asunto puede acabar en el Congreso y, si termina ante la justicia europea, en una cuestión prejudicial que dilata años la resolución. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ahí margen para reclamar ante Bruselas si considera que el texto invade competencias estatales.
El calendario manda. La votación definitiva llega este miércoles, 14 de octubre, y después quedará por concretar cuántos años de empadronamiento se exigen, qué recursos entran en el reparto y cómo lo interpretan los servicios jurídicos de la Generalitat. El pacto tiene por delante los presupuestos autonómicos, la próxima prueba de fuego.
Ficha del Caso
- El caso: El PP valenciano acepta una enmienda de Vox para priorizar el reparto de vivienda pública y recursos residenciales entre residentes con arraigo duradero, un criterio que Bruselas cuestiona.
- Datos importantes: Votación definitiva este miércoles, 14 de octubre, en las Corts. Compromís cifra en diez años el requisito de empadronamiento y la Comisión Europea advierte de un posible conflicto con el derecho comunitario.
- Resumen: La ‘prioridad nacional’ pasa del pacto de gobierno al ordenamiento jurídico con una advertencia europea encima de la mesa y con el PP nacional pendiente de las consecuencias.
