Los extranjeros regularizados en Cataluña ya suman más de 83.000 personas con un puesto de trabajo, según los datos que maneja la Generalitat. Es el equivalente a dar empleo a toda la población de Manresa. La otra cara de la misma estadística es menos lucida: otras 17.000 personas que han pasado por el proceso siguen inscritas en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) buscando un contrato.
El consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, puso la cifra sobre la mesa este miércoles durante el cierre de la jornada Migracions: una mirada global, una resposta de país, celebrada en el Museu d’Història de Catalunya. Su mensaje, repetido con distintos envases a lo largo de la tarde, se resume en una idea: la población migrante es pieza estructural de la economía catalana, no un actor de paso.
Los números que acompañan ese discurso son los que más interesan al Govern. De las 24.700 personas que han pasado por las oficinas del SOC, cerca de 7.000 ya han firmado un contrato. Quien tiene contrato, respira.
Por qué el Govern llama estructural a la inmigración y qué se esconde tras la etiqueta
Moreno recordó que los trabajadores de origen extranjero representan más de un cuarto de la población ocupada en Cataluña y que han cubierto buena parte del empleo creado en los últimos años. Su peso se concentra en la hostelería, la construcción, la industria alimentaria y, sobre todo, los cuidados.
‘Si no fuera por la población migrante, tendríamos dificultades para cuidar a nuestras personas mayores y a las personas con discapacidad’, reivindicó el titular de Derechos Sociales. En la misma línea se expresó la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor: ‘Las personas migrantes no solo llegan a Catalunya, también son Catalunya y contribuyen a construirla’.
El argumento demográfico es el otro pilar del discurso. Con una población envejecida y una natalidad que no compensa, el Govern sostiene que la incorporación laboral de los recién regularizados alivia la presión sobre los servicios sociales y sobre el sistema de cuidados. En total, 257.000 personas acabaron solicitando acogerse al proceso en Cataluña, una quinta parte de todas las solicitudes tramitadas en España.
La regularización ya no se discute en los despachos: se mide en contratos firmados, expedientes atascados y comisarías sin cita previa.
Sobre quienes cuestionan que el territorio pueda absorber a más población, el consejero respondió con una metáfora: el acceso a los recursos públicos no es ‘un pastel que se reparte y se agota’. El propio proceso, dijo, debe servir para redimensionar los servicios disponibles.
El cuello de botella no está en Barcelona: los permisos se atascan en Madrid
La celebración del consejero no fue unánime. Las entidades que han acompañado a los solicitantes han subido el tono contra el Gobierno central por los retrasos en la tramitación. Quim Clavaguera, responsable de la Comisión de Extranjería del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, aseguró en Catalunya Ràdio que entre un 15% y un 20% de quienes presentaron su solicitud todavía no han recibido ni la admisión a trámite, el primer paso para obtener el permiso de residencia y trabajo de un año.
A eso se suma el atasco de las Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE). La Associació Catalana de Professionals de l’Estrangeria (ACPE) y la entidad Papeles para Todos y Todas se han adherido a una manifestación convocada para el 30 de octubre contra los expedientes sin resolver y la falta de citas previas en comisarías. Las citas, sencillamente, no llegan.
La lectura política: quién cobra el éxito y quién paga el atasco
Aquí está la paradoja que el Govern no verbaliza. Las competencias sobre residencia y trabajo son estatales: la regularización la diseñó el Gobierno central y la ejecutan oficinas y comisarías que no dependen de la Generalitat. La inserción laboral, en cambio, se cocina en Cataluña, con el SOC como puerta de entrada y con sectores que llevaban años reclamando mano de obra. El resultado es cómodo para el Palau de la Generalitat: se puede reivindicar el éxito laboral sin asumir el desgaste del papeleo.
La otra cifra que conviene mirar es la ratio de solicitudes. Cataluña concentra en torno a una quinta parte de todas las peticiones presentadas en España, por encima de su peso poblacional en el conjunto del Estado. Eso se traduce en más presión sobre las oficinas de extranjería y más trabajo administrativo pendiente. Ahí está el nudo.
Hay un patrón que se repite y que ayuda a leer lo que viene: los procesos extraordinarios de regularización suelen acabar con cuellos de botella en la fase de renovación, cuando toca convertir un permiso temporal en una situación documental estable. El propio Moreno lo admite al situar la posregularización como uno de los retos inmediatos de su conselleria.
Esa segunda fase se centrará en la estabilidad de los documentos y en la renovación de permisos. De ella depende que las 83.000 incorporaciones laborales no se queden en un espejismo de doce meses. La mayoría de los casos pendientes se concentra en la admisión a trámite, el primer filtro administrativo.
Lo que observamos es un patrón conocido en la política catalana reciente: el Govern se apropia de los datos que le favorecen y deja en Moncloa la factura de los que no. En materia migratoria ese reparto tiene un coste muy concreto. El permiso caduca, la cita en comisaría no llega y el empleo que hoy se celebra puede quedar en suspenso por un sello.
El empresariado mira la cifra con interés y con prudencia. Las patronales llevan años señalando vacantes sin cubrir en cuidados, hostelería y logística, y cubrirlas con población regularizada resulta más rápido que formar o que importar trabajadores cualificados. Los datos de IDESCAT sobre envejecimiento apuntan en la misma dirección.
El próximo hito en el calendario es la manifestación del 30 de octubre, convocada por entidades de extranjería y despachos especializados. Si el volumen de expedientes atascados no baja antes de esa fecha, la protesta funcionará también como termómetro de la distancia entre el relato del éxito y la gestión real. El Govern seguirá vendiendo inserción laboral con el SOC como escaparate. Al Ministerio le tocará explicar por qué una de cada seis solicitudes catalanas sigue durmiendo en un registro. El calendario no espera.
