Patriotas por Europa acusa en el Parlamento Europeo a Bruselas de ser ‘la verdadera amenaza para el Estado de derecho’ en la UE. La denuncia la formuló durante la conferencia titulada ‘Declive del Estado de derecho en la UE’, organizada por Fidesz y celebrada este miércoles en la sede de la Eurocámara.
Al encuentro acudieron eurodiputados de las distintas delegaciones, investigadores y represetantes de centros de pensamiento europeos y estadounidenses. La delegación de Vox en la Eurocámara se integra en Patriotas por Europa, el grupo que reúne a Fidesz, Alternativa para Alemania (AfD), Reagrupamiento Nacional y otras formaciones críticas con la deriva centralizadora de la Unión.
Qué denuncia Patriotas por Europa y con qué argumentos
El diagnóstico que el grupo ha trasladado a la Cámara es de fondo. Sostiene que Bruselas aplica las normas de forma selectiva, invade competencias que corresponden a los Estados miembros y utiliza mecanismos financieros y jurídicos para presionar a gobiernos y fuerzas políticas que se apartan del consenso comunitario. La acusación no es nueva, pero ahora se ha situado en el corazón institucional de la Unión.
La eurodiputada polaca Anna Bryłka denunció una progresiva centralización política y acusó a la Comisión de interferir en ámbitos reservados a los Estados, la Justicia entre ellos. Citó dos casos: la anulación de las elecciones presidenciales rumanas de diciembre de 2024 y el uso de la financiación comunitaria como palanca de presión sobre gobiernos díscolos. A eso sumó una pregunta que quedó sin respuesta en la sala: quién controla a unas instituciones que se arrogan la evaluación permanente del Estado de derecho en los países miembros.
El húngaro Tamás Deutsch, jefe de la delegación de Fidesz en el grupo, recordó su arresto durante el régimen comunista y aseguró que no se dejará intimidar por unas instituciones a las que describió como herederas, en espíritu, de formas autoritarias de poder. Su formación denunció que la maquinaria europea habría colaborado políticamente contra el anterior Gobierno de Hungría mediante la retención de fondos, disputas energéticas y políticas de censura en Internet.
Por su parte, el alemán René Aust, de Alternativa para Alemania, describió el clima europeo como una ‘democracia inversa’: a su juicio, cada vez resulta más difícil expresar determinadas opiniones, sobre todo en inmigración, mientras los gobiernos usan dinero de los contribuyentes para financiar estructuras que influyen ideológicamente en los ciudadanos. El esloveno Branko Grims añadió que esas mismas instituciones emplean ONG para combatir políticamente a la derecha.
La acusación no apunta a un Gobierno concreto: apunta al diseño institucional que el grupo considera sesgado contra los partidos críticos.
Las conclusiones de la jornada fueron dos: reforzar la soberanía nacional frente al poder supranacional de Bruselas y exigir más transparencia en el funcionamiento de las instituciones europeas, en la selección de los jueces comunitarios y en la financiación de las organizaciones no gubernamentales. En ese punto, la sala era unánime.
Qué recorrido institucional tiene la denuncia
Una conferencia en la sede del Parlamento Europeo no altera por sí sola el reglamento de la Unión, pero fija posición en el terreno donde se libra la batalla. La evaluación del Estado de derecho corresponde a la Comisión Europea, que la canaliza mediante informes anuales y el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el mecanismo que permite suspender derechos de un Estado miembro por vulneración grave y persistente. De Bruselas depende también la ejecución de los fondos, la palanca que el grupo señala como principal instrumento de presión.
El problema para Patriotas por Europa es aritmético: los grupos que sostienen la línea mayoritaria en la Cámara, con el Partido Popular Europeo a la cabeza, no comparten ese diagnóstico. Al cierre de esta información no constaban pronunciamientos oficiales de la Comisión Europea ni del Gobierno español sobre las acusaciones formuladas en la conferencia. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio subrayan que el grupo carece de mayoría para traducir la denuncia en resoluciones con efecto.
La lectura estratégica: soberanía nacional y pulso con el PP
El movimiento encaja en la estrategia que Vox mantiene desde hace dos años: trasladar a Bruselas las batallas que libra en Madrid y presentar a las instituciones comunitarias como el origen de decisiones que después se ejecutan en España. Es el hilo que atraviesa su ofensiva contra el Pacto Verde, su rechazo al Pacto de Migración y Asilo y su defensa de la soberanía nacional frente a lo que el partido describe como centralización.
En paralelo se dibuja el pulso con el PP. El Partido Popular Europeo ha venido respaldando el mecanismo de condicionalidad de fondos que Vox cuestiona, de modo que la denuncia de este miércoles opera también como marca de perfil propio por la derecha. La contradicción del adversario es visible: el mismo marco jurídico que el PPE presenta como garantía del Estado de derecho es, para los patriotas, la herramienta con la que se disciplina a los gobiernos díscolos.
La incógnita es si el grupo logrará trasladar su tesis a la agenda de la Comisión o si quedará en una denuncia sin mayoría. Lo que sí ha conseguido es instalar el marco: cuando Bruselas vuelva a examinar el respeto al Estado de derecho de un socio, la acusación de doble rasero estará sobre la mesa. Y Vox no piensa dejar de repetirla.
