La jueza del caso DANA cita a los alcaldes de cinco municipios de la zona cero a partir del 5 de noviembre. El juzgado de primera instancia e instrucción de Catarroja ha fijado, mediante una diligencia de ordenación dictada este miércoles, el calendario de las testificales municipales de la instrucción abierta por la gestión de la riada del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 fallecidos.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza del caso DANA (la depresión aislada en niveles altos que provocó las inundaciones de octubre de 2024) ha citado como testigos a los alcaldes de Catarroja, Benetússer, Alfafar, Massanassa y Albal, con fechas repartidas entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre.
- ¿Quién está detrás? El juzgado de Catarroja, que investiga la respuesta institucional a la riada, y el entorno de la exconsellera Salomé Pradas.
- ¿Qué impacto tiene? Los ayuntamientos de l’Horta Sud entran de lleno en una causa que también interroga al operativo de seguridad del expresident Carlos Mazón.
La instrucción baja al municipio: cinco alcaldes de la zona cero y cinco fechas
Las comparecencias se reparten entre noviembre y diciembre. La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, declarará el 5 de noviembre.
La ronda continúa el 2 de diciembre con Eva Sanz, de Benetússer, y Juan Ramón Adsuara, de Alfafar.
El calendario se cierra el 4 de diciembre con Francisco Comes, de Massanassa, y José Miguel Ferris, de Albal.
Todos comparecen en calidad de testigos, y no como investigados, según la diligencia del juzgado. La instrucción se sigue en Catarroja, uno de los municipios que la riada partió en dos, y trata de reconstruir la cadena de decisiones de aquella jornada: los avisos de la AEMET, la activación de la alerta a la población y el papel de cada administración. Los ayuntamientos de l’Horta Sud fueron el primer eslabón de esa cadena, el que atendió a los vecinos cuando todavía no había llegado nadie más.
Cinco ayuntamientos, cinco fechas y una pregunta incómoda para todas las administraciones: qué se hizo mientras el agua subía.
El 25 de noviembre, la comisaria de la Policía Adscrita y el exjefe de prensa de Pradas
La cita más relevante del calendario llega el 25 de noviembre. Declara Marisol Conde, comisaria jefa de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana, un cuerpo con dependencia compartida entre el Consell y el Ministerio del Interior. Conde era la responsable del operativo de seguridad del entonces president Carlos Mazón durante la jornada del 29 de octubre de 2024 y también se conectó a la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), el órgano que coordina la respuesta de emergencias de la Generalitat.
El mismo día está citado Héctor González, el periodista que fue jefe de prensa de Salomé Pradas, la consellera que tenía las competencias de emergencias cuando ocurrió la catástrofe. Su declaración apunta a una de las piezas más discutidas del caso: cómo se comunicó a la ciudadanía lo que estaba a punto de ocurrir.
El calendario incluye además dos bomberos forestales de Buñol, citados el 30 de noviembre, otra de las piezas del dispositivo que aquel día se desplegó por la provincia de Valencia.
El Escenario Valenciano
La causa avanza en plena legislatura del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca (PP) desde diciembre de 2025 con el apoyo de Vox, un pacto que sigue sosteniendo el ejecutivo autonómico sin sobresaltos visibles. Salomé Pradas pertenece a la etapa anterior, la del expresident Carlos Mazón, hoy diputado en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico de 99 escaños) tras su dimisión del 3 de noviembre de 2025. La oposición de PSPV y Compromís ha convertido la gestión de la riada en su principal ariete parlamentario, y cada nueva cita judicial reactiva el debate sobre quién decidió qué durante la emergencia.
La dimensión estatal del caso no es retórica. La Policía Nacional Adscrita a la Generalitat es una unidad integrada por agentes de la Policía Nacional que presta servicio al ejecutivo autonómico, de modo que la comparecencia de su comisaria jefa conecta la instrucción valenciana con el Ministerio del Interior. En paralelo, el Consorcio de Compensación de Seguros (consorseguros.es), el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, mantiene abiertos expedientes por la riada de 2024. Los precedentes tampoco invitan a la prisa: las inundaciones de Biescas de 1996 y las de Murcia de 2012 derivaron en instrucciones largas, con años de declaraciones y peritajes antes de cualquier conclusión.
El calendario judicial se extiende, de momento, hasta el 4 de diciembre de este año. Después llegarán los peritajes y las conclusiones, y con ellas la pregunta política de fondo: hasta dónde alcanza la responsabilidad de un Consell que entonces presidía Mazón y que hoy dirige Pérez Llorca. En las Corts, la oposición tiene margen para volver a preguntar por los avisos de aquel 29 de octubre en la próxima sesión de control, y en Madrid la causa se sigue como termómetro de un debate más amplio: el de cómo debe responder el Estado a la próxima catástrofe.
Ficha del Caso
- El caso: Instrucción judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, la catástrofe que dejó 233 fallecidos en la provincia de Valencia y que se sigue en el juzgado de Catarroja.
- Datos importantes: 25 de noviembre, comisaria Marisol Conde y exjefe de prensa Héctor González; 5 de noviembre, Catarroja; 2 de diciembre, Benetússer y Alfafar; 4 de diciembre, Massanassa y Albal; 30 de noviembre, dos bomberos forestales de Buñol.
- Resumen: La instrucción baja al municipio y coloca a los ayuntamientos de l’Horta Sud y a la cúpula policial ante la pregunta central de la causa: quién avisó y quién decidió en la cadena de emergencias.
