EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha anticipado este martes un ‘voto muy luchado’ en el Parlamento Europeo sobre la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, con la mayoría en el aire.
- ¿Quién está detrás? Comisión y Consejo empujan el tratado; la Eurocámara está dividida y el lobby agrícola europeo, con Francia al frente, presiona en contra.
- ¿Qué impacto tiene? El desenlace condiciona al sector agroalimentario español —cítricos, vacuno, vino y porcino— y la posición negociadora de Moncloa en Bruselas.
La Comisión Europea anticipa un ‘voto muy luchado’ en la Eurocámara para ratificar el acuerdo UE-Mercosur, con la mayoría todavía en el aire.
El tratado está en vigor de forma provisional desde el 1 de mayo. Su blindaje político, sin embargo se juega en el hemiciclo de Estrasburgo. Y no será pronto.
El Parlamento Europeo no votará la ratificación hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictamine si el texto se ajusta al Tratado de la Unión Europea, un pronunciamiento previsto para el otoño de 2027. Fuentes comunitarias lo confirmaron este martes en un encuentro con medios.
Por qué la ratificación no llegará antes del otoño de 2027
La explicación dibuja un escenario incómodo para Bruselas. La aplicación provisional ya está en marcha, pero el aval parlamentario queda en el aire al menos un año más. ‘No votará si ratifica el acuerdo hasta que la justicia comunitaria emita su opinión’, señalan las mismas fuentes, que añaden una advertencia: si el Parlamento rechaza el tratado, ‘crearía una situación en la que el Consejo y la Comisión deberían actuar’.
El precedente no invita al optimismo. La única vez que la Eurocámara votó en contra en un escenario similar, el acuerdo no siguió adelante. Eso sí, la aplicación provisional se mantendría incluso con un voto negativo. El pulso, por tanto, es de alto voltaje político más que un interruptor jurídico.
El campo español, entre el negocio y la amenaza
Bruselas sostiene que los primeros efectos beneficiosos ya se notan, aunque insiste en que serán graduales. La mayoría tardará entre 7 y 10 años en hacerse evidente. Los datos que maneja la Comisión apuntan a un incremento de las exportaciones europeas hacia el bloque sudamericano del 20% en algunos productos italianos y del 18% en vino y licores. No se ha detectado, añaden, ninguna desviación inusual que haya obligado a pausar importaciones ni una bajada de precios superior al 5%.
Bruselas ya vende las bondades del Mercosur, pero el blindaje definitivo del tratado sigue pendiente de un puñado de votos que nadie controla.
Para el campo español es otra cosa. El Mercosur, el mercado común integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, es a la vez socio comercial y competidor directo en cítricos, vacuno, azúcar y etanol. Las organizaciones agrarias llevan meses advirtiendo de que las cuotas de importación de carne y azúcar pueden tensionar los precios en origen. En el lado positivo, el vino, el aceite de oliva y la maquinaria española ganan acceso a un mercado de cientos de millones de consumidores.
El Eje del Poder Europeo
El pulso del Mercosur es, antes que nada, un mapa de los equilibrios internos de la UE. Francia encabeza el bloque de los reticentes, empujada por su potente lobby agrícola y por el temor a que el acuerdo dinamite la renta de sus ganaderos. La acompañan Austria, Irlanda y varios socios del este, sensibles al electorado rural. Enfrente, Alemania —con su industria exportadora— y buena parte de los países nórdicos defienden un tratado que consideran clave para diversificar suministros y reducir la dependencia de China.
España navega entre dos aguas. El Gobierno de Pedro Sánchez ve en el Mercosur una baza geopolítica: un contrapeso comercial en plena guerra de aranceles. Pero su sector agroalimentario —Andalucía, Extremadura y Murcia en cabeza— teme que las concesiones en carne y azúcar se paguen en en los mercados de origen. Moncloa empuja el texto sin exhibir entusiasmo.
El caso brasileño añade otra capa de incertidumbre. Las fuentes comunitarias restan importancia a un posible giro con Flávio Bolsonaro, que disputa la segunda vuelta de las presidenciales. Recuerdan que el Congreso brasileño ya ratificó el acuerdo con una mayoría amplia y que los efectos sobre Europa ‘no deberían existir’, siempre que el país mantenga sus compromisos en sostenibilidad y derechos laborales. Sobre Argentina, las mismas fuentes aseguran que cumple ‘muy bien’.
Lo que observamos es un patrón conocido en Bruselas: cuando el eje franco-alemán se divide, la pelota cae en el Parlamento Europeo y se mezcla con la política nacional de cada Estado miembro. Ocurrió con el Pacto Verde y con la reforma de la política agrícola común. Ahora vuelve a pasar con un acuerdo que lleva más de veinte años negociándose y que se decide, paradójicamente, en el último tramo.
Cabe recordar la única vez que la Eurocámara tumbó un acuerdo comercial ya firmado: el rechazo al ACTA en 2012, en plena resaca de las movilizaciones por internet. Aquel precedente sirve hoy de aviso. Ninguna mayoría está garantizada de antemano, y menos en un hemiciclo fragmentado donde los grupos negocian voto a voto.
El riesgo inmediato para España es doble: perder acceso preferente si el texto se descafeína y soportar una mayor competencia en los productos sensibles si sale adelante tal y como está. La próxima ventana crítica es la opinión del TJUE en el otoño de 2027, antesala del voto decisivo. El pleno de Estrasburgo será el campo de batalla. Y ahí cada escaño cuenta.
