EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? 783 de los 1.135 aspirantes presentados al psicotécnico de la Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local de Canarias han sido declarados no aptos, el 68,99% del total. Una plataforma de afectados ha registrado cientos de escritos de recusación contra la directora técnica de la prueba.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, y el Tribunal Calificador. Frente a ellos, los aspirantes afectados, que firman los escritos a título individual.
- ¿Qué impacto tiene? Solo 352 aspirantes siguen en el proceso para 180 plazas repartidas entre 30 ayuntamientos. La recusación pide que la examinadora se aparte antes de la calificación provisional, con un plazo legal de resolución de tres días.
Un total de 783 de los 1.135 aspirantes a Policía Local de Canarias han quedado fuera tras suspender el psicotécnico. Detrás de la cifra hay una palabra: recusación.
Una criba del 69% en una prueba que elimina sin explicar
El examen se celebró el 19 de agosto en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, y La Palma. A las cinco sedes acudieron 1.135 aspirantes. Los resultados, publicados el 21 de septiembre, dejaron 783 no aptos y 352 aptos: apenas el 31,01% superó un test que la propia convocatoria define como obligatorio y eliminatorio. Ninguno de los suspendidos conoce los motivos concretos de su calificación.
La convocatoria corresponde a la tercera edición de un modelo unificado que arrancó en 2024: agrupa en un solo proceso 180 plazas de la Escala Básica (categoría C1) repartidas entre 30 ayuntamientos canarios. Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias del 30 de octubre de 2025 y fijan un marco estricto. Quien haya preparado aspirantes en los cinco años anteriores debe abstenerse; el personal asesor está sujeto a posible recusación con declaración responsable incluida. Ese es el terreno sobre el que se ha construido la ofensiva jurídica.
Cinco peticiones, tres días de plazo y un calendario sin margen
Los escritos entraron este miércoles por la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Son cientos y cada aspirante los firma a título personal. La figura que activan es la recusación: el mecanismo legal que permite apartar a un instructor o asesor cuando concurre una sospecha fundada de falta de imparcialidad. Se amparan en el artículo 24 de la Ley 40/2015. El objetivo es la psicóloga designada directora técnica por una resolución de 6 de agosto de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública. La acusan de una posible falta de imparcialidad que ella no ha confirmado ni desmentido.
Las peticiones son cinco y están encadenadas. Primero, que se dé traslado inmediato al Tribunal Calificador y que la recusada se pronuncie sobre las causas alegadas. Segundo, que se entregue la declaración responsable de ausencia de abstención o una certificación de que no existe. Tercero, que como medida provisional se aparte de toda intervención mientras se resuelve el incidente; subsidiariamente, que no firme el informe individualizado ni la calificación provisional. Cuarto, que se conserven el expediente y las grabaciones de las entrevistas. Quinto, que haya resolución expresa en el plazo legal de tres días. La sustitución no paralizaría el proceso.
Una prueba que elimina al 69% de los aspirantes exige, como mínimo, que quien la dirige no cargue con ninguna sombra sobre su imparcialidad.
El calendario es el verdadero campo de batalla. Las entrevistas de la prueba se celebran del 5 al 20 de octubre y la calificación provisional sigue pendiente. El propio Tribunal Calificador ha advertido de que el plazo de reclamaciones será único y preclusivo, es decir, que quien no reclame en tiempo y forma pierde el turno. Por eso los afectados exigen la medida cautelar antes de que termine la ronda de entrevistas. «No pedimos privilegios: pedimos que quien decide quién sigue en el proceso y quién queda eliminado no tenga ninguna sombra de duda sobre su imparcialidad», resume el colectivo.
El Pulso Territorial
En Canarias gobierna desde 2023 una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente de la Presidencia. El PSOE ejerce la oposición principal y las próximas elecciones autonómicas están fijadas para mayo de 2027. Ninguna de las formaciones ha salido a valorar públicamente la recusación. La prudencia es comprensible: el expediente es administrativo, pero toca a 1.135 personas y a 30 ayuntamientos repartidos por cinco islas. Un proceso mal cerrado se paga en las urnas locales.
Canarias comparte con Baleares una singularidad entre las comunidades que cubrimos: la prueba se reparte por islas, lo que multiplica la logística y el desgaste de quien se examina. Tras la criba quedan 352 aspirantes para 180 plazas, menos de dos candidatos por puesto. La pelota está en la Administración: tres días para resolver la recusación, el 20 de octubre como cierre de entrevistas y una calificación provisional sin fecha pública. Si la abstención se estima tarde, el daño ya estará hecho; si se desestima, la plataforma anticipa recursos contenciosos.
Ficha Autonómica
- El caso: La Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local de Canarias deja 783 aspirantes no aptos sobre 1.135 y desata cientos de recusaciones contra la directora técnica del psicotécnico.
- Datos importantes: 1.135 presentados, 783 no aptos (68,99%), 352 aptos (31,01%), 180 plazas en 30 ayuntamientos. Prueba el 19 de agosto, resultados el 21 de septiembre, entrevistas del 5 al 20 de octubre y plazo legal de tres días para resolver la recusación.
- Resumen: Pendientes la resolución de la recusación y la calificación provisional. El Tribunal considera el plazo de reclamaciones único y preclusivo, y los afectados piden que no empiece a correr hasta que las notas se motiven individualmente.
