EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El pleno del Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad reclamar al Estado refuerzo militar y policial en la vigilancia aeronaval de las islas.
- ¿Quién está detrás? La proposición no de ley parte del PP; la respaldan PSOE, Coalición Canaria, ASG y NC-BC. Vox vota en contra de los puntos sobre acogida y financiación.
- ¿Qué impacto tiene? La Cámara insta al Estado y a Bruselas a coordinar Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y Frontex contra las redes de tráfico.
El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad reclamar al Estado un refuerzo militar y policial para vigilar sus costas.
Seis medidas y un precedente: lo que la Cámara reclama al Gobierno central
La Cámara dio luz verde a una proposición no de ley —el instrumento con el que un parlamento autonómico insta al Gobierno central o a Bruselas a actuar, sin fuerza normativa propia— que pide potenciar los medios humanos, materiales y tecnológicos de vigilancia aeronaval. La iniciativa, impulsada por el PP canario, reclama la coordinación de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los medios militares y Frontex, la agencia europea de fronteras.
El texto se despliega en seis puntos: refuerzo aeronaval, cooperación con los países de origen y tránsito, mejora de la identificación, la atención humanitaria, la acogida y los traslados, agilidad en las resoluciones de retorno, financiación estatal suficiente y refuerzo de los dispositivos de acogida. Vox votó en contra de dos de los seis puntos, los referidos a los recursos económicos y a la capacidad de acogida.
Jacob Qadri, diputado del PP, defendió que Canarias «no sólo es frontera de España, sino también es la frontera sur de Europa», y sostuvo que protegerla corresponde al Estado y a Europa. «La respuesta no puede limitarse solo a actuar cuando un cayuco aparece frente a nuestras costas», añadió. La pregunta quedó en el aire: España ya organizó en 2006 una respuesta militar contundente, ¿por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no replica ahora ese despliegue?
Vox se desmarca y el PSOE exhibe una caída del 77%
Elena Máñez, del PSOE, defendió la acción del Ejecutivo central con datos. Las llegadas por la ruta atlántica han caído un 77% respecto a 2024: de 30.000 personas entre enero y septiembre de aquel año a 7.100 en el mismo tramo de este ejercicio. Son sus cifras. La diputada atribuyó el descenso a la cooperación con los países de origen, al trabajo de inteligencia contra las mafias y a la Alianza África Avanza.
Vox no acompañó ese tramo del acuerdo. Su diputada, Paula Jover, pidió la votación separada de los puntos cuarto y sexto y votó en contra. Consideró la iniciativa «más necesaria que nunca», pero «tibia y ambigua», y sostuvo que los canarios no quieren mejorar los dispositivos de acogida ni movilizar más recursos, sino escuchar «las palabras deportación, reemigración y repatriación».
Canarias no pide un favor: pide que España y Europa vigilen una frontera que ambas dicen defender y que hoy sostienen, casi en solitario, las islas.
Ramos Chinea, de ASG, subrayó que la iniciativa habla de «responsabilidades y competencias donde el Estado y Europa tienen un papel fundamental». Jana María González, de Coalición Canaria, celebró que se reclamen recursos para atender con dignidad a quienes llegan. Y Carmen Hernández, de NC-BC, mostró su sorpresa por coincidir en la votación con un PP que cierra alianzas con Vox en otras comunidades.
El Pulso Territorial
Fernando Clavijo preside un Gobierno autonómico de coalición entre Coalición Canaria y el PP, sostenido desde fuera por ASG y la Agrupación Herreña Independiente. La unanimidad tiene un límite: la PNL no obliga a nadie. El control de fronteras y la política de extranjería son competencias estatales y europeas, así que el acuerdo es, sobre todo, un mandato político dirigido al Gobierno de España y a Bruselas. Canarias comparte con Ceuta y Melilla la condición de frontera exterior de la Unión Europea, pero es el territorio del país que absorbe la ruta atlántica. El precedente que invoca el PP es el de 2006, cuando el Estado desplegó medios militares y europeos para frenar la crisis de los cayucos. El mapa habla por sí solo.
Lo que viene ahora no depende de Canarias. La PNL se traslada al Gobierno de España, que deberá decidir si recupera el formato de operación militar que pide la Cámara o mantiene la vía de cooperación con los países de origen que defiende el PSOE. El calendario añade presión: en la primavera de 2027 las islas vuelven a las urnas y la gestión migratoria será, otra vez, uno de los ejes de la campaña. El riesgo del consenso es quedarse en consenso: una unanimidad que reclama medidas que solo otro puede ejecutar.
Ficha Autonómica
- El caso: El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad una proposición del PP para reforzar la vigilancia aeronaval y recuperar la operación Noble Centinela, ejecutada en 2006.
- Datos importantes: Seis medidas; participación de Guardia Civil, Policía Nacional, medios militares y Frontex; caída del 77% en las llegadas respecto a 2024; Vox vota en contra de dos puntos.
- Resumen: La Cámara insta al Estado y a la UE a actuar contra las mafias y a financiar la acogida. La respuesta depende del Gobierno central y de Bruselas, con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte.
