Un estudio vecinal sitúa la contaminación de Stellantis en Vigo por encima de los límites de la OMS.
Picos de partículas por encima de los parámetros de la OMS junto a Balaídos
La Asociación Vecinal Unión de Matamá y Ecologistas en Acción presentaron este martes en el registro de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) un estudio sobre la calidad del aire en el entorno de la planta de Stellantis en Vigo. El documento concluye que las emisiones de las naves de pintura y lacado exceden los límites que marca la Organización Mundial de la Salud y que esas emisiones estarían teniendo afecciones en la salud de los residentes.
Xaquín Pastoriza, coordinador de Ecologistas en Acción-Rías Baixas, explicó ante los medios que el informe recoge picos muy altos de partículas en suspensión de distintos tamaños y que, en algunos casos, rebasan con creces las recomendaciones sanitarias internacionales. Por su parte, el presidente de la entidad vecinal, Sergio Alonso, describió el ambiente en el entorno de la factoría como nauseabundo y recordó que los vecinos llevan años denunciando una situación que golpea, sobre todo, a una treintena de viviendas.
La respuesta de la compañía llegó con matices. Fuentes de Stellantis Vigo aseguraron que la factoría cumple rigurosamente con la legislación ambiental aplicable, en coherencia con lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada, el permiso que otorga la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta y que se actualizó en 2025. La empresa no entra a valorar el contenido del estudio vecinal.
La versión industrial: la planta se escuda en su autorización ambiental
Conviene poner el caso en su escala. Stellantis Vigo opera en el polígono de Balaídos desde 1958, cuando arrancó como fábrica de Citroën, y es hoy el mayor empleador privado del área de Vigo y una de las plantas de automoción más grandes de España. Cualquier debate sobre sus emisiones arrastra, de inmediato, el temor a la deslocalización y a la pérdida de miles de puestos de trabajo. Ese es el muro. Y explica por qué la denuncia vecinal tarda años en abrirse paso.
La autorización ambiental marca el límite legal, pero no responde a la pregunta que hacen los vecinos: si ese límite protege de verdad su salud.
El nudo del asunto no es tanto si la planta cumple la norma como si la norma es suficiente. El estudio mide la calidad del aire en las inmediaciones y la compara con las recomendaciones de la OMS, más exigentes que la legislación vigente en varios puntos. Ahí está la contradicción: una instalación puede estar en regla sobre el papel y convivir, al mismo tiempo, con quejas sanitarias sostenidas durante años. Galicia no es la única comunidad que arrastra este desajuste, pero sí uno de los territorios donde el pulso entre industria y salud se libra con más crudeza.
El Laboratorio Gallego
En clave política gallega, el caso toca de lleno al PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación que gobierna la comunidad con mayorías absolutas consecutivas desde 2009), porque es la Xunta quien firma y renueva las autorizaciones ambientales que la industria esgrime como escudo. El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, principal fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) tienen aquí un terreno clásico de confrontación: la vigilancia ambiental frente al empleo industrial. Aquí nadie gana limpio.
La lectura nacional es evidente. Stellantis es uno de los grandes pilares exportadores del automóvil español, y lo que se decida sobre sus emisiones en Vigo marca un precedente para otros polos industriales del país. La Xunta gestiona un dilema que el conjunto de España comparte: cómo endurecer los controles ambientales sin poner en riesgo un tejido productivo del que dependen comarcas enteras. El listón lo fija Galicia.
Queda por ver el recorrido del documento. Las asociaciones han depositado el estudio en el registro de la Xunta, lo que abre la puerta a que la Consellería de Medio Ambiente tenga que pronunciarse y a que el asunto salte, previsiblemente, al Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 diputados). La pregunta de fondo seguirá siendo la misma en los próximos meses: si la Autorización Ambiental Integrada se revisa a fondo o si la denuncia vecinal se queda, otra vez, en los pasillos.
Ficha del Caso
- El caso: La Asociación Vecinal Unión de Matamá y Ecologistas en Acción presentan en el registro de la Xunta un estudio sobre la calidad del aire junto a la factoría de Stellantis en Balaídos. El informe concluye que las emisiones de las naves de pintura superan los límites de la OMS.
- Datos importantes: El estudio apunta a una treintena de viviendas afectadas. La Autorización Ambiental Integrada de la planta se actualizó en 2025. Stellantis opera en Balaídos desde 1958.
- Resumen: El caso reabre el pulso entre empleo industrial y salud en uno de los mayores polos del automóvil español. La Xunta firma la autorización que la empresa esgrime, y el Parlamento de Galicia puede ser el próximo escenario.
